Uno de los objetivos que buscará el gobierno con su reforma previsional, es “mejorar la eficiencia y rebajar los costos que enfrentan los afiliados”. Así lo revela la presentación elaborada por el Ejecutivo, a la que tuvo acceso Pulso, y que está siendo socializada con parlamentarios y expertos de distintos ámbitos. Todo ello, en el trabajo previo que está haciendo el gobierno para lograr acuerdos antes de presentar oficialmente el proyecto hacia fines de octubre, por lo que también podría haber cambios de aquí a ese momento.

El documento que se ha estado socializando muestra que esta mejora de eficiencia y rebaja de costos se hará “otorgando la responsabilidad por la centralización de las actividades de soporte a un IPS fortalecido en base a un gobierno corporativo autónomo”. Básicamente, apunta a una separación de la industria de AFP, ya que no podrán seguir haciendo todas las funciones que han hecho hasta ahora, esto es, la inversión de los recursos, afiliación, recaudación de cotizaciones, cobranza, gestión de cuentas y pago de pensiones.

Así, en algunas diapositivas el gobierno pronfundiza precisamente en la separación de la industria que quiere efectuar, y enseña sus argumentos y beneficios que proyecta que se obtendrían con esta propuesta.

“Debido a la fuerte presencia de economías de escala en la operación de las actividades de soporte, la centralización de funciones de soporte y gestión de portafolio en una misma entidad (AFP), es una fuente de significativas barreras a la entrada a la industria, que junto con la inelasticidad de la demanda ante comisiones, explican los elevados márgenes que cobran las AFP en la actualidad (120% en 2021)”, argumenta el documento.

Ahí dice que “la principal causa para la presencia de costos unitarios decrecientes tiene que ver con la presencia de altos costos fijos asociados a la administración de cuentas”. Y agrega que “la literatura internacional muestra evidencia estadística significativa de economías de escala en la administración de cuentas para los fondos de pensiones (ver Bikker and De Dreu (2009), Bikker et al (2012), Tuesta (2014), Bikker (2017) y Alserda et al (2018))”.

En tanto, menciona que “para el caso chileno, una prueba clara de la presencia de economías de escala en el soporte es Previred, que pertenece a cinco AFP. Por otra parte, no existe ninguna ganancia de eficiencia en tener juntas las actividades de soporte y las actividades de inversión (Zingales, 2021)”. Allí ejemplifica con países que han centralizado: Finlandia, Suecia, Dinamarca, Estonia, Latvia, Nueva Zelanda, México.

A continuación, la presentación habla de cuáles son los “objetivos buscados con la separación de funciones en el caso chileno”. Y estos son principalmente cuatro. Primero, transferir las actuales economías de escala existentes en las actividades de soporte a los afiliados, por la vía de menores comisiones.

Segundo, aprovechar ganancias adicionales de eficiencia, en actividades tales como sucursales, gestión de cobranza o ahorro de vendedores. Tercero, disminuir las barreras a la entrada para nuevos agentes privados. Y cuarto, tener un único punto de entrada “que será la cara visible de los afiliados, de base pública”.

Para cuantificar cómo eso se traduciría en ahorro de costos, el documento señala que habría un ahorro por menor margen equivalente a US$425 millones. Ello, asumiendo un margen de 30% en vez de US$120 millones. También dice que habría un ahorro por ganancia de eficiencia adicional equivalente a US$112 millones. Asimismo, estima un ahorro por ventas equivalente a US$138,1 millones. En paralelo, menciona que el IPS reforzado debería asumir un costo de US$173,5 millones, que serían de cargo fiscal.

Con todo, la presentación enfatiza que “para garantizar que los ahorros totales de costo (US$423,5 millones equivalentes a US$250,1 más US$173,5 millones de cargo fiscal) se traspasen a comisiones”, es “fundamental” la “creación de gestor público de inversiones y bajar barreras a la entrada”.

Un apartado del documento también se refiere a la “eliminación de doble cobro por comisiones indirectas”. Ahí recuerda que “actualmente las AFP descuentan de los fondos de pensiones las comisiones indirectas, que corresponden a pagos que se hacen a terceros por administrar los fondos (dentro de ciertos límites). Esta comisión representa un cargo adicional al que pagan los afiliados como porcentaje de su remuneración bruta”.

Y dice que “para el año 2021, las comisiones indirectas ascendieron a US$663 millones, la que expresada en términos del porcentaje de los fondos fue de 0,33%, es decir, del orden de un 60% de las comisiones directas”.

En ese sentido, la presentación recuerda que “las AFP gastaron solo US$35 millones de sus resultados en función de inversiones. Esto representa solo un 5,3% de las comisiones indirectas”.

Además, dice que “las comisiones indirectas desincentivan la construcción de capacidades internas de inversión de parte de los gestores de fondos, lo que va contra de la tendencia internacional de los administradores de pensiones de potenciar sus capacidades internas para invertir en distintos tipos de activos, incluidos los activos alternativos (Global Pensions Funds: Best Practices in the Pension Funds Investment Process; PWC)”.

También se menciona que “la existencia de dichas comisiones indirectas, cuya existencia y nivel no es conocido por la mayor parte de los afiliados al sistema de pensiones, disminuye la transparencia de los costos que estos deben pagar por la administración de sus fondos de pensión”.

A raíz de lo anterior, la propuesta del gobierno “es eliminar los dobles cobros, dejando una excepción de 10 puntos base (pb) para los activos alternativos”. Ahí señala que, “comparado con la situación actual, esto permitirá un ahorro de costos de 0,23 pb, lo que podría generar un aumento del orden de 5% en pensión”.