Proyecto antievasión sortea primera valla: Comisión de Hacienda del Senado lo aprueba luego de más de 40 audiencias y un protocolo de acuerdo

Después de tres meses y más de 40 audiencias, la Comisión de Hacienda del Senado aprobó en general el proyecto de ley que busca reducir la evasión, elusión e informalidad. Pero antes de que esto ocurriera, el gobierno y los legisladores firmaron un protocolo de acuerdo en el cual se comprometen a trabajar en una mesa técnica en una serie de materias. A ello se sumó como condicionante que el Ejecutivo ingrese un veto para reponer la multa por voto obligatorio tanto para extranjeros como nacionales.

La aprobación fue por la unanimidad de los cinco integrantes de la comisión de Hacienda: Ricardo Lagos Weber (PPD); José Miguel Insulza (PS); Juan Antonio Coloma (UDI), José García Ruminot (RN) y Felipe Kast (Evópoli).

Así, antes de comenzar la votación, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, leyó el contenido del protocolo de acuerdo. El documento se divide en cuatro ejes: principios; materias en las que existen acuerdos básicos para avanzar y sustentar idea de legislar; materias en las que se requiere una revisión en mayor profundidad; e implicancias para las finanzas públicas.

En el detalle del protocolo, en el primer eje, sobre principios, se destaca el “establecer un marco jurídico con reglas claras, simples y justas para todos los contribuyentes, que promueva el cumplimiento tributario en el marco de los principios de juridicidad y legalidad”.

También se establece “el garantizar que las obligaciones tributarias, determinadas claramente por la ley, sean percibidas como justas y proporcionadas por la ciudadanía, en el marco de un sistema tributario que sea simple, fácil de comprender y con instituciones sólidas que la administren”.

Otro punto que se destaca es el “enfrentar la elusión como una forma particular de distorsiones en la equidad horizontal y vertical del sistema tributario. Los mecanismos para luchar contra la elusión deben resguardar las garantías de juridicidad, legalidad, debido proceso, objetividad, entre otras, lo que deberá verse garantizado por la estructura orgánica del SII, que es parte sustantiva de las presentes bases de acuerdo”.

En el segundo eje, sobre “materias en las que existen acuerdos básicos para avanzar y sustentar idea de legislar”, el acuerdo establece medidas como el “implementación de normas de cooperación eficaz; modernización de los tipos penales tributarios (materia a ser revisada por penalistas expertos); medidas contra la informalidad; perfeccionar algunas reglas del IVA destinadas a combatir la evasión e informalidad”.

Otro punto es revisar y modificar la gobernanza del Servicio de Impuestos Internos (SII). Entre los temas a trabajar está el “fortalecer su carácter de organismo técnico, con estructuras y procesos que fortalezcan su independencia del gobierno de turno y de los intereses particulares, tanto en su dirección como subdirecciones”.

Junto a ello se establecerán “plazos máximos de permanencia en los cargos de decisión”. Otro punto es el “uso efectivo de los convenios de desempeño como instrumento para fijar metas de gestión a las autoridades y evaluar su cumplimiento”.

También se acordó establecer una entidad colegiada externa que emita opinión sobre las estrategias de fiscalización del SII, evalúe su implementación y revise, con carácter vinculante, la juridicidad de las circulares de aplicación general que prepare el Servicio en el ejercicio de sus facultades interpretativas. El nombramiento de los integrantes de dicha entidad deberá garantizar su capacidad técnica e independencia.

Otro punto destaca que “se despersonalizará las decisiones de mayor relevancia institucional” y se incorporará mayores estándares de rendición de cuentas a la ciudadanía.

En ese eje se menciona que “se trabajará en el fortalecimiento del rol central que deben cumplir el Servicio Nacional de Aduanas y la Tesorería General de la República, a través de las materias de revisión inmediata que contempla este proyecto de ley, tomando nota de otras que deben ser analizadas con mayor profundidad y con más tiempo”.

El tercer punto que trata materias en las que se requiere una revisión en mayor profundidad, el texto sostiene que se revisará la figura del denunciante anónimo en un contexto exclusivo de delitos tributarios y asociados a crimen organizado y se avanzará en materia de secreto bancario a través de un procedimiento judicial más expedito que el vigente, focalizado especialmente en casos de delitos tributarios y crimen organizado.

En este eje se suscriben los mayores cambios que podría tener el proyecto original. En el documento se establece que “las materias que impliquen cambios a normas sustantivas, nuevos hechos gravados, cambios de base y modificaciones a leyes impositivas se discutirán por separado, en una mesa técnica con un plazo de dos semanas a contar de la votación en general del proyecto”.

Así, “este trabajo permitirá distinguir entre propuestas que se eliminarán del proyecto; propuestas que se trasladarán a otro proyecto; propuestas que se reformularán en base al trabajo de la mesa técnica, y propuestas que se resuelven en votación en la discusión en particular. Las recomendaciones de la mesa técnica serán entregadas a la Comisión para completar la discusión en particular del proyecto, a fin de que éste pueda ser despachado dentro de los plazos acordados con la Mesa del Senado para los proyectos del Pacto Fiscal”.

Respecto a los cambios a la normativa antielusión general, el protocolo menciona que “existen diferencias respecto de la propuesta actual, las cuales también serán discutidas en la mesa técnica, teniendo en consideración los cambios que se acuerden en la revisión de la orgánica del SII”.

Entre los temas que se revisarán en esta instancia se encuentran “la fórmula en que se computa la prescripción de las acciones de fiscalización del SII, y la prevalencia de las normas especiales anti-elusión en relación a la Norma General Antielusión”.

Y para el cuarto eje: implicancias para las Finanzas Públicas, el texto destaca que se actualizará la estimación de la mayor recaudación que se alcanzará en régimen y en la transición intermedia; precisar el destino prioritario de los recursos, incluyendo financiamiento de la pensión Garantizada Universal, inversión en seguridad ciudadana, incluyendo el apoyo socioemocional a la niños, niñas y adolescentes con foco en la prevención del delito a través de iniciativas en los establecimientos educacionales.