Seis son los abogados que se presentaron al concurso público para presidir el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en un proceso que es organizado por la Corte Suprema. Se trata de Fernando Araya, socio del Estudio Lewin; Francisco Agüero, director en Centro de Regulación y Competencia (RegCom); Oscar Torres, socio de Torres & Loyola Abogados; Nicolás Rojas, exministro suplente de TDLC; Marco Arellano, ministro del Tribunal de Propiedad Industrial (TDPI); y Ernesto Ravera, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile (Usach).

Desde el Poder Judicial confirmaron los candidatos, luego que el pasado sábado expirara el plazo para la postulación. Ahora lo que viene es que el pleno de la Corte Suprema agende una audiencia de concurso público en la que los candidatos deberán exponer ante los ministros del máximo tribunal.

Por primera vez desde su creación -en 2003- los jueces del máximo tribunal escucharán a los postulantes vía remota, al igual como lo han venido haciendo en una serie de concursos en los últimos dos años, debido a la pandemia del Covid-19. Una vez que culminen sus exposiciones, la resolución será dada a conocer en cuestión de minutos y al menos uno de los seis candidatos quedará fuera de competición. Posteriormente, la quina se presentará al Presidente Gabriel Boric, quien finalmente debe escoger al sucesor de Enrique Vergara como nuevo presidente del TDLC por los próximos seis años.

Se trata de un cargo de suma relevancia, puesto que el tribunal de cinco miembros debe emitir relevantes decisiones en materia económica, como si acoge o rechaza acusaciones de colusión que presenta la Fiscalía Nacional Económica (FNE) o si dos o más conglomerados pueden en definitiva fusionarse. Asimismo, luego de la última reforma al DL-211, el TDLC también dicta pronunciamientos sobre demandas de indemnización de perjuicios.

Según transparencia activa, el presidente del tribunal recibe una remuneración bruta mensual de $8.829.679, al igual que los ministros y el fiscal nacional económico.

Pulso contactó a los seis candidatos que buscan ser presidente del TDLC: cuatro de ellos respondieron las consultas planteadas y detallaron por qué postulan y anunciaron los planes de su futura gestión.

Francisco Agüero explicó que luego de conversar con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz-Tagle Vial, se animó a postular. “Me he dedicado en mi vida profesional durante varios años a temas vinculados con la regulación y la libre competencia. Hice un master hace casi 20 años sobre competencia y regulación económica. Mi memoria de prueba fue sobre libre competencia y fijación de tarifas. Acabo de doctorarme el año pasado con una tesis que salió publicada como libro hace una semana sobre el Tribunal de Libre Competencia y siempre me ha interesado este tema. Creo que puedo ser un aporte desde mi experiencia como académico y experiencia profesional”, añadió.

Al igual que el anterior, el abogado Fernando Araya es doctor en derecho y consultado sobre su interés en el cargo sostuvo que cuenta con más de 15 años de experiencia y se ha desempeñado sector público y privado. También detalló que fue el responsable, con la Fiscalía Nacional Económica, de proyectos con la OCDE y participó en el proceso de ingreso de Chile a dicha organización multilateral en materia de libre competencia. “Mi idea es contribuir con los tremendos desafíos que tiene la libre competencia en un escenario en el que se ha hecho una nueva revisión sobre el rol del Estado en la economía a nivel internacional”, explicó.

En tanto, Nicolás Rojas, abogado y ex ministro suplente del TDLC, ha desarrollado su ejercicio profesional en materias de contratos, telecomunicaciones y derecho de la competencia, principalmente. Es profesor asistente de Derecho Civil en la Universidad de Chile y se desempeñó como director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la misma universidad (RegCom).

“Me interesa postular porque tuve la experiencia de trabajar en el tribunal. Creo que es una institución muy relevante, donde se trabaja bien. También creo que tiene varios desafíos significativos que tienen que ver con la implementación de las últimas reformas y la protección de la competencia. Pero también hay un trabajo que hacer en cuanto a la racionalización y aceleración de los procedimientos en el tribunal. También hay que revisar cómo le ha ido al TDLC en los últimos recurso que se han presentado en contra de sus sentencias en la Corte Suprema. Hay un trabajo desafiante sobre cómo ir congeniando los criterios del tribunal con los de la Corte Suprema para dar más certidumbre a los agentes económicos en el mercado”, acotó.

Por su parte, Ernesto Ravera, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) explicó que postula, porque “básicamente porque creo que es una bonita forma de culminar mi carrera profesional. Llevo casi 30 años haciendo clases sobre la materia. Primero en la Universidad Austral en un proceso de formación de la facultad de derecho”.

“Si es que salgo elegido, se requiere consolidar un proceso en que el mercado tiene que ser regulado para evitar ver los excesos que hemos visto en el último tiempo. Creo que la judicatura tiene que que estar al altura de los acontecimientos y las sanciones que se aplican en algunos casos no han sido suficientemente emblemáticas para inhibir las conductas que atentan contra el mercado. Creo que el mercado es el mecanismo más eficiente para la asignación de los recursos, pero debe la libertad hay que protegerla para poder desarrollarla”, culminó.

Además del presidente, quien debe ser abogado, otros dos juristas integran hoy el tribunal: Daniela Gorab, cuyo período concluye en 2024, y Jaime Barahona, elegido para 2020-2026. A ellos se suman dos economistas, María de la Luz Domper (2018 – 2024) y Ricardo Paredes (2020 – 2026).