Dos directores de Marina del Sol (MDS), Michael Adam Wagman y Sebastien Jean Dhonte presentaron una demanda en contra del gerente general de la empresa de casinos, Juan Ignacio Ugarte, luego que despidiera, sin contar con la anuencia del directorio, a la plana mayor de la compañía que preside el empresario Nicolás Imschenetzky. MDS administra los casinos de juegos Marina del Sol de Calama, Talcahuano, Chillán y Osorno.

Se trata de Juan Francisco Muñoz, quien se desempeñaba, según la demanda, como CEO; Patricio Lagos, gerente de Administración y Finanzas, y Felipe Rivera, gerente de Capital Humano de MDS.

Según cercanos a la operación, Ugarte, que cuenta con el respaldo de Valmar -sociedad de propiedad de la familia Imschenetzky-, está en su cargo desde el inicio de la sociedad con los canadienses en 2008, y los despidos obedecerían a reparos al presupuesto que elaboraron los ejecutivos mencionados.

La demanda se produce luego que ambos directores canadienses -representantes de Clairevest- interpusieran una medida prejudicial en la que solicitaron la exhibición de todos los documentos de actos y contratos firmados por el gerente general durante los años 2022 y 2023.

“El demandado, sin contar con el acuerdo del directorio, ejecutó actos y contratos para los que no se encontraba facultado. Todos los actos, declaraciones, solicitudes, acuerdos o contratos ejecutados por el demandado (que no se refieran al giro ordinario) y que no cuenten con acuerdo del directorio son ineficaces. En concreto, estos actos no societarios –de naturaleza civil y laboral– son nulos civilmente”, consignó la demanda interpuesta en el 7º Juzgado Civil de Santiago el 8 de febrero.

La demanda, patrocinada por el abogado Jorge Meneses, socio de Grasty Quintana Majlis, destacó que “la acción se interpone debido a que el directorio de la sociedad se ha visto imposibilitado de dar solución a través de las vías institucionales internas, ya que el demandado se ha arrogado –de facto– atribuciones y facultades que no detenta, y ha ejecutado actos evidentemente nulos”.

“El presente conflicto no se circunscribe a una sociedad o a un conflicto societario, sino que a la infracción del Código Civil, de los contratos y convenciones, y de leyes y reglamentos. Se busca que se declare la nulidad de actos no societarios perpetrados por el demandado”, añadió.

Los demandantes acusan que Ugarte despidió a Francisco Muñoz, “quien se desempeñaba como CEO o Gerente General Corporativo de MDS, un cargo que “es el más relevante de MDS; es la máxima autoridad. El señor Muñoz le reportaba directamente al directorio y tiene las mismas funciones y atribuciones del gerente general. Es más, la remuneración percibida por el señor Muñoz era substancialmente mayor a la percibida por el demandado Juan Ugarte. Esto es solo una
manifestación más que demuestra en forma inequívoca que en la estructura de MDS el señor Muñoz no dependía del demandado”, explicaron en su acción legal.

La sociedad Inversiones Marina del Sol S.A. (MDS) fue constituida en octubre de 2007. Los actuales accionistas de esa sociedad son Clairvest Chile Limitada, titular del 50% de las acciones de MDS; e Inversiones Valmar Limitada (Familia Imschenetzky) junto a Inversiones Lomas de San Andrés Limitada, quienes conjuntamente son propietarias del 50% restante de las acciones.

Marina del Sol es administrada por un directorio compuesto por seis miembros titulares y seis miembros suplentes. Wagman y Dhonte, son directores titulares de MDS.

De acuerdo al Portal del Poder Judicial, el conflicto comienza dos días antes de la presentación de la demanda. El 6 de febrero, los directores canadienses interpusieron en el 8° Juzgado Civil de Santiago una medida prejudicial en la que solicitaron citar a una audiencia en la que el gerente general de Inversiones Marina del Sol S.A, Juan José Ugarte, presente todos los documentos firmados por él en representación de la compañía druante los años 2022 y 2023.

A diferencia de lo que sostuvo en su demanda, en la medida prejudicial los canadienses fueron más directos y apuntaron sus dardos en contra de Valmar y su eventual responsabilidad en la administración que lidera Ugarte.

“Los actos ejecutados por el señor Ugarte han sido permitidos y avalados por los directores nominados por Valmar, lo que ha impedido que el directorio de MDS pueda controlar y evaluar los actos del señor Ugarte. Es por esta razón que los directores nominados por Clairvest, dando cumplimiento a sus deberes fiduciarios, se ven en la obligación de requerir el amparo de su señoría y preparar la entrada en juicio”.

“Ugarte, sin contar con el imperativo acuerdo del directorio, procedió a despedir a la plana mayor de la gerencia de la compañía, desarticulando un equipo de trabajo esencial para el desarrollo de la empresa, afectando ostensiblemente la marcha regular y los negocios de MDS”, añadió.

El caso es que el 13 de febrero, el juez del 8° Juzgado Civil de Santiago, Santiago Quevedo resolvió acoger la medida prejudicial y ordenó la exhibición de los documentos solicitados.

El 28 de febrero de este año, el gerente general de MDS presentó un escrito en el que solicitó anular resolución que acogió la medida prejudicial, asegurando que no estaba en su domicilio cuando se notificó la acción.

“Lo que pretenden los señores Wagman y Dhonte es salir a pescar algo que les sea útil a su posición y –a partir de allí– demandarme. A través de su escrito pretenden conseguir un discovery propio de los sistemas procesales anglosajones, pero que resulta improcedente en nuestra tradición continental y en nuestro ordenamiento jurídico nacional, porque –como lo ha resuelto la Corte Suprema desde antaño– la medida prejudicial en comento debe requerir la exhibición de documentos cuya existencia sea cierta y no hipotética”, añadió Ugarte en su presentación patrocinada por Santiago Montt Rodríguez, socio de Montt Pérez-Cotapos Abogados.

El ejecutivo aseguró que los canadienses “omitieron olímpicamente” en su presentación el acta de la junta de accionistas del 30 de abril de 2008, cuando la compañía ratificó su calidad de gerente general, “confiriéndole todas las atribuciones legales a este respecto”.