El lunes de la semana pasada, la directora regional del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) de Biobío, María Eliana Vega Fernández, envió un correo electrónico al abogado Simón Sánchez, miembro del Departamento de Estudios y Desarrollo de la División de Evaluación Ambiental y Participación Ciudadana (Devapac), área liderada por el abogado Juan Cristóbal Moscoso, quien ha sido denunciado por funcionarios por “acoso laboral” y “maltrato”. En la misiva, la directora indicó al funcionario que debía comparecer el miércoles 23 de octubre a las 9:30 horas para declarar en el marco de un sumario interno.

Según el correo, el 3 de octubre, la Dirección Ejecutiva del SEA, encabezada por la abogada Valentina Durán, instruyó un sumario administrativo para investigar “los hechos y circunstancias relacionados con la exposición no autorizada de antecedentes de carácter interno del SEA y de otros documentos que, alojados exclusivamente en la casilla electrónica de nuestra Directora Ejecutiva y de otros funcionarios, fueron divulgados al público en la edición del jueves 26 de septiembre de 2024 a las 11:57 a.m., en la sección ‘Pulso PM’ del diario La Tercera. El artículo, titulado ‘La trastienda de la salida del jefe del SEA de Antofagasta tras fallido proyecto de Colbún’, aborda la renuncia no voluntaria del Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, Ramón Guajardo.”

Pulso PM tuvo acceso a la declaración de Simón Sánchez, quien fue interrogado por la directora regional, quien asumió el rol de fiscal administrativa para indagar quien filtró información referida a la remoción del director en Antofagasta. Esto ocurrió después de que el organismo regional decidiera poner fin anticipadamente a la evaluación ambiental del proyecto Central de Bombeo Paposo de Colbún, al considerar que la iniciativa no contaba con la información esencial para ser sometida a revisión. La inversión prevista para el proyecto ascendía a US$1.400 millones y su rechazo generó una fuerte molestia en la eléctrica controlada por la familia Matte.

Durante su declaración en el sumario administrativo, Sánchez negó cualquier participación o interés en la filtración de la carta de renuncia de Ramón Guajardo y, además, describió un ambiente laboral que consideró “riesgoso” en su división del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Al ser consultado sobre el clima laboral, mencionó que temía “represalias de mi jefe de división, quien ha sido denunciado por maltrato”. Sánchez describe un ambiente laboral en su división que tenso y complicado.

El testimonio de Sánchez, más allá de negar cualquier vinculación con el caso, reveló un contexto de tensiones internas en su división, en el que el temor a represalias y las denuncias por maltrato en su entorno laboral han impactado en su percepción de seguridad en el trabajo.

El abogado Simón Sánchez declinó efectuar comentarios sobre este artículo.

Desde el SEA confirmaron el “inició un sumario para recabar antecedentes ante graves filtraciones de documentos e información interna, en cumplimiento del Estatuto Administrativo y de las instrucciones de la Contraloría General de la República”.

La declaración de Sánchez se produce en medio de un complejo escenario laboral interno a raíz de denuncias de funcionarios en contra de Moscoso. El 15 de octubre, cuatro funcionarios interpusieron una denuncia de tutela laboral en contra de la entidad y su dirección ejecutiva, liderada por Valentina Durán Medina, acusando vulneración de derechos fundamentales en el marco de un ambiente laboral descrito como hostil, violento y profundamente negligente. Los demandantes —Camila Sepúlveda, Lu Contreras, Camila Ramírez y Diego Trecaman— señalan haber sido objeto de maltrato, acoso laboral y discriminación por parte de superiores, entre los que se menciona a Juan Cristóbal Moscoso, Macarena Gross, Andrea Peña, Camila Carrasco y Andrea Paredes. A través de sus testimonios, los denunciantes describen una atmósfera que, según sus palabras, “desconoce los valores de protección” y en la cual impera “un sistema de violencia tolerado por la Dirección”.

Se trata de la tercera acción judicial en contra de la administración que lidera la directora ejecutiva del SEA Valentina Durán. Esto luego que el 14 de diciembre de 2023, Bárbara Rojas, ingeniera ambiental, interpusiera la primera acción judicial, denunciando haber sufrido acoso. Posteriormente, Jimena Hevia, geógrafa y jefa del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano, también presentó una demanda, acusando un “ambiente laboral tóxico”.

En este último proceso judicial, el SEA, asesorado por el abogado Jorge Arredondo, socio de AZ, anunció el listado de testigos que presentará en el juicio. Se trata de 11 funcionarios y directivos de altos cargos de la institución.

Entre ellos se encuentran Aldo Rosenblum, jefe de la División de Administración y Finanzas; Francisca del Fierro, jefa de la División Jurídica; Tagrid Safatle, jefa del Departamento de Litigios; Matías Ortiz, jefe de gabinete; Andrea Peña, jefa del Departamento de Asistencia a la Evaluación Ambiental; Andrea Paredes, jefa del Departamento de Evaluación Ambiental; Camila Carrasco, jefa de Estudios y Desarrollo de Devapac; Macarena Gross, jefa del Departamento de Cambio Climático; Rocío Pavez, evaluadora ambiental del Departamento de Estudio y Desarrollo; Claudia Pezoa, secretaria; y Juan Cristóbal Moscoso, de la División de Evaluación Ambiental y Participación.

Por su parte, la defensa de la denunciante ofreció 13 testigos, incluyendo al denunciado Moscoso. Entre ellos se encuentran: Paul Lorca, jefe (s) del Departamento de Participación Ciudadana, Consulta Indígena y Evaluación del Medio Humano, y los evaluadores ambientales Diego Trecaman, Camila Ramírez, Camila Sepúlveda, Gonzalo Jiménez y Luisa Contreras.