Retiro de fondos: gobierno desecha que indicaciones de oposición aminoren efectos dañinos sobre pensiones e inflación
El ministro del Trabajo, Patricio Melero, afirmó durante la sesión en la sala del Senado que "los posibles cambios sólo amortiguan marginalmente el deterioro financiero y previsional que produciría, afectando a todos los hogares, en mayor grado a los más pobres y de clase media".
Poco después de las 9 de la mañana se inició la tramitación en la sala del Senado del proyecto que permite un cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. Y tal como se tenía previsto, el presidente de la Comisión de Constitución, Pedro Araya, instancia que revisó el proyecto y lo aprobó, leyó el contenido de la moción.
Luego fue el turno del gobierno. El encargado de tratar, una vez más, de persuadir a los senadores de que el proyecto que permite un cuarto retiro de los fondos de pensiones es perjudicial para la economía, para las pensiones y que beneficia a los sectores de mayores recursos fue el ministro del Trabajo Patricio Melero.
Y si bien la oposición trabaja en una serie de indicaciones para aminorar los impactos negativos, Melero las desecho una a una. Entre las modificaciones del bloque está el limitar la posibilidad de retiro de los fondos de pensiones a todas aquellas personas que tengan un ingreso mensual de $4 millones hacia abajo, es decir, todos aquellos que tengan salarios mayores a ese monto no podrán retirar sus recursos.
Asimismo, se fija como límite el pago de impuestos para quienes tengan ingresos mensuales de $2,5 millones hacia arriba. Otro cambio relevante es que el pago se realice en dos cuotas de manera obligatoria para amortiguar los impactos en el mercado financiero. Y la última que estaría acordada sería el retirar de este proyecto la posibilidad del anticipo de las rentas vitalicias.
Todas ellas fueron analizadas por Melero, quien minimizó que tuvieran efectos paliativos.
Sobre la idea de prohibir los retiros para personas con rentas superiores a los $4 millones, el ministro dijo que suponiendo una distribución de renta de los afiliados similar a la población general, “sólo cerca de 2% de ellos no podrían realizar retiros por tener una renta superior al tope”. Además, sostuvo que esta indicación “sería impracticable” en razón a que, según comentó, “es imposible conocer al momento del retiro quiénes han recibido ingresos mensuales superiores al monto señalado. Ello solo se conocerá en abril del próximo año, durante la Operación Renta 2022″.
Sobre la idea de fijar un tributo, Melero aseguró que “si una indicación propusiera gravar con impuesto los retiros de personas que perciban rentas superiores a $2,6 millones, la experiencia del segundo retiro de fondos de pensiones demostró que los impuestos sólo disminuyen marginalmente la propensión a realizarlo. Por tanto, incorporar el pago de impuesto para quienes tienen rentas superiores a $2,6 millones no afectaría significativamente el impacto de estos retiros”.
En cuanto al planteamiento de pactar el pago en dos cuotas, el titular del Trabajo argumentó que “no genera mayor diferencia. Dilata y posterga el daño, pero no cambia el resultado final, que es la liquidación forzosa de activos y la consecuencial devaluación de instrumentos, en especial los de renta fija a largo plazo”. En ese sentido, aseveró que “esta es la causa detrás de la caída en los fondos de pensiones y de la no disponibilidad de créditos hipotecarios a largo plazo. Este es el motivo por el cual a nuestros jóvenes hoy les resultará más difícil acceder a la vivienda propia y de que los pensionados o quienes están próximos a pensionarse vean disminuir progresivamente sus ahorros previsionales en momentos en que necesitan certeza y tranquilidad para su jubilación”.
En la misma línea, argumentó que “las cuotas no ayudarían a paliar la inflación, y generan igualmente una presión en la demanda local, sobre todo porque las personas se adelantan a futuros ingresos”.
Para el secretario de Estado, “todo esto nos lleva a concluir que las posibles indicaciones sólo amortiguan marginalmente el deterioro financiero y previsional que produciría, afectando a todos los hogares, en mayor grado a los más pobres y de clase media, pero están lejos de convertirlo en un buen proyecto y de justificar su aprobación”. Y por ello hizo un último llamado al Senado “a que ponderen en su respectivo análisis y decisión todos los efectos negativos que han sido ampliamente advertidos”.
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