Son varias las alertas que han levantado las autoridades por el nuevo anticipo en rentas vitalicias que está tramitando el Congreso en el marco del cuarto retiro de las AFP.

Lo cierto es que este proyecto es muy distinto del que ya se aprobó. Tan diferente, que en el peor escenario las compañías perderían cerca del 60% de su patrimonio porque tendrían que desembolsar unos US$3.000 millones de su bolsillo. Si el primero obligaba a las aseguradoras a anticipar el 10% de la reserva técnica, en este caso es el 10% de los ahorros aportados por el pensionado en el momento de la contratación de la renta vitalicia.

Por ello la preocupación de las aseguradoras. En todo caso, también hay senadores de oposición que han mostrado disposición para ingresar indicaciones y mejorar la iniciativa que aprobó la Cámara de Diputados.

Pero tal como está planteado hoy el proyecto, fuentes de la industria comentan que en algunos casos, para obtener la liquidez necesaria para cubrir los anticipos las aseguradoras tendrían que vender cerca del 20% de su cartera en 30 días, lo que les generaría pérdidas, ya que las tasas de interés han venido al alza, lo que podría profundizarse de aprobarse esta iniciativa.

Es más, el nuevo retiro podría llevar a que la mitad de las aseguradoras incumplan los límites regulatorios que les exige la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Esto, porque como las compañías perderían parte relevante de su capital, entrarían de forma automática en insolvencia legal de acuerdo al DFL N° 251, ya que el leverage, o razón deuda/capital, superaría el límite que establece la ley.

Y en ese caso tienen dos opciones: o hacen un aumento de capital en 80 días, o entrarían en insolvencia, lo que puede traducirse en la quiebra. Y bajo este escenario, desde la industria señalan que probablemente los accionistas no van a salir a inyectar capital. El propio presidente de la CMF, Joaquín Cortéz, ha alertado sobre las graves consecuencias del proyecto sobre la industria.

En caso de una liquidación de la compañía, ¿qué pasa con las personas que tienen rentas vitalicias? Si bien seguirían recibiendo una pensión, para muchos pensionados sería menor de la que tienen actualmente. En el país existe un solo caso en que ha quebrado una aseguradora. Fue Le Mans, hace casi dos décadas.

Le Mans fue intervenida y declarada en quiebra por la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (hoy CMF) en 2003, tras ser incapaz de revertir el déficit de $13.200 millones que mantenía. La aseguradora de vida era parte del holding financiero Inverlink, el que estafó a Corfo por más de US$100 millones.

Tras la liquidación de la compañía, en octubre de 2007 el regulador licitó la cartera de más de 3.000 pensionados por rentas vitalicias, la que fue adjudicada a EuroAmerica. En ese entonces, la cartera poseía un patrimonio superior a los US$77 millones.

Esto, pues el DFL 251 entrega a la Superintendencia, hoy CMF, la facultad de “asumir el carácter de único administrador o liquidador de una compañía”, si es que incumple el artículo 44. Ahí se establecen sanciones por incumplimientos de leyes y normas, y en el numeral 5 de dicho artículo estipula que el regulador podría sancionar a una compañía con la “revocación de su autorización de existencia”.

“En el caso previsto en el número 5°, la Superintendencia, al momento de notificar la resolución de revocación, asumirá la administración de la compañía con el objeto de proceder a su liquidación”, dice el artículo.

¿Pero qué pasa si ninguna compañía participa en la licitación? Desde la CMF, responden que “la cartera sigue en manos de la aseguradora en liquidación concursal, que es administrada por el liquidador designado por la CMF conforme la Ley de Seguros”.

Y es que la CMF tiene la opción de licitar la cartera, pero no la obligación, y el seguro estatal de rentas vitalicias tampoco se gatilla inmediatamente.

De hecho, en el caso de Le Mans, este se activó recién hace dos años, cuando se acabaron los recursos de la compañía, que estaban en manos de EuroAmerica, la que se había adjudicado la licitación. Tras esto, empezaron a ser pagados por el Instituto de Previsión Social (IPS) en 2019.

El artículo 82 del DL 3.500, que versa sobre la garantía para rentas vitalicias, establece que ésta corresponde al 100% de la Pensión Básica Solidaria. Respecto de rentas vitalicias superiores, la garantía estatal cubrirá el 75% del exceso por sobre la pensión mínima, con un tope mensual de UF45.