A finales de septiembre, un alza del 18% registraron procedimientos concursales de liquidación de activos de empresa deudora, según informó la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) a través de una solicitud de Ley de Acceso a la Información Pública, realizada por Pulso.

Entre enero y septiembre de 2023, 937 empresas quebraron, la cifra se compara negativamente si se considera que, durante el mismo periodo durante el año pasado, 794 compañías debieron bajar la cortina y no continuar con sus negocios.

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Se trata de quiebre en la tendencia de caída en la liquidación de activos de empresas deudoras, si se considera que, en los dos años anteriores en el mismo lapso de tiempo medido, has quiebras habían caído con -10% y -33% en los años 2021 y 2022, respectivamente.

Entre enero y septiembre de 2023, los seis sectores que acumulan el mayor número de empresas declaradas en quiebra son: Comercio y reparación de vehículos (156); servicios (150); construcción (116); industrias manufactureras (102) y actividades profesionales, científicas y técnicas (100), y salud (71).

Por otro lado, los seis sectores que más crecieron durante los primeros meses del año en comparación con igual periodo del año anterior son: explotación de minas y canteras (129%); enseñanza (106%); actividades financieras y de seguros (75%); servicios (58%) y actividades inmobiliarias (43%).

En paralelo, entre enero y septiembre de 2023 hubo 1.705 procedimientos concursales de liquidación de bienes de persona deudora, siendo un número levemente inferior a la registrada en el mismo lapso del año pasado con 1.760 quiebras de personas naturales, reflejando una disminución del 3% se comparan ambas cifras.

Durante los primeros nueve meses del año en curso, las personas que iniciaron procedimientos de liquidación voluntaria fueron 1.680 y sólo cinco fueron a través de liquidación forzosa.

Entre enero y septiembre de 2020, las personas que solicitaron su quiebra fueron 3.866 y desde esa fecha la cifra en igual periodo, viene manteniendo una constante disminución. Las personas que pidieron su liquidación voluntaria durante los mismos meses de 2021, 2022 y 2023, llegaron a: 2.831, 1.751 y 1.680, respectivamente.

Pulso consultó a abogados expertos en insolvencia sobre los motivos de llevan a empresas de los sectores mencionados a solicitar su quiebra.

Ricardo Reveco, socio de Carey sostuvo que “en comercio y servicios, veo una reducción de la demanda específica; y ahora se deben pagar créditos blandos que no pueden ser cubiertos. En la construcción, aumento de costo de insumos, mayor costo de la mano de obra, imposibilidad de transferir mayores costos a mandantes por tipos de contratos a suma alzada; imposibilidad de tomar garantías para poder postular (pólizas o boletas se han encarecido), son las principales razones que inciden en esta industria específica”.

Luis Felipe Castañeda, socio de Castañeda, Chadwick & Pino sostuvo que “en el caso de la construcción, estamos probablemente ante un rezago de 2022. Es decir, muchas Empresas Constructoras se negaron a aceptar la realidad de estar ya en insolvencia o enfrentarse inminentemente a ella y trataron de sobrevivir con aportes tardíos de socios o accionistas, abuso de operaciones de factoring o financiamientos a tasas impagables. Hoy se enfrentan a una realidad ineludible y deben liquidarse”. “En el caso del comercio y servicios, es una consecuencia directa del aumento del costo del financiamiento y una disminución importante del consumo. Recordemos que el PIB continúa cayendo y no se divisa un mejor panorama”, añadió.

“Hay pocos sectores de la Economía que están a salvo del fenómeno de la insolvencia; por ello las empresas deben prepararse anticipadamente para evitar o enfrentar adecuadamente este fenómeno, contando con una asesoría adecuada”, complementó.

Fernando Lathrop, abogado socio de Lathrop Abogados explicó que “el comercio se nutre en buena medida de productos importados. El comercio experimentó una realidad distorsionada, afectada por los retiros de las AFP y por precios excepcionalmente altos en el transporte marítimo, antecedentes que no se supieron leer por el mercado con posterioridad; en muchos casos, no se ajustaron los presupuestos”.

“Los servicios se han resentido en forma retardada, como reflejo de una economía que no crece e inversiones en Chile paralizadas (no así en el exterior). Estamos en un proceso constituyente de incierto desenlace”, concluyó.

A su juicio, el incremento en la liquidación “la construcción podría decirse que es donde convergen todos estos temas dentro de un contexto marcado por la crisis del 18-O, pandemia, incertidumbre generalizada, y con ello paralización de inversiones en nuestro país, sumado a la cautela del sector financiero (principal ancla del sector). De no haber certezas en el corto plazo y de no contar con un sector financiero más proclive a dar el “último empujón” a las pymes, lo más probable es que la lista de liquidaciones aumente”.