Una rápida tramitación prevén integrantes de la comisión de Hacienda del Senado, del proyecto que crea el Fondo de Garantías Especiales, enviado a inicios de esta semana por el gobierno al Congreso. La nueva institucionalidad ingresó con discusión inmediata y será discutida este lunes por la instancia parlamentaria, lo que permitirá evacuar el proyecto en poco tiempo.

Su presidente, el senador Juan Antonio Coloma confirmó que la instancia “ve con harto interés este proyecto, que nació justamente de la conversación que tuvimos por la última capitalización del Fogape, dentro de la comisión, con el ministro de Economía”.

En dicha ocasión, los senadores expresaron su intención de que las garantías estatales también pudieran llegar a sectores afectados por el alza de la inflación, como la construcción. Por ello, el senador de la UDI valoró este nuevo fondo ya que abarca a empresas de mayor tamaño.

“Estamos hablando de constructoras y proyectos más grandes, y que como sabemos han estado afectadas por reorganizaciones, y es muy difícil que los bancos les presten recursos. Entonces, la lógica es que con esta capacidad de garantizar hasta un 70%, obviamente las condiciones se hacen mucho más favorables para acceder a créditos bancarios y de esta manera se pueda impulsar al sector”, dijo Coloma

El senador destacó además que el proyecto cuenta con incentivos para que la clase media pueda adquirir primeras viviendas, por lo que augura un buen futuro para la iniciativa. “Aquí hay un trabajo prelegislativo bien profundo, se discutió mucho. (...) Estábamos muy a la espera de que este proyecto ingresara; no es un tema desconocido, muy por el contrario, así que espero que la próxima semana pueda salir del Senado y que la Cámara lo tramite con la máxima velocidad posible”, dijo Coloma.

Al senador UDI se sumó el PPD Ricardo Lagos Weber, quien calificó el proyecto como “bienvenido” y destacó que la iniciativa crea una institucionalidad “permanente para apoyar a determinados sectores o industrias cuando surjan necesidades especiales”.

“Estas son medidas importantes que permiten reactivar la economía, dándole espacio a las familias para que puedan adquirir una vivienda propia como primera vivienda, y al mismo tiempo apoyar a las empresas que están dispuestas y en condiciones de invertir, pero requieren garantías adicionales para obtener los créditos bancarios respectivos”, indicó Lagos Weber.

Por su parte, el senador Daniel Núñez (PC) valoró que el proyecto permita enfrentar los riesgos de quiebra, ya que “nosotros estamos muy conscientes de que podemos vivir quiebras masivas de empresas, particularmente en regiones, donde hay menos oferta para participar en licitaciones y obras de construcción vinculadas a la inversión pública”, y destacó que las conversaciones con el Ejecutivo permitieron alcanzar un acuerdo para este año “para combatir el riesgo de mayor desempleo y por otro lado tener más empresas que participen en licitaciones públicas”.

“Vamos a apoyar con máxima prioridad esta iniciativa, la vamos a votar el lunes y espero que esté en la tabla de la sala del Senado para la próxima semana, y que sí o sí sea despachada por el Congreso antes del 31 de enero”, dijo Núñez, sobre el próximo fin del período legislativo.

La iniciativa que crea el Fondo de Garantías Especiales, contempla un patrimonio inicial de US$50 millones, con cargo a los activos disponibles en el Tesoro Público. El fondo podría sumar otros US$20 millones de patrimonio dentro de los primeros 12 meses desde la publicación de la ley, mediante decreto supremo, siempre y cuando el monto de las obligaciones garantizadas supere el 80% de la relación con el patrimonio del fondo. De duración indefinida, su creación

El proyecto también crea dos programas especiales. El primero, de Garantías Apoyo a la Construcción, tendrá una vigencia hasta finales del 2035, o hasta 12 años después de que se otorgue el último crédito garantizado. Permitirá garantizar financiamientos a empresas constructoras y del rubro inmobiliario a empresas con ventas anuales de entre 100 mil y 600 mil UF, las garantías no podrán superar el 70% del saldo deudor por colocaciones de hasta 150 mil UF. En el caso de las empresas con ventas mayores a las 600 mil UF, pero inferiores al millón de UF, las garantías no podrán exceder el 60% del saldo deudor, ni garantizar créditos por más de 250.000 UF.

En el segundo, de Garantías Apoyo a la Vivienda, permitirá que personas naturales garanticen hasta el 10% del valor de una vivienda, adquirida sin subsidio o beneficio estatal, y cuyo valor no supere las 4.500 UF. Dicha garantía no podrá superar los seis años, independiente del plazo otorgado para el financiamiento. Por ello mismo, el programa estará vigente hasta 2029, “o hasta 6 años después de que se otorgue el último crédito garantizado bajo este programa”, dice el proyecto de ley. Con todo, el proyecto busca que las familias puedan financiar únicamente un pie del 10%, lo que supone una mejora de las condiciones frente al 20% que exige actualmente la banca comercial.