El superintendente de Salud, Víctor Torres, acudió este martes a la Comisión de Salud del Senado para despejar dudas sobre el fallo que dictó la Corte Suprema hace más de una semana y que congeló las alzas de planes que habían implementado las isapres, instruyendo que se inicie un nuevo proceso de adecuación y que se devuelvan los recursos que ya habían recaudado.

Sobre el fallo en sí mismo, el superintendente explicó que la Suprema, “al dejar sin efecto esta notificación (que hicieron las isapres para subir planes), la consecuencia de ello es que no se puede aplicar dicha alza, y ahí vienen los dos mandatos que nos entrega la Corte Suprema”. Recalcó que esta es una instrucción del máximo tribunal del país “y vamos a dar fiel cumplimiento a dicha instrucción”.

El regulador señaló que, lo primero que ordenó la Suprema, es que “nosotros tenemos que elaborar, y en estos días debiera estar listo, una circular que instruya a las isapres tres cosas. Primero, que restituyan los recursos que fueron cobrados por las alzas de precio base que se constituyeran en los meses de junio, julio, agosto, en los meses que hayan cobrado (...) Lo segundo, es que aquellas personas que hayan cambiado su plan producto de que no podían pagar esta alza, o esta adecuación, entonces tienen que volver, si así lo quieren, al plan anterior. Y lo tercero: aquellas personas que hayan salido del sistema, producto del encarecimiento asociado al alza, también tienen que las isapres posibilitarle su vuelta al sistema”.

La segunda instrucción que les entregó la Corte, continuó explicando el superintendente, son dos cuestiones clave. “La primera, es que la Superintendencia tiene que instruir un nuevo plazo para que las isapres puedan justificar debidamente una eventual alza que las isapres vayan a aplicar para el proceso 2022. Lo dice textualmente la Corte: dice que podría haber alza durante el año 2022 si es que las isapres son capaces de poder fundar dicha alza”. Y lo segundo, es que la Superintendencia tiene que verificar que dicha comunicación del alza esté debidamente fundada.

Torres comentó que “esto no es tan simple como emitir una circular, es un acto administrativo por el cual nosotros instruimos, sino que además tenemos que establecer un formato que nos permita verificar dicho cumplimiento, para que estrictamente tratemos de poder interpretar de la mejor forma posible este fallo de la Corte, y en eso están trabajando esta semana los equipos de estudios de la Superintendencia, y esperamos que esto pueda estar ojalá la próxima semana ya listo, para que se pueda ejecutar evidentemente lo antes posible este nuevo proceso, por cuanto la Corte ha sido clara en decir ´plazo prudencial´, por tanto, tenemos que hacerlo lo antes posible para poder retomar el proceso y normalizarlo”.

El senador Javier Macaya dijo al regulador, que según él interpreta, el fallo de la Corte debería cumplirse al mismo tiempo, es decir, que no solo la restitución de los recursos sea temprana y antes, sino también el nuevo proceso de adecuación.

Frente a ello, Torres respondió: “Estoy completamente de acuerdo con lo que plantea el senador Macaya, de hecho, nosotros estamos trabajando en paralelo, indistintamente que puedan ser una o dos circulares, estas debieran emanar en el mismo momento para poder dar cumplimiento el mismo día con aquello. En eso estamos completamente de acuerdo”.

Con todo, el superintendente clarificó que tras el fallo de la Suprema “hasta el día de hoy al menos no hay ninguna isapre que haya caído dentro de lo que denominamos insolvencia, desde la perspectiva del cumplimiento de estos tres ratios”, que son los de liquidez, patrimonio y garantía.

Agregó que “no significa eso que no siga habiendo un escenario de pérdidas, que ya observábamos, a junio de este año llegaba a $73 mil millones, y evidentemente con el fallo, incluso los $10 mil millones recaudados van a tener que colocarse a disponibilidad de las personas. Lo recaudado en julio, seguramente también lo recaudado en agosto si es que lo hay, y eventualmente si hubiera en septiembre. Por lo tanto, eso significa que el escenario de pérdida, lo más probable es que por la vía de los menores ingresos, al menos sigas avanzando hasta que la situación no cambie”.

En la instancia, el presidente de Clínicas de Chile, Gonzalo Grebe, también recordó que a mayo de 2022 las isapres tenían $450 mil millones en pasivos con los prestadores, y dijo que entre marzo y mayo el alza fue de un 46%. También señaló que el corte de convenios que han hecho algunas clínicas con isapres son casos particulares que se han dado, pero “el hecho que algunos de nuestros prestadores estén cortando convenios, es porque la situación se hace insostenible. De alguna forma, el capital de trabajo que requiere seguir soportando la dilación de pagos, hace insostenible la situación, y esos prestadores han tenido que tomar la difícil decisión de cortar los convenios, de manera tal que los recursos puedan anticiparse por esa vía”.

El superintendente Torres señaló que están todas las deudas de las isapres debidamente cubiertas con garantías, y agregó que la situación actual no es en lo absoluto lo que ocurrió cuando cayó la ex isapre Masvida.

Frente a ello, Grebe dijo que “nuestra única y gran preocupación ha sido que no se repita la situación de Masvida, nos deja muy tranquilos los comentarios que ha hecho el superintendente, respecto a la revisión y también al incremento de las garantías, pero también yo creo que es importante tener claro que un porcentaje importante de dichas garantías están garantizadas con boletas bancarias, por lo tanto, cuando hoy día estamos en un sector, incluso con algunas desafortunadas declaraciones de que el sector va a desaparecer en el corto plazo, yo les pregunto a ustedes si como institución financiera pudieran estar dispuestos a seguir renovando esas garantías, asumiendo la insostenibilidad, o la inviabilidad de un sector”.

Así, agregó: “Hoy día garantías que aparecen en el papel, como íntegras, la verdad es que es una situación que se puede esfumar muy rápido, producto de la no renovación de las boletas por parte del sector financiero”.

El superintendente respondió que un 58% del total de la garantía constituida, corresponde a boletas de garantía. “Efectivamente es la mayoría, pero es un 58%. Ahora, hemos estado evaluando la posibilidad de que puedan incluirse otro tipo de instrumentos, distintos a los que hoy día se están usando, de tal forma de poder cambiar en algún porcentaje estas boletas de garantía por este otro instrumento, pero tenemos también que garantizar que la Superintendencia tenga acceso rápido y oportuno a los recursos si eventualmente así se requiriera”, puntualizó Torres.

Fuentes de la industria comentan que una alternativa podrían ser pólizas de seguros.