Puerto Coronel, el mayor terminal marítimo de la Región del Bíobío que es propiedad de los grupos Angelini (50%), Von Appen (25%) y Belfi (25%), enfrenta una trama judicial de posible corrupción que partió en noviembre y que ayer tuvo un nuevo capítulo relevante.

El juez suplente del Juzgado de Garantía de Coronel, Daniel Ortiz, acogió a trámite una querella presentada el 18 de marzo por la propia empresa en contra de su fundador y expresidente del directorio, Eduardo Hartwig Iturriaga, de su exgerente general Javier Anwandter Hammersley, de dos proveedores: los transportistas Víctor Olivares Matamala y Hernán Romero Sáez, este último hermano del diputado independiente de la bancada republicana Leonidas Romero, y de todos los que resulten responsables por los delitos de falsificación y uso malicioso de instrumento privado mercantil falso, apropiación indebida y administración desleal.

Esta tormenta legal había partido el pasado 21 de noviembre de 2023, cuando la Fiscalía Regional de Biobío recibió una denuncia por eventuales delitos de cohecho en la empresa Puerto Coronel. La denuncia la hacía su actual gerente general, Patricio Román, quien había asumido sólo 20 días antes. Román apuntaba como autor a su jefe, Hartwig Iturriaga, quien, según la denuncia, habría pagado supuestos sobornos al alcalde de la ciudad de Coronel, el socialista Boris Chamorro, al concejal Eduardo Araya y a dirigentes sindicales del puerto mediante un esquema con facturas ideológicamente falsas.

A fines de noviembre, Hartwig renunció al directorio a solicitud de la mesa y luego a sus cargos de director en los gremios forestal y portuario, la Corporación de la Madera (Corma) y la Cámara Marítimo Portuaria (Camport). Pero la fiscalía había declarado secreta la investigación, por lo que aún no saltaba la información públicamente. Sin embargo, el 10 de enero, la noticia explotó cuando efectivos de la PDI allanaron la casa y la oficina municipal del alcalde Chamorro, y las dependencias de la empresa de transporte Delsava, de Romero Sáez.

Ya han pasado dos meses de ese hecho y tras un trabajo investigativo de la propia empresa y sus abogados, los penalistas Salvador Vial y Christophe Giroux afinaron una querella que finalmente hicieron efectiva esta semana. Paralelamente, la firma encargó una auditoría forense a la consultora Deloitte, que aún no está lista.

En la querella, Puerto Coronel acusa directamente a Hartwig de armar un esquema defraudatorio en contra de la empresa que él mismo fundó en 1996 y que en 2003 vendió a sus actuales propietarios, quienes lo ratificaron como presidente de la mesa hasta que estalló el escándalo.

En la querella, el actual gerente señala que fue su antecesora, la gerenta general interina saliente, Michelle Prater, quien le comentó que había conocido de “ciertas prácticas irregulares” dentro de la empresa, que luego fueron ratificadas por el gerente de Administración y Finanzas, Daniel Chamorro, y luego admitidas por Hartwig Iturriaga y por Anwandter Hammersley, quien seguía vinculado a la empresa como asesor.

“Se trataría de conductas que buscaban extraer liquidez de Puerto Coronel de manera indebida, cuyos autores principales serían Eduardo Hartwig y Javier Anwandter, todo ello sin autorización alguna ni conocimiento de los demás miembros del directorio (...) Los fondos obtenidos (...) se habrían destinado a distintos propósitos, incluyendo pagos a funcionarios públicos y dirigentes sindicales, como también el enriquecimiento ilícito del entonces presidente Hartwig”, resume la acción legal.

Tras conocer la querella, el abogado de Hartwig, Alejandro Espinoza, sostuvo que su representado “se encuentra cooperando ampliamente con la investigación del Ministerio Público, prestando declaración y entregando voluntariamente todos los antecedentes relevantes, incluido su computador y equipos electrónicos, siendo de su mayor interés la aclaración completa y total de los hechos que han sido objeto de denuncia”. Añadió que esperan “confiados” el resultado de las indagatorias y llamó a no sacar conclusiones antes de que ellas concluyan.

De acuerdo a la acción judicial, el modus operandi del esquema consistía en que Hartwig y/o Anwandter “organizaban, coordinaban e instruían la emisión y el pago de facturas por servicios no prestados (en parte o en su totalidad), generadas por sociedades relacionadas a los imputados Olivares y Romero, como también el pago por montos improcedentes a favor del expresidente”.

El dinero que recibía Hartwig directamente era para su beneficio económico, según el documento, y los fondos obtenidos de las facturas falsas de las empresas de Olivares y Romero, iban a fines que Hartwig y Anwandter definían, entre ellos, supuestos pagos a dirigentes sindicales, a la municipalidad o a funcionarios edilicios.

El primer ejemplo del esquema que da la querella es con Olivares y parte resumiéndolo así: “La forma de perjudicar a la compañía en este caso consistía en que, por instrucciones de Eduardo Hartwig, se efectuaban egresos a favor de Víctor Domingo Olivares Matamala Transporte EIRL (“Transolv”), sin que hubiese una provisión de bienes o servicios que justificara los flujos”. Con Olivares, Hartwig tenía una relación cercana, dado que había sido gerente de servicios y mantención hasta 2018 en la propia Puerto Coronel y luego había continuado prestando asesoría a la empresa y ofreciendo sus servicios de transporte.

Respecto a Hernán Romero, la querella da cuenta que se trataba del principal proveedor de Puerto Coronel, por servicios de arriendo de maquinaria especializada, buses para traslado de personal, bodegas, camiones para el transporte de contenedores, y actuaba a través de varias firmas, donde las principales eran Comercial Delsava y Compañía Limitada, Sociedad de Transportes Génesis Ltda. y Servicios Caryher Ltda. “Las defraudaciones a Puerto Coronel se perpetraron mediante la emisión de facturas que incluían prestaciones improcedentes por parte de Caryher, de un modo similar a la situación de Olivares”, explica la querella.

Pero existían dos cosas que no eran similares respecto al modus operandi con Olivares. Uno, “estas facturas aparentemente no contemplaban un porcentaje de utilidad para Hernán Romero, como sí existía para Víctor Olivares. Sin embargo, (...) sí se consideraba un incremento del monto, correspondiente al impuesto que se generaría contra Romero o su sociedad por la emisión de estos instrumentos”. Y dos, “los fondos defraudados no eran directamente gestionados por Hernán Romero, como sí ocurría con Víctor Olivares —siempre bajo la instrucción de Eduardo Hartwig—, sino que aquel conservaba y resguardaba el dinero hasta que Hartwig o Anwandter lo requerían para distintos fines. En ese momento, la necesidad de liquidez era comunicada a Romero, quien hacía llegar el dinero en efectivo normalmente al gerente de Administración y Finanzas, Daniel Chamorro, para que este lo mantuviese en custodia y fuese disponiendo del mismo conforme a las instrucciones de Hartwig o Anwandter”.

Algunas de las historias interesantes de la acción judicial hablan de que en la caja fuerte asignada a la gerencia general, quien ocupa actualmente ese cargo, Patricio Román, encontró dos papeles sospechosos: un pequeño papel manuscrito -firmado con las siglas AC- con fecha 9 de septiembre de 2020 con una lista de nombres y apelativos junto a montos de dinero y otra hoja de papel más formal de cinco días después con un listado similar de nombres y apellidos -firmado por Álvaro Fernández, exgerente de Operaciones Terrestres- que coinciden con los de los dirigentes de los sindicatos de la empresa. “Todo indica que estos documentos corresponderían a compromisos alcanzados en septiembre de 2020, a objeto de efectuar pagos hacia adelante a favor de dirigentes sindicales, lo que resulta más o menos coetáneo con las facturas emitidas por Caryher a partir de noviembre de 2020, destinadas —como hemos indicado— a generar fondos extra”, acusa la querella.

“No está demás hacer presente que lo relativo a pagos de este tipo me fue ratificado por el querellado Anwandter, quien manifestó —con un tono que reflejaba de su parte una sorprendente naturalidad hacia los hechos— que, una vez que recibía el dinero en efectivo, lo llevaba a su domicilio particular, donde lo distribuía en distintos sobres para luego él, personalmente, entregárselos a cada uno de los dirigentes sindicales beneficiados”, añade. Algunos de los nombres de dirigentes sindicales que coincidentemente aparecen en esas listas, según la querella, son el presidente del Sindicato Nº 1 de Estibadores del Puerto de Coronel, Raúl Cabeza, el tesorero David Guerrero, el presidente del Sindicato Marítimo Portuario N°1 de Coronel, Guillermo Jaque, y el director Tomás Soto, así como quienes fueran secretario del sindicato de empresas Coronel Container Terminal S.A., Christopher Puga, y tesorero Claudio González.