La Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (Superir) informó que entre el 1 de enero y el 31 de marzo se registraron 1.357 liquidaciones de personas y 728 renegociaciones de deuda. Ambas cifras superan con holgura los niveles registrados en años anteriores para igual periodo.

En comparación con el primer trimestre de 2024, cuando se contabilizaron 902 quiebras personales y 411 renegociaciones, los aumentos fueron de 50,4% en el primer caso y 77,1% en el segundo. Desde que existe información consolidada sobre estos procedimientos -tras la entrada en vigencia de la Ley N° 20.720, en octubre de 2014- no se habían observado cifras tan elevadas en este segmento durante el primer trimestre del año.

La serie histórica muestra que, en los últimos tres años, los procedimientos concursales vinculados a personas naturales han escalado de forma sostenida. En el primer trimestre de 2022 se registraron 587 quiebras y apenas 34 renegociaciones. En 2023, esas cifras aumentaron a 563 y 144, respectivamente. El salto se hizo más pronunciado en 2024, con 902 liquidaciones y 411 renegociaciones.

En lo que respecta a los procedimientos concursales de empresas, la evolución es distinta. Durante el primer trimestre de 2025 se registraron 138 liquidaciones, una cifra prácticamente idéntica a los 139 procesos contabilizados en igual lapso de 2024. La variación interanual es de apenas un caso, lo que representa un descenso marginal del 0,7%.

Sin embargo, al revisar los datos desde una perspectiva de largo plazo, se advierte una tendencia descendente sostenida desde 2021, cuando se registraron 440 liquidaciones de empresas en el primer trimestre. En 2020, en pleno impacto económico de la pandemia, esa cifra fue de 434. En 2019 y 2018 los números fueron algo menores, con 367 y 330 liquidaciones, en cada uno.

El descenso se acentuó en 2022, con 278 procesos en los primeros tres meses del año, y luego en 2023, cuando se registraron 257. Desde entonces, el número de liquidaciones empresariales ha permanecido estable en torno a los 130-140 casos trimestrales, sin nuevos repuntes.

Sin expansión

El mecanismo de reorganización de empresas -previsto en la legislación como una herramienta para evitar la liquidación mediante acuerdos con acreedores y reestructuración de deudas- continúa siendo el procedimiento concursal menos utilizado del sistema.

Entre el 1 de enero y el 19 de marzo de este año se han registrado solo 9 reorganizaciones de empresas, lo que se ubica por debajo de los 13 casos reportados en el primer trimestre, aunque completo, de 2024.

Este nivel de uso es consistente con la tendencia observada desde hace casi una década. En el primer trimestre de 2016 se reportaron 14 reorganizaciones, pero en 2017 y 2018 la cifra cayó a 8 y 11, respectivamente. En 2019 y 2020 se mantuvo en 11 y 15. En 2021, en pleno proceso de recuperación económica, se repitieron 14 casos. Y en 2023 se alcanzó el valor más alto del último tiempo, con 15 reorganizaciones, que nuevamente descendieron a 13 en 2024.

Pese a ser una herramienta que busca preservar la operación de las compañías y facilitar una salida ordenada frente a crisis de solvencia, la reorganización no ha logrado consolidarse como un mecanismo de uso extendido entre las empresas chilenas. A la fecha, su volumen se mantiene por debajo incluso del que se observaba en los primeros años de aplicación de la ley.

La distancia entre los procedimientos concursales iniciados por personas naturales y los correspondientes a empresas continúa ampliándose. Solo en el primer trimestre de 2025, las liquidaciones personales más que diez veces superaron a las liquidaciones de empresas. Las renegociaciones de personas, por su parte, ya duplican el total de procesos concursales empresariales sumados (liquidación y reorganización).

Este comportamiento consolida un patrón que se ha acentuado desde 2022: el sistema de insolvencia es utilizado mayoritariamente por personas naturales, tanto en su dimensión más extrema -la quiebra-, como en su alternativa voluntaria -la renegociación-. En contraste, las empresas mantienen una participación baja en los mecanismos disponibles, en especial en lo que se refiere a procesos de reorganización.

El análisis de dos liquidadoras

La liquidadora Loreto Ried señala que las liquidaciones de personas naturales siempre le han parecido un enigma, ya que responden a múltiples factores. Recuerda que, en un comienzo, este mecanismo permitía extinguir con facilidad los saldos insolutos de las obligaciones, por lo que “la liquidación de la persona era casi una herramienta como para que no pagues tus deudas”. A su juicio, muchos abogados la usaron de forma masiva para que las personas eludieran sus compromisos financieros. Con el tiempo, la ley se modificó para introducir restricciones, como la imposibilidad de extinguir deudas por pensión de alimentos o derivadas de delitos, aunque -apunta- no se abordó el Crédito con Aval del Estado (CAE), uno de los principales motivos de extinción de deuda junto con obligaciones médicas y tarjetas de casas comerciales.

Ried reconoce no ser experta en la materia, pero cree que el actual repunte de liquidaciones responde tanto a la facilidad del mecanismo, como al contexto económico. “La Ley de Insolvencia tiene este incentivo perverso de extinción de obligaciones demasiado fácil”, sostiene, lo que la vuelve atractiva para personas sobreendeudadas. Al mismo tiempo, agrega que “el país está superdeteriorado, el país no crece, no hay creación de empleo, no hay creación de empresas, todo lo contrario”. Por eso, considera que “la gente estará atravesando por momentos económicos complejos”. A su juicio, se trata de un fenómeno multifactorial, pero advierte que mientras subsista esa posibilidad de extinguir deudas de forma accesible, seguirá existiendo un incentivo fuerte para recurrir a esta vía.

Por su parte, la también liquidadora Valeria Cañas, explica que “las cifras del primer trimestre de 2025 representan una señal de alerta sobre el estado financiero de las personas, lo que obliga a comprender sus causas y adoptar medidas preventivas y reactivas con urgencia. El panorama es preocupante: en solo tres meses se ha superado en más de un 50% el número de casos registrados en los primeros trimestres de años anteriores. Este incremento abrupto y la aceleración de la tendencia podrían generar una presión significativa sobre el sistema judicial, además de un mayor deterioro en la salud financiera de los hogares chilenos”.