El complejo año que vivió el sector de la construcción durante 2022, afectada por el alza en el costo de los materiales, llevó al gobierno a aplicar medidas excepcionales, como el reajuste retroactivo al precio de los contratos de obras públicas que ya estaban en ejecución, y que en muchos casos se vieron paralizadas, ante el riesgo inminente de quiebra de diversas empresas.

La medida, que rige desde el 11 de noviembre y se mantendrá vigente hasta el próximo 31 de marzo, beneficia a los contratos que se encuentran en ejecución, y según estimó el Ministerio de Obras Públicas, tiene el potencial de impactar a 1.400 contratos.

A dos meses desde que se abriera la ventana para que las empresas contratistas soliciten los reajustes retroactivos, desde la cartera que lidera el arquitecto Juan Carlos García detallaron a Pulso el impacto que ha tenido la medida excepcional, que forma parte de los compromisos de reactivación económica desde el Ejecutivo.

Según el MOP, al 10 de enero ya se han aprobado pagos a un total de 425 contratos, que abarcan en total a 165 empresas, las que han ingresado a las distintas direcciones del MOP a nivel nacional. Sin embargo, las solicitudes totales se empinan hasta los 560 requerimientos, de los cuales 135 han sido rechazados por no cumplir con los requerimientos que establece el decreto 177 de 2022.

“A menos de dos meses de haber dado a conocer las medidas de apoyo a las empresas constructoras para proteger las obras y a las 30 mil personas que trabajan en ellas, más de un tercio de los contratos de obras públicas que se encuentran en ejecución han solicitado el reajuste excepcional retroactivo y ya se han aprobado para pago 425 contratos de 165 empresas. En total las solicitudes suman $81 mil millones”, señaló Juan Carlos García, al realizar un balance de la medida.

Desde la MOP aclaran que en el caso de las solicitudes rechazadas, las empresas afectadas cuentan con el derecho a apelar a la decisión de la autoridad, al igual que ocurre con todo acto administrativo, primero mediante un recurso de reposición, y en última instancia ante la Contraloría General de la República. Eso sí, advierten que la mayoría de los rechazos se relacionan con que las obras ya fueron finalizadas, lo que contradice el principal requisito de que las obras estén aún en ejecución.

Cabe recordar que, según el decreto, los contratos que pueden ser reajustados retroactivamente no deben contar con una resolución dictada que designe la comisión de recepción única o provisoria, así como tampoco las obras pueden haber sido abandonadas en forma unilateral, ni haber dado término anticipado al convenio, entre otras.

García agregó que “cada una de las solicitudes que nos han llegado debe ser analizada para evaluar si cumple con los requisitos, luego se firma un convenio y se aprueba la resolución que permite el reajuste excepcional para el contrato”.

La mayor cantidad de solicitudes se han realizado desde la Dirección de Vialidad, con 340 contratos y con un valor estimado de $56 mil millones. Le sigue la Dirección de Obras Hidráulicas con 82 convenios por un valor estimado de $15 mil millones.

Cabe recordar que, el denominado polinomio retroactivo excepcional involucra recursos por $350 mil millones para el Fisco, o unos US$380 millones.

Previo a la medida que entró en vigor para los contratos que ya estaban vigentes, el MOP había realizado ajustes en septiembre para las nuevas obras públicas adjudicadas a partir de agosto. Dicha medida, que involucra los nuevos contratos de más de seis meses, fue el modelo que desde la cartera decidieron replicar a las obras ya en ejecución durante 2022, y que estaban presionadas por el alza de cerca de un 35% en el valor de los materiales de construcción.

Al respecto, el ministro García detalló que “el 2022 fue un año complejo para la construcción, por los efectos de la pandemia y el escenario internacional, y en ese escenario, lanzamos una serie de medidas para proteger los cerca de 30 mil empleos que se generan a través de los contratos con el MOP, entre ellos, el reajuste de precios a los contratos firmados desde agosto de 2022 y que se extiendan por más de seis meses, donde ya el 41% de nuestras licitaciones tienen este reajuste incorporado”.

A las medidas de la autoridad orientadas a reactivar las obras públicas, el Ministerio de Obras Públicas también ha puesto foco en acelerar la ejecución de obras nuevas, para lo cual, entre noviembre y diciembre del 2022 realizó 545 licitaciones, por un monto superior a los $425 mil millones, y que se ejecutarán este 2023.

Según detallan desde la cartera, ello significó duplicar las licitaciones que se realizaron en noviembre y diciembre de 2021, que alcanzaron 238 contratos, por $144 mil millones.

“Estas cifras demuestran el compromiso de todas las direcciones por avanzar en reactivar la economía a través de adelantar el proceso licitatorio y de adjudicación para el primer trimestre de este nuevo año. Como ministerio tenemos un compromiso con la reactivación económica y pondremos todos nuestros esfuerzos en esta tarea”, remarcó García.