Asesorías e Inversiones Sartor presentó la semana pasada un requerimiento ante el Tribunal Constitucional para frenar un proceso de liquidación forzosa que BCI Corredor de Bolsa inició en su contra ante el 13° Juzgado Civil de Santiago. El centro de la disputa es la aplicación del artículo 47 de la Ley de Mercado de Valores (LMV), una norma que permite a las corredoras de bolsa generar documentos con mérito ejecutivo sin necesidad de que sean revisados previamente por un tribunal.

Según el escrito, BCI utilizó esta disposición para emitir una liquidación en diciembre de 2024, lo que le permitió presentar su solicitud de liquidación en enero de este año. Según Sartor, esta norma otorga a la corredora de bolsa un privilegio procesal, permitiéndole forzar su quiebra sin otorgarle la posibilidad de una defensa justa. En el escrito presentado ante el Tribunal Constitucional, Sartor advierte que la aplicación de esta norma puede generar consecuencias graves y que, en este caso específico, convertiría a BCI en una “comisión especial” con el poder de decretar su liquidación sin pasar por un juez natural.

Durante más de seis años, BCI y Sartor mantuvieron una relación comercial en la que la corredora actuaba como referenciador de clientes, agente colocador de valores y socio comercial en diversas operaciones. Sin embargo, la situación cambió a fines de 2024, cuando la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) tomó una serie de medidas que afectaron el modelo de negocio de Sartor AGF, la administradora de fondos del grupo Sartor. Entre noviembre y diciembre, la CMF suspendió los aportes y rescates de los fondos gestionados por la administradora y posteriormente revocó su autorización de existencia. Esta ofensiva regulatoria afectó la estabilidad financiera de Sartor y generó incertidumbre en sus operaciones.

En medio de este escenario, BCI decidió romper la relación comercial con Sartor. El 12 de diciembre de 2024, notificó el término de un contrato de compraventa a plazo que ambas partes habían suscrito el mes anterior y, semanas después, el 26 de diciembre, emitió una liquidación por un total de $5.699 millones. Según Sartor, esta operación se realizó sin que la corredora entregara las cuotas de los fondos de inversión comprometidas en el acuerdo. Pese a ello, BCI procedió a iniciar el proceso de quiebra en tribunales el 9 de enero de 2025.

La acción es patrocinada por el abogado Antonio Rubilar, socio de AZ Abogados.

Sartor argumenta que BCI utilizó el artículo 47 de la LMV para evitar someter la disputa a una revisión judicial y así imponer su propia versión de los hechos sin derecho a réplica. En su presentación ante el Tribunal Constitucional, la firma de inversiones sostiene que esta norma le permitió a la corredora liquidar unilateralmente la deuda y desconocer cláusulas contractuales que obligaban a ambas partes a resolver cualquier controversia mediante un árbitro.

En el contrato, Sartor y BCI habían acordado expresamente que cualquier disputa sobre la validez, cumplimiento o terminación de las operaciones debía ser resuelta por un juez árbitro. Sin embargo, la corredora prescindió de este mecanismo y recurrió directamente a la liquidación forzosa. Sartor señala que la corredora se aprovechó de esta situación para emitir un título ejecutivo por su cuenta, sin control judicial ni la intervención de un tercero imparcial.

Además, la firma de inversiones acusa que BCI utilizó la liquidación para exigir el pago de la deuda sin haber entregado las cuotas de los fondos de inversión pactadas en el contrato. Según Sartor, la corredora de bolsa no solo retuvo estos activos, sino que además demandó el pago total como si la entrega se hubiera efectuado, generándose así un doble beneficio.

“Un acto de autotutela evidente que lo dotó de potestades exorbitantes para determinar su propia voluntad, constituyéndose en una verdadera comisión especial para establecer – con riesgo real – la quiebra de Sartor, contrariando los términos del inciso quinto del artículo 19 N° 3 de la CPR, que consagra la garantía del derecho a un juez natural y la prohibición de comisiones especiales”, consignó el escrito de Sartor.

Sartor advierte que la aplicación del artículo 47 de la LMV en este caso vulnera principios fundamentales de la Constitución, como el derecho al debido proceso, la igualdad ante la ley y el derecho de propiedad. La empresa plantea que esta norma crea un desequilibrio procesal, ya que permite a una corredora de bolsa liquidar unilateralmente una operación y generar títulos ejecutivos sin necesidad de pasar por un tribunal.

En su requerimiento, la firma argumenta que la aplicación de esta norma restringe gravemente su derecho a defensa, ya que el juez civil que lleva la causa solo necesita invocar el artículo 47 para acoger la liquidación solicitada por BCI. Sartor asegura que este procedimiento no es justo ni racional, pues elimina la posibilidad de presentar pruebas o cuestionar la validez del título ejecutivo que la corredora se generó a sí misma.

Asimismo, la empresa manifiesta que esta disposición otorga un trato desigual en comparación con otros actores del sistema financiero, ya que ninguna otra entidad en Chile cuenta con un mecanismo similar para forzar la ejecución de deudas sin revisión judicial. Además, Sartor señala que esta norma le permitió a BCI desconocer la cláusula arbitral del contrato, lo que constituye una vulneración directa a su derecho de propiedad sobre las condiciones pactadas.

Finalmente, en su escrito Sartor afirma que la norma impugnada otorga un poder excesivo a las corredoras de bolsa, permitiéndoles resolver contratos de manera unilateral, emitir títulos ejecutivos sin supervisión y forzar la liquidación de empresas sin una revisión de fondo, y enfatiza que de aplicarse el artículo 47 en su caso, se estaría sentando un precedente peligroso que permitiría a otras corredoras actuar de la misma manera.