Luego de dos meses de trabajo, la Comisión Técnica de Pensiones que se formó al alero de la Comisión de Trabajo del Senado, entregó este lunes su informe final, donde hay algunos temas en los que se logró acuerdo y otros que quedarán para ser discutidos en el Congreso. Hubo consenso en incrementar el porcentaje de cotización adicional, pero no sobre cómo se va a distribuir. Asimismo, hubo acuerdo en la solidaridad intergeneracional, por un periodo transitorio. En cambio, en la división de la industria tampoco se llegó a un punto en común.

El primero de los seis grandes temas abordados por la instancia tiene que ver con el aumento del volumen de ahorro y la densidad de cotización. Hay consenso en aumentar el porcentaje en un 6% con cargo al empleador, pero no respecto de cómo distribuirlo. También hay acuerdo sobre un seguro de lagunas previsionales y aumentar el tope imponible.

Por otro lado, se recomienda incluir mejoras en el área de cobranza que no están consideradas en el proyecto original y “hubo acuerdo para que se estudien mecanismos para enfrentar la evasión previsional en el sector de asalariados”, según detalló el documento.

Asimismo, se indica que “consideramos que los trabajadores independientes obligados a cotizar por el 10%, deberían estar obligados a cotizar por el 6% con la gradualidad necesaria para su implementación”.

Otro de los temas que se abordó es la falta de competencia en la industria de las AFP. Hubo consenso en que se debe aumentar la competencia, pero no hubo acuerdo en cómo lograrlo. Tampoco hay acuerdo en la separación de la industria.

“No hubo consenso en obligar la separación de funciones de las AFP en un administrador de cuentas y gestores de inversiones. Los comisionados recomiendan no promover este cambio, aunque algunos plantean que va a depender de los cambios en otros aspectos para fomentar la competencia en precios”, señaló el documento.

En cuanto a la licitación del stock de afiliados, no hubo consenso sobre la participación del Estado en la materia.

“Algunos comisionados condicionaron su opinión favorable a la licitación, siempre y cuando fuera sin la participación del Estado. Uno de los argumentos en contra de la participación del Estado en la licitación es la potencial competencia desleal que podría ocurrir ofreciendo precios menores a los de mercado y utilizando recursos del estado para financiar la operación”, detalló el informe.

También hubo discrepancias con respecto a que “si bien hay consenso en que la comisión sobre saldo funcionaría mejor que la comisión sobre flujo, aunque podría exacerbar la insensibilidad de la demanda al precio, se estima que la transición hacia ese nuevo sistema es compleja. La mayoría sugiere no innovar en este mecanismo”.

En lo que sí hubo consenso entre los comisionados es que se debe avanzar en la transición de los multifondos a fondos generacionales y señalaron que “consideramos importante que las autoridades pertinentes expliquen bien la transición, asegurando que esta no impactará negativamente los ahorros de los afiliados y será compatible con otros cambios”.

Los comisionados también abordaron la Pensión Garantizada Universal (PGU), donde hay consenso en no aumentar la cobertura al 100% de la población, porque “ante recursos fiscales limitados y proyecciones de gasto en PGU altamente crecientes, las prioridades para esos recursos debiesen enfocarse en los desafíos más urgentes del sistema de pensiones y la sostenibilidad de su financiamiento”.

Eso sí, no hubo acuerdo en elevar la PGU a $250 mil, pero sí se consensó que esa herramienta debe estar anclada a la línea de pobreza. Por esto, la diferencia es qué tan distanciado debe estar el monto de esa línea. Algunos dicen que pasarse es inconsistente con ese anclaje, mientras otros puntualizaron que un margen de diferencia en torno a 10% es prudente, considerando además que la línea de pobreza va subiendo todos los meses, al reajustarse por la canasta básica.

“Algunos comisionados creen que esta cifra es inconsistente con el acuerdo de anclar el valor de PGU a la línea de la pobreza. Otros consideran que sí lo es considerando un margen prudencial de 10% respecto del valor actual de la línea de pobreza, ya que esta aumenta todos los meses y, de no ser así rápidamente el valor quedaría desactualizado, incluso durante el mismo periodo de la tramitación del proyecto”, se sostuvo.

Otro consenso entre los expertos fue proponer un beneficio que compense en términos de pensión la brecha de las mujeres por la mayor sobrevida. “El beneficio debe resultar en que una mujer y un hombre que se jubilan a los 65 años con el mismo ahorro e igual grupo familiar obtengan la misma pensión”.

Sobre la solidaridad intergeneracional el informe estableció que “a Comisión evaluó que el componente intergeneracional beneficie más a mujeres que a hombres como posible mecanismo que permita cerrar esta brecha. Se discute si el objetivo debiese ser reducir esa brecha o no hacer que crezca”.

El documento muestra que hubo aprensiones de algunos comisionados sobre el componente intrageneracional. En cuanto al seguro de longevidad, si bien no se analizó también hay ciertas aprensiones al respecto.

“El seguro de longevidad es otra posible fuente de financiamiento para incrementar las pensiones. Sin embargo, esta opción no fue analizada en la Comisión, entre otras razones, porque está siendo evaluada por la OCDE a través de una consultoría técnica. Con todo, los miembros de la Comisión muestran aprensiones respecto a los riesgos financieros y a la posible regresividad de este tipo de seguro”, se explicó.

Los comisionados determinaron que el beneficio intergeneracional debe estar guiado por los siguientes elementos: se acuerda que el beneficio sea mayor para las mujeres que los hombres, pues ese grupo tiene menores tasas de reemplazo. Los beneficios deberían definirse en función de los años cotizados, donde los que cotizan por sobre un umbral recibirán un beneficio adicional. Es deseable diseñar el componente intergeneracional en forma diferenciada para actuales y futuros pensionados. Plantean que sea transitorio y que a medida que los recursos se vayan liberando, porque la transición del beneficio inter lo permite, estos recursos deben destinarse a las cuentas individuales de cada cotizante”.

En el último tema abordado por la comisión en este tiempo de trabajo, se propuso modernizar la Superintendencia de Pensiones, además de fortalecer el Consejo Consultivo Previsional.

Asimismo, proponen algunos cambios a la Comisión de Usuarios del Sistema de Pensiones. Estas modificaciones son: modificar la composición de la comisión de usuarios y fortalecerla, de tal forma que represente efectivamente a los usuarios del sistema, y aumentar la transparencia y fortalecer el proceso de nombramiento de los directores que eligen las AFP en las empresas donde invierte dando un rol en ello a la referida comisión.

Tras la entrega de este insumo por parte de la Comisión Técnica, ahora la discusión se trasladará al Congreso, donde aún no hay una fecha concreta para votar la idea de legislar en la Comisión de Trabajo del Senado.

“Creo que la comisión técnica alcanzó importantes acuerdo en temas clave como la organización industrial y la competencia. Si bien hubo temas en los que no se logró un acuerdo completo, si se logró esbozar líneas a partir de las cuales el mundo político podrá llevar a cabo la negociación y alcanzar un acuerdo”, dijo a Pulso Soledad Hormazábal, economista e investigadora de Horizontal, quien fue parte de la comisión.

Y agregó que “creo que el informe de la comisión técnica es un insumo que podría ser un aporte importante en la búsqueda de ese acuerdo político”.

En su cuenta de X, también se refirió al tema y dijo que “soy de las que cree que es posible que ahora se alcance un acuerdo en pensiones”.

Mientras, la economista y directora del Centro de Estudios Financieros del ESE, Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, quien también participó en la instancia, coincidió en que el informe es valioso para la etapa que viene.

“Este informe es un insumo valioso en la discusión de la reforma de pensiones, principalmente porque muestra que hay puntos que mediante un análisis técnico permiten llegar a ciertos consensos, sobre cambios que habría que hacer. Los consensos no son absolutos, pero hay muchos puntos en los que se podría ir avanzando. En mi opinión personal, no necesariamente se tiene que hacer esto a través de una mega reforma, sino que puede ir abordando los puntos en que haya consenso”, señaló.

Asimismo, planteó que “al menos estamos avanzando en tener diagnósticos sobre los temas más basados en datos, y creo que ese es un aporte que se ha ido haciendo. La posibilidad de un acuerdo entra más en el ámbito político”.

Quien también tuvo comentarios para este informe, es la directora de Espacio Público, la economista Paula Benavides, quien también fue parte de la instancia que elaboró este insumo para la discusión de la reforma previsional.

“Me parece que existió un avance importante en la construcción de consensos técnicos. Se generó una base de acuerdos que facilitará el diálogo político que sigue ahora, donde es posible terminar de delinear la reforma y sus detalles. Destaco, por ejemplo, los acuerdos sobre aumentar la cotización en 6% con cargo al empleador, crear un seguro de lagunas, licitar paquetes del stock de afiliados, adoptar fondos generacionales, compensar a las mujeres por la mayor expectativa de vida y que exista solidaridad intergeneracional focalizada en mujeres y quienes cotizan más”, señaló Benavides.

Ve además con optimismo lo que viene en el debate de pensiones en el Senado.

“Estoy convencida de que es posible, hay espacios para llegar a un acuerdo, en que todos tendrán que ceder, en beneficio de los pensionados y trabajadores. Para ello, las conversaciones que siguen deben abordarse con el mayor sentido de responsabilidad por parte de todos, también con generosidad, para que nuestro sistema político logre avanzar en esta reforma que es necesaria y es una prioridad ciudadana postergada por mucho tiempo”, agregó.