Sartor recurre a la justicia para terminar con “corralito” impuesto por la CMF

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El pasado 15 de noviembre, la CMF emitió la Resolución Exenta N°10.614, donde ordenó congelar los aportes de los fondos administrados por Sartor y que la firma se abstenga de realizar inversiones directas o indirectas en instrumentos, contratos y bienes emitidos por personas relacionadas a la firma o a sus directores o accionistas.


Sartor Administradora General de Fondos interpuso un recurso de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la decisión de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) de suspender, como medida preventiva, los aportes a los fondos mutuos y de inversión públicos que administra la compañía financiera.

El pasado 15 de noviembre, la CMF emitió la Resolución Exenta N°10.614, donde ordenó congelar los aportes de los fondos administrados por Sartor y que la firma se abstenga de realizar inversiones directas o indirectas en instrumentos, contratos y bienes emitidos por personas relacionadas a la firma o a sus directores o accionistas. Y el 6 de diciembre, mediante la Resolución Exenta N°11.411, ratificó la decisión al rechazar un recurso de reposición de la administradora contra la medida administrativa.

La acción judicial, interpuesta por el abogado Antonio Rubilar, socio del estudio Albagli Zaliasnik, dice que busca que “se declare que ambas resoluciones reclamadas son ilegales, ordenándose, en consecuencia, que se dejen sin efecto, o, en subsidio, se ordene modificar dicha resolución en términos tales que no sea contraria a derecho”.

La CMF había aplicado esta especie de “corralito” a los fondos gestionados por Sartor porque, según el órgano regulador, “constató que una parte relevante de los recursos de los fondos mutuos y de inversión públicos administrados por Sartor AGF financiaron créditos emitidos por personas vinculadas a los directores y accionistas mayoritarios de la sociedad”, lo que constituiría infracciones a la normativa que los rige. La medida duraría 30 días corridos, plazo que se venció el domingo pasado.

En su recurso al tribunal de alzada de 31 páginas, Sartor reclama que pasado más de un mes de la orden de la CMF, no existe un procedimiento sancionatorio ni una identificación de riesgos, ni menos un pronunciamiento final sobre esta situación. Señala que la CMF solo ha levantado ciertas observaciones y luego “se formularon reproches no informados que llevaron a tomar decisiones de alto impacto financiero”, agrega el documento, donde recuerda que la gestora de inversiones ha desarrollado un proceso de cooperación para responder a tales observaciones, por lo que plantea una pregunta al órgano regulador: “¿En qué minuto este proceso de colaboración y mutuo entendimiento se transformó en una instancia de desprestigio y hostigamiento constante hacia Sartor?”.

Pedro Pablo Larraín, Sartor
Pedro Pablo Larraín, presidente de Sartor.

En ese sentido, admite que la resolución de la CMF “ha terminado en perjudicar gravemente a Sartor, tanto económicamente como en su reputación en el mercado, así como a sus aportantes por el valor de sus inversiones”. Esta situación, agrega, “conlleva el inicio de un proceso de desinversión que, por su magnitud y plazos acotados, provoca la necesidad de enajenar los activos más líquidos y atractivos de la cartera a otros actores de mercado a precios que podrían conllevar descuentos relevantes, lo que genera un riesgo de afectación de los intereses de los aportantes que no han solicitado rescates”.

Según la propia CMF, entre el 15 de noviembre y el 3 de diciembre de este año se produjeron solicitudes de rescates de cuotas de fondos tanto nacionales como extranjeros administrados por Sartor que representaban un 34% del total de los activos gestionados a la fecha de la resolución del regulador que dictó las medidas preventivas en contra de la administradora de fondos.

Ante lo que la gestora de fondos considera una acción ilegal y una “errática manera” de actuar por parte de la CMF, Sartor anunció que se reserva el derecho de exigir una indemnización de perjuicios u otras acciones legales posteriores.

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