Rodrigo Topelber (44), socio de los hermanos Ariel y Daniel Sauer en la intermediaria STF Capital y la empresa de factoring Factop, presentó el lunes un requerimiento ante el Tribunal Constitucional con el que intenta evitar su quiebra. El empresario mantiene una fuerte disputa con el Fondo de Inversión LarrainVial Facturas, luego que este último pidiera, el 7 de marzo, la liquidación forzosa del empresario por el no pago de una deuda de UF 59.320 ($ 2.164 millones).

En su presentación, el ingeniero en administración de empresas pidió la suspensión juicio de quiebra iniciado por Larrain Vial que busca decretar su liquidación forzosa, asegurando que es una “medida indispensable y urgente”.

La solicitud de Topelberg ante el TC se produjo un día antes que se divulgara un audio donde el abogado Luis Hermosilla, Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos comentaban en privado sobre pagos irregulares a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Según su presentación, Topelberg es accionista minoritario (con un 6,67% de las acciones) de la compañía de factoring llamada Factop. Junto a sus hermanos, Topelberg suma el 25%, el mismo porcentaje que individualmente tienen Ariel y Daniel Sauer, más el padre de ambos, Alberto Sauer, quienes suman así el 75%.

En concreto, Topelberg solicitó al Tribunal Constitucional declarar la inaplicabilidad de un precepto de la Ley de Reorganización y Liquidación de Empresas y Personas que, sostienen sus abogados, “contra toda exigencia mínima de igualdad, racionalidad y justicia, le impide defenderse alegando que no concurre la causal de liquidación invocada (la cesación de pagos), exponiéndolo a la liquidación de todo su patrimonio, pero atado de manos”. Por lo mismo, pide decretar la inaplicabilidad de esa disposición y suspender la tramitación de juicio civil en su contra, tramitado en el 25 Juzgado Civil de Santiago.

“El problema es que los títulos en los que LarrainVial funda el supuesto estado de cesación de pagos de Topelgerg son falsos y/o nulos, pues son fruto de fraudes y engaños de los que nuestro representado ha sido víctima. Así, el presupuesto basal de la demanda de liquidación derechamente no existe”, consignó la presentación patrocinada por el abogado José Coz.

En el mismo escrito, Topelberg explicó que hace unos meses la prensa reveló que los hermanos Daniel y Ariel Sauer Adlerstein -principales accionistas del factoring- utilizaron a Factop y a otras compañías de las cuales son socios, accionistas, ejecutivos, directores y/o representantes, o sobre las cuales ejercen control fáctico, para crear un mecanismo ilegal de financiamiento, en favor de personas naturales y jurídicas que, aparentemente, no accedieron a servicios financieros mediante el mercado formal.

“Para obtener dinero del mercado de valores o del mercado de productos, los señores Sauer emitieron o procuraron la emisión de facturas ideológicamente falsas (por bienes o servicios que jamás fueron entregados o prestados) o físicamente falsas, a través de sociedades que administran o controlan jurídica o fácticamente. Entre éstas se encuentra Factop”, consignó.

“En este esquema de financiamiento, los hermanos Sauer han ordenado, gestionado o propiciado la emisión de facturas falsas a decenas de sociedades y personas naturales. Esta operación les permitía que Factop obtuviera fondos para proveer financiamiento a terceros, pero producía como efecto que la compañía contrajera cuantiosas deudas, que luego iba paliando mediante la emisión de nuevas facturas falsas que volvía a transar para pagar parte de sus deudas”, consignó el escrito.

Topelberg explicó que él “no participaba ni tenía conocimiento de estas operaciones ni de la administración o control de Factop”. “Sólo tomó conocimiento de este esquema con ocasión de un procedimiento sancionatorio llevado por la Comisión para el Mercado Financiero en contra de la corredora de bolsa STF, también controlada por los hermanos Sauer, quienes de hecho fueron sancionados personalmente por el órgano fiscalizador”, acotó el requerimiento de inaplicabilidad constitucional.

En el mismo relato, su defensa sostuvo que “Topelberg se ha visto perjudicado por el esquema de financiamiento irregular descrito porque las deudas contraídas por Factop fueron caucionadas con garantías personales (aparentes) que comprometieron su patrimonio”. “Y decimos aparentes porque éstas fueron otorgadas como consecuencia inmediata y directa del engaño orquestado o, derechamente, mediante la falsificación de la firma del señor Topelberg, que ha motivado la interposición de ya dos querellas. La cuestión es que, sobre la base de estas obligaciones emanadas de engaños y actos inexistentes, LarrainVial sostiene que el señor Topelberg debería ser declarado en liquidación por, supuestamente, haber cesado en el pago de estas deudas aparentes”, añadió.

“Así como se da la oportunidad y medios a LarrainVial para imputar un estado de cesación de pagos, lo igualitario, racional y justo sería que el señor Topelberg tuviera también la oportunidad y medios para controvertir dicha imputación, de manera que la sentencia definitiva que se dicte se pronuncie sobre ello”, agregó.