Una nueva ofensiva legal lanzó Primus Capital, el segundo factoring no bancario más relevante de la plaza, envuelto en un caso de cheques falsos y acciones judiciales cruzadas con su exgerente general y con su exdirector comercial, Francisco Coeymans e Ignacio Amenabar, respectivamente.

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El pasado jueves cinco de octubre, ante el 27° Juzgado Civil de Santiago, la compañía controlada por el empresario vitivinícola y financiero Raimundo Valenzuela, presentó una medida prejudicial en contra de Deloitte. En la presentación, el factoring solicitó al tribunal ordenar a la auditora exhibir una serie de documentos, los cuales servirían de base para formular una futura demanda de indemnización de perjuicios.

A raíz del caso de “cheques falsos”, Primus Capital puso término a su relación comercial con Deloitte, cuestionando su desempeño profesional en la auditoría de la empresa durante los últimos años en que se llevó a cabo el esquema defraudatorio con millonarios traspasos a un grupo de empresarios. Entre ellos figuran el dueño del Club Palominos, Pablo Ormeño; Marcelo Rivadeneira, de Mr. Food, y Rodrigo Mardones, director médico de Clínica Las Condes (CLC), entre otros. Además, del penalista Antonio Guzmán, defensor del cantante urbano Pailita, y el abogado ligado al fútbol profesional, Gonzalo Diéguez.

Según explicó Primus a Pulso, “la solicitud de exhibición de los papeles de trabajo de las auditorías llevadas a cabo por Deloitte resultan necesarias para poder confirmar la convicción que tienen los accionistas solicitantes de dicha medida, de que Deloitte incurrió en graves deficiencias en el trabajo que le fue confiado, y que claramente la realización defectuosa y la falta o insuficiente aplicación de las normas de auditoría durante los últimos años, permitieron y dieron tierra fértil a que se instalara dentro de Primus un esquema defraudatorio que es de conocimiento público”.

“El acceso a los papeles de trabajo de auditoría facilitará a los accionistas iniciar las acciones judiciales correspondientes, con un análisis preciso y conclusivo respecto de los graves incumplimientos de Deloitte incurridos en la prestación de los servicios contratados, los cuales contravinieron las bases sus propios estándares, las normas de auditorías, y la normativa de la CMF bajo la cual están reguladas”, agregó.

La acción del factorig es patrocinada por José Luis Honorato, abogado socio del estudio Honorato Delaveau. Se trata de un especialista en controversias corporativas y con amplia trayectoria en materias de arbitrajes y litigios. Honorato, junto a su socio Sebastián Delpiano, forman parte de un grupo de abogados que están ligados al denominado caso Sewell. Ambos están a cargo de la defensa de la administradora de fondos.

Desde Deloitte indicaron que “hasta la fecha no han sido notificados de medida prejudicial alguna. No obstante señalaron que las auditorías de los estados financieros se realizaron a partir de información que proporcionó Primus, empresa que vulneró su deber de entregar información fidedigna, tal como estipula la carta de contratación. Así como lo ha señalado el propio Primus, cabe mencionar que el caso se trata de un fraude gestado al interior de la compañia por quienes tienen la calidad de dueños”.

El pasado 10 de agosto, el socio director regional de Chile de Deloitte, Christian Durán, informó a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que “nos vemos en la obligación de retirar los informes de auditoría emitidos como auditores independientes de los Estados financieros consolidados de Primus Capital S.A. por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 2021, respectivamente. Lo anterior debido a que, como es de público conocimiento, con posterioridad a la emisión de nuestra opinión sobre los estados financieros preparados por la Sociedad, fuimos informados del descubrimiento de un esquema de defraudación que determina la necesidad de modificar dichos estados financieros, sin que hasta la fecha haya sido posible para Deloitte obtener suficiente evidencia para concluir la auditoria que nos permitiera reemitir nuestra opinión sobre los estados financieros”.

Posteriormente, el mismo ejecutivo envió un nuevo hecho esencial el 8 de septiembre en el que señaló: “Estamos informando a los usuarios de los estados financieros auditados de Primus Capital S.A. y filiales por los años terminados el 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, respectivamente, que no deben seguir confiando en nuestros informes de auditoría de cada uno de los años antes señalados”.

El origen del caso se remonta al 30 de marzo de 2023, cuando en sesión extraordinaria, la administración de la compañía dio a conocer al directorio un informe del área de auditoría interna en el que se exponen algunos hallazgos que dan cuenta de ciertas operaciones de factoring que estarían respaldadas con cheques bancarios que eventualmente podrían no ser documentos genuinos, tratándose de posibles falsificaciones. El valor total de esos documentos ascendía a $5.600 millones.

El 5 de abril, por medio de un nuevo hecho esencial, Primus Capital complementó la información anunciada y comunicó al mercado que a raíz del caso la compañía debía efectuar provisiones de créditos, las cuales totalizaron $25.000 millones. Luego, el 27 de abril, el factoring volvió a entregar detalles sobre la crisis, señalando que un día previo a la celebración de la sesión extraordinaria de directorio, Juan Eduardo Coeymans Avaria, había renunciado a la mesa. Además, detalló que el 17 de abril Francisco Coeymans e Ignacio Amenábar se desvincularon de la compañía.

Asimismo, comunicó la contratación de KPMG para la realización de una auditoría forense y la contratación de asesores legales externos, liderados por Pedro Pablo Gutiérrez y Francisco Velozo, en materias corporativas y penales, respectivamente.

Posteriormente, a finales de mayo, la junta extraordinaria de accionistas de Primus acordó aprobar un aumento de capital por $20.000 millones.

El 2 de junio, también por medio de un hecho esencial, el vicepresidente ejecutivo de Primus Capital informó al mercado que “Deloitte aún no ha dictaminado sobre los nuevos estados financieros que deberán remitirse a la CMF, los cuales espera puedan emitirse durante el presente mes de junio”.

El 19 de junio, el ejecutivo informó que “a esta fecha Deloitte aún no ha dictaminado sobre los nuevos estados financieros, al 31 de diciembre de 2022, que deberán remitirse” a la CMF. Por lo mismo, anunció la convocatoria a una Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse el 9 de agosto para que “se pronuncie sobre la ratificación y continuidad de Deloitte en el actual proceso de auditoría, o bien sobre la posibilidad de prescindir de sus servicios y la contratación de un nuevo auditor que permita contar prontamente con estados financieros definitivos”.

Finalmente, el 9 de agosto, la sociedad acordó prescindir de los servicios de Deloitte como empresa de auditoría externa y designó en su reemplazo a RSM Chile Auditores y Consultores para auditar los estados financieros de la sociedad al 31 de diciembre de 2022, así como los correspondientes al 31 de diciembre de 2023.

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