“Somos 600 familias sin empleo. Señor presidente queremos trabajo. Señores empresarios, que sea digno”.

Ese fue el mensaje del lienzo que extendió a fines de octubre afuera de los tribunales en Santiago centro un grupo de trabajadores que formaban parte de las obras del paralizado proyecto “Eco Egaña Comunidad Sustentable” de Fundamenta en Ñuñoa.

Los obreros acudieron con sus cascos e implementos de seguridad a la oficina de partes de la Corte Suprema a entregar una carta dirigida al presidente del máximo tribunal del país, Juan Eduardo Fuentes Belmar, y solicitaron la reanudación de las obras.

Los trabajos del proyecto, que considera un complejo de cuatro edificios con una inversión de US$300 millones, se encuentran paralizados luego que el 4 de abril la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región Metropolitana resolviera emitir una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) desfavorable. A raíz de la decisión, la compañía -propiedad del empresario Pablo Medina- inició un proceso de desvinculación de 230 trabajadores que habían sido contratados por la constructora DLP.

Pulso tuvo acceso a la carta enviada por los trabajadores al presidente de la Corte Suprema. En ella se identificaron como dirigentes de los sindicatos DLP N1, Sindicato El Cerro N1 y Sindicato STU 3, y manifestaron su “inmensa preocupación” por la cesantía en que están sus asociados y el rubro en general.

El proyecto, que es cuestionado por un grupo de vecinos del sector de Irarrázaval con Américo Vespucio en Ñuñoa por la eventual disminución en las hora de luz solar debido a la altura y ubicación de sus torres, está en manos de la Corte Suprema. Esto, luego que los opositores a la iniciativa, representados por los abogados Jorge Cash y Paulina Elías, presentaran un recurso de casación para confirmar el fallo del Tribunal Ambiental de Santiago que cuestionó el impacto lumínico de la obra. En la misma senda, los abogados de Fundamenta, Edesio Carrasco y Rodrigo Benítez, junto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), acudieron a la Corte Suprema pero para insistir en la vigencia de la Resolución de Calificación Ambiental que anteriormente había sido otorgada el 19 de mayo de 2019, durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.

El caso hoy se encuentra en acuerdo, es decir los ministros de la Tercera Sala de la Corte Suprema ya han tomado una decisión y sólo resta la redacción de la sentencia.

Alfredo Palominos, gerente de Arquitectura de Fundamenta, explicó que “dentro de la institucionalidad vigente, esperamos que tanto la situación administrativa como judicial del proyecto Eco Egaña Sustentable se solucione en el más corto tiempo posible, lo que nos permitirá entregar una certeza a los miles de trabajadores vinculados en este proyecto en un periodo delicado que está viviendo el rubro inmobiliario. También entregará una certeza a las cientos de personas que han elegido vivir en él, fortaleciendo el desarrollo del rubro en nuestro país e incentivando el desarrollo económico que se ha visto desacelerado en el último tiempo, llevándonos a una situación límite”.

En la carta, los sindicatos explicaron que el sector de la construcción se encuentra en una situación sumamente compleja y que son muchas las empresas que han quebrado en estos últimos meses, dejando en la cesantía a miles de trabajadores, drama que se extiende a los núcleos familiares.

“Este temor toca a los miles de trabajadores de las empresas donde laboramos. Expresarle que este año por decisión administrativa del gobierno, se paralizó la obra de Eco Egaña, dejando a más de 600 trabajadores en la cesantía y cortando la posibilidad de generar más de 3.000 empleos en el transcurso de cinco años en dicha construcción. Esta obra contaba ya con las aprobaciones medio ambientales y cumplía con la ley vigente, sin embargo fue rechazada por las nuevas autoridades. Entendemos la preocupación es la protección del medio ambiente, en pos del buen vivir de los vecinos, pero esto se debe sopesar equilibradamente, no parando el desarrollo del país, ni afectando la fuente laboral de los sectores más precarizados de la producción”, consignó el texto.

“Luego de la paralización de las obras de Eco Egaña en abril de este año, se nos prometió ser parte de las diversas conversaciones para avanzar en la reanudación de la obra, cuestión que no se cumplió, y hoy la reanudación debe ser resuelta por la justicia. Visto esto es que queremos expresar nuestra opinión para encontrar una solución que permita el reinicio de la obra”, agregó la misiva.

También sostuvo que “los datos que acompañan esta preocupación son sombríos; la cesantía se cierne sobre los trabajadores y trabajadoras de la Región Metropolitana y de Chile. Vemos con profunda preocupación cómo quiebran las empresas en nuestro país; como Claro Vicuña, ASA, Distrimar, Dimar 2, Protec, 3L Triada, Santa Fe, GHG, RyH, Ambiental, Isa, Proyecta, Sencorp, la Cruz y tantas otras empresas”.

En esa misma línea, agregó que: “La inversión inmobiliaria disminuirá el año 2023 y caerá en un 45%, el Fondo Monetario Internacional indica que Chile sólo crecerá (caerá) 1,3% promedio anual, éstas son las peores cifras económicas desde la recuperación de la democracia”.

“Por este mismo medio esperamos tenga bien recibirnos para expresar todas estas particularidades que nos afectan, a fin de obtener la reanudación urgente de las obras de Eco Egaña, que es parte de la decisión de un poder tan importante como el judicial del cual usted forma parte”, concluyó la carta.