Sebastián Dávalos, exdirector del Área Sociocultural de la Presidencia del segundo gobierno de su madre, Michelle Bachelet entre marzo de 2014 y febrero de 2015, interpuso el viernes 30 de agosto ante el Segundo Juzgado Civil de Rancagua una demanda de responsabilidad civil extracontractual e indemnización de perjuicios por abuso del derecho en contra de Gonzalo Vial Concha, y su sociedad Inversiones Graneles del Sur.

La acción legal tiene su origen en una larga y mediática batalla judicial derivada del “Caso Caval,” en la cual Dávalos fue acusado de delitos como estafa e infracción a la propiedad intelectual. Estas acusaciones, según la demanda, carecían de fundamento y fueron utilizadas de manera maliciosa para desviar la atención de una investigación paralela en contra de Vial Concha.

El “Caso Caval” comenzó en 2015 y está relacionado con la compraventa de terrenos en la Región de O’Higgins. En la investigación de este caso se conoció que la sociedad Graneles S.A. pagó a Caval una suma millonaria por supuestas asesorías, lo que despertó sospechas en la Fiscalía. En 2016, Gonzalo Vial y Graneles S.A. interpusieron una querella criminal contra Dávalos, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, la cual dio inicio a una larga serie de investigaciones y procedimientos judiciales que se prolongaron durante años. En esa acción judicial, Vial fue representado por el abogado Luis Hermosilla, quien siguió trabajando al menos hasta 2023 con el empresario.

Según la demanda, a lo largo de este proceso, Dávalos fue sometido a diversas medidas cautelares que limitaron su libertad personal y afectaron gravemente su vida profesional y personal. Además, su reputación fue destruida por el constante escrutinio mediático. A pesar de la falta de pruebas concluyentes, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado continuaron con el juicio, lo que llevó a una absolución de Dávalos en junio de 2023, acusa Dávalos en su demanda. La Corte de Apelaciones de Rancagua determinó que no se habían acreditado los elementos necesarios para sostener las acusaciones en su contra.

“En cuanto a su honra, por la gravedad de la naturaleza de los delitos que se le imputaban, fue sometido a un constante y despiadado escarnio público, que destruyó su vida personal y profesional, viéndose expuesto a un continuo asedio de críticas y juicios mediáticos que parecían no cesar nunca, contribuyendo a un desgaste significativo y una exposición pública que sobrepasó cualquier noción de justicia.”, consignó la acción judicial patrocinada por el abogado Félix Antolin.

En conversación con Pulso, Gonzalo Vial Concha afirmó: “Llegamos a un acuerdo privado y las partes quedaron conformes, cerrando así el caso con Caval.”

Vial expresó su sorpresa ante la nueva demanda: “No tengo idea de esta demanda e insisto en que ya habíamos llegado a un acuerdo. No entiendo la razón de esta demanda si ya se había alcanzado un acuerdo entre las partes. Es un aprovechamiento, y desconozco el motivo. Habíamos llegado a un entendimiento y se puso fin a la litigación.”

“Si la gente de Caval firmó es porque ambas partes estaban conformes. A mí me involucraron en el caso Caval cuando no era el caso Caval. Me extraña mucho porque este asunto ya se había terminado”, concluyó.

Según la demanda, Dávalos perdió una serie de oportunidades laborales significativas debido a la prolongada investigación judicial en su contra. Entre las más destacadas se encuentran importantes consultorías en el extranjero, específicamente en el sector privado de empresas sudamericanas, que tuvo que rechazar debido al arraigo nacional que se le impuso como medida cautelar. Estas oportunidades habrían sido clave para el desarrollo de su carrera y su estabilidad económica, pero la imposibilidad de salir del país las hizo inviables.

Dávalos acusó que sufrió la pérdida de negocios relacionados con las exportaciones de minerales, un área en la que, argumenta, tenía considerable experiencia y que representaba un flujo constante de ingresos. La investigación generó una desconfianza generalizada en torno a su persona, lo que llevó a diversas entidades, tanto nacionales como internacionales, a rechazar cualquier posibilidad de colaboración o contratación. Esta desconfianza, alimentada por el escrutinio mediático y la naturaleza de las acusaciones, erosionó su reputación profesional, dice.

Según Dávalos, también perdió la posibilidad de acceder a puestos de Alta Dirección Pública y otras ofertas en reparticiones públicas y como docente en varias universidades del país. Estas oportunidades habrían sido un reconocimiento a su trayectoria y conocimientos, pero fueron frustradas por el prolongado proceso judicial y el estigma asociado a las acusaciones que enfrentó, sostiene. Estas pérdidas laborales reflejan no solo el impacto económico, sino también el daño a su desarrollo profesional y personal, “afectando directamente su desarrollo profesional y estabilidad económica” durante los años que duró la investigación.

Dávalos reclama una indemnización total de $683.500.000 por los perjuicios sufridos a raíz de la querella criminal interpuesta en su contra por Gonzalo Vial Concha e Inversiones Graneles del Sur S.A. Este monto se desglosa en tres categorías principales: lucro cesante, daño moral y costas judiciales.

El mayor componente de esta suma corresponde al lucro cesante, valorado en $483.000.000. Este monto representa las ganancias que Dávalos dejó de percibir durante los ocho años que duró la investigación, debido a las restricciones impuestas sobre su capacidad para trabajar y a la pérdida de oportunidades laborales. A esta cantidad se suman $120.000.000 solicitados por daño moral, los cuales buscan compensar el “sufrimiento emocional, la ansiedad y la pérdida de confianza que experimentó durante todo el proceso judicial”.

Dávalos solicita el reembolso de $80.500.000 por concepto de costas judiciales, los cuales incluyen los honorarios de abogados y otros gastos derivados de su defensa en la querella criminal. Dávalos sostiene que los costos fueron tan significativos, que se vio obligado a vender sus inmuebles para cubrirlos.

Dávalos dijo a Pulso: “Está demanda lo que busca es reparación. Estamos hablando de una causa que duró más de 8 años y que como el mismo fallo señala, no tiene pruebas suficientes ni para justificar que se este frente a un delito. En todo este periodo el daño ha sido a todos los niveles. Personal, familiar, patrimonial, entre otros, para que después el querellante desista de manera unilateral y no se haga cargo de todo el daño generado. Gonzalo Vial no ha ofrecido ni una disculpa siquiera. Se le contactó vía carta y no fue capaz ni de responder. Eso demuestra que no hay interés en reparar el daño causado. Yo fui absuelto por 3 a 0 y la fiscalía ni siquiera apeló. Entonces, ¿por qué Gonzalo Vial cree que puede usar a la justicia chilena que ya está sobrecargada con causas que más parecen un capricho? Lo que corresponde es que Gonzalo Vial asuma su responsabilidad y se haga cargo de todo el daño causado”.

Y añadió: “Gonzalo Vial puede haber llegado a un acuerdo con Caval, pero yo no soy socio ni parte de Caval, yo no llegué a ningún acuerdo con él porque sabía que íbamos a ver en un juicio. Su abogado también lo sabía y estaba preocupado justamente de las acciones civiles que podíamos tomar una vez finalizado el juicio. Ese acuerdo lo firmó Gonzalo Vial con Natalia Compagnon y Mauricio Valero a mis espaldas y yo solo me enteré de su existencia en una audiencia. No puede alegar ahora que él no sabía, si yo no firmé ese acuerdo y él tiene copia del mismo”.