En medio de la polémica por la divulgación del audio de la conversación entre Daniel Sauer y los abogados Luis Hermosilla y María Leonarda Villalobos, en el que planeaban eventuales sobornos a funcionarios de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y del Servicio de Impuestos Internos (SII), la familia Topelberg irrumpe en la reorganización del factoring Factop.

El pasado viernes, Rodrigo Topelberg Kleinkopf, socio de los Sauer en dicho factoring y en la intermediaria STF, a través de dos de sus sociedades verificó créditos impagos por $1.137.077.572. En la misma línea, sus padres y su hermana también solicitaron sumarse a la lista de acreedores del proceso con millonarios fondos.

Topelberg ha manifestado en tribunales que desconocía la operación con facturas falsas de Factop y que es una víctima de los hermanos Daniel y Ariel Sauer. También ha dicho que su firma fue falsificada para justificar el acceso a millonarios créditos, fundando sus acusaciones con informes caligráficos.

Su madre, Aida Kleinkopf Waissbluth, también solicitó la restitución de $339.652.076. De igual manera, la hermana del empresario, Nicole Topelberg Kleinkopf pidió la devolución de $322.577.500. En tanto, su padre, Enrique Topelberg Dolber, solicitó al factoring el pago de $560.825.720. Todos ellos -a excepción de este último- son asesorados por el abogado José Clemente Coz, socio de Coz & Blavi, y verificaron créditos por $2.360.132.868 ante el 7° Juzgado Civil de Santiago. A diferencia de su esposa y sus hijos, Enrique Topelberg no exigió el pago de dineros entregados a través de contratos mercantiles, si no la devolución de los fondos adeudados por medio de cheques.

La verificación de créditos es un procedimiento contemplado en la Ley de Insolvencia y Reemprendimiento, en el cual todas las personas naturales y jurídicas acreedores de una sociedad en problemas financieros pueden solicitar la restitución de sus fondos, de acuerdo a un plan de pago. El plazo para la verificación de créditos expiró el pasado viernes 1 de diciembre y el 14 de diciembre culminará el periodo para manifestar objeciones.

El monto mencionado representa un 4% del total de los pasivos de la compañía que busca evitar su quiebra y que mantiene deudas por $59.304 millones. Sus tres principales acreedores son Tanner Servicios Financieros, con $5.919 millones, representando 12,6% del total, seguido por el fondo inglés Global SME Growht Fund LP, con $ 5.548 millones (11,8% del total) y el Fondo de Inversión Privado Facturas, representado por BTG, con $1.823 millones (3,8%).

En su presentación, Rodrigo Topelberg sostuvo que Factop adeudaría a Sociedad de Inversiones Narek Limitada la suma de $573.215.605, más intereses, reajustes y costas. El empresario sostuvo que la deuda con su sociedad se habría originado producto de la entrega de dos depósitos a plazo en el BancoEstado para enfrentar las obligaciones financieras del factoring.

El primer depósito a plazo fue por US$543.177 y un segundo por $137.218.026 al 30 de junio de 2023.

En esa misma línea Topelberg, a través de la Sociedad de Inversiones Toklein Limitada, solicitó la verificación de un crédito por $563.861.967. Al respecto, sostuvo que su sociedad celebró con Factop dos contratos de cuenta corriente mercantil en dólares.

La madre de Rodrigo Topelberg, Aida Kleinkopk Waissbluth, indicó en su presentación que celebró con Factop un contrato de cuenta corriente mercantil en pesos. Luego de recibir los dineros, el factoring se obligaba a reconocer ese crédito y liquidarlo.

“Según consta en un memorando emitido por Factop, al día 7 de marzo de 2022 la cuenta corriente generaba un crédito favorable a mi representada de $308.775.076. Este crédito no fue saldado, y como aparece en otro memorando enviado por la empresa deudora, al 31 de diciembre del año 2022 esta adeudaría la suma de $339.652.076″, consignó la acción.

Su hermana, Nicole Topelberg, explicó en su presentación que el 11 de noviembre de 2020 firmó un contrato de cuenta corriente mercantil en dólares con el factoring. En el contrato de cuenta corriente se estipuló en su cláusula tercera que los créditos reconocidos devengarían un interés de 1% mensual. “Lo anterior significa que, a la fecha, la empresa deudora no solamente adeuda el capital respectivo, sino también los intereses acumulados de más de tres años de relación. De esta acreencia, solo $280.000.000 fueron reconocidos por la empresa deudora en el certificado de deudas acompañado, lo que exige a esta parte verificar créditos de su acreencia incorporando la diferencia estimada de $42.577.500″, señaló.

Por su parte, Tanner solicitó al tribunal declarar como bienes no esenciales cuatro oficinas de Factop, ubicadas en Alonso de Córdova, Las Condes. Además de 20 estacionamientos y cuatro bodegas. Todo ellos fueron calificados por el factoring como bienes esenciales para la continuidad de giro de la compañía.

A su parecer, “la empresa deudora puede funcionar prácticamente en cualquier parte, y la prudencia aconseja que los arriendos de inmuebles se realicen en sectores más ecómicos y acordes al volumen de negocios que eventualmente, en caso de aprobarse el acuerdo, ejecutará la deudora”.

“Luego de los diversos escándalos y conflictos que han salido a la luz pública, y que son de público conocimiento, relacionados con la empresa deudora y sus socios, ¿realmente cree la empresa deudora que el volumen de operaciones que tendrá permitirá mantener 4 oficinas, con 20 estacionamientos (y 4 bodegas) en unos de los sectores inmobiliarios más caros del país? ¿No será más bien prudente que, para el caso de aprobarse hipotéticamente el acuerdo de Reorganización – lo que aún es completamente incierto – la empresa deudora arriende oficinas más modestas y económicas y desde luego con menor metraje cuadrado?”, concluyó.

“Los inmuebles en cuestión, sobre los cuales recaen parte de las garantías hipotecarias, no son de propiedad de Factop, sino de Inversiones DAS Limitada; todo lo cual no hace sino reforzar el hecho de que los mismos no son imprescindibles para la explotación del giro”, concluyó.