Que es una víctima de maniobras fraudulentas y que su firma fue falsificada. Esos son los principales argumentos que ha sostenido en tribunales Rodrigo Topelberg Kleinkopf, socio de Ariel y Daniel Sauer en el factoring Factop y en la intermediara STF, para responder a las acciones judiciales de sus acreedores. Esto, en medio de las esquirlas provocadas por la divulgación de un audio de la conversación privada entre los abogados Luis Hermosilla y Leonarda Villalobos con Daniel Sauer, en el que hablaban de eventuales actos de soborno a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Pulso tuvo acceso a tres cartas que Topelberg envió a sus principales acreedores por millonarias deudas contraídas por Factop y en las que él aparece como aval y codeudor solidario. Dichos textos forman parte de los expedientes judiciales iniciados por LarrainVial, Consorcio Financiero y la gestora de inversiones británica Advance Global Capital (AGC), a través de FIP Global SME Growth Fund LP (Global SME). En las tres misivas, advirtió a los directivos que perseguir el cobro de una deuda con un documento falsificado “acarrea severas consecuencias” bajo la nueva Ley de Delitos Económicos.

El 29 de agosto de 2023, el empresario envió una carta a nueve directores de Larraín Vial Asset Management Administradora General de Fondos: Pablo Castillo, Juan Luis Correa, Antonio Recabarren, Fernando Larraín, Aníbal Larraín, Eduardo Walker, Francisco García, Renato Sepúlveda y Tomás Zavala. Además, puso en copia al gerente general Ladislao Larraín.

En la misiva explicó que el Fondo de Inversión Facturas LarrainVial, administrado por la AGF de LV, presentó una demanda en la que le exige el pago de 59.320 UF ($2.170.123.728) y que se ha dado orden de embargo a la totalidad de sus bienes. Esto, debido a un supuesto documento financiero del 22 de agosto de 2022 en el que él aparece como aval, fiador y codeudor solidario de Factop Corredora de Bolsa de Productos.

Sin embargo, explicó en la carta que la firma que aparece en el documento no es la suya, pues -según él- jamás ha suscrito un instrumento semejante. “Se trata de una firma falsificada; peor aún, falsificada y autorizada ante el notario Luis Ignacio Manquehual Mery, titular de la Octava Notaría de Santiago. Hago presente que los daños que experimente con motivo de este proceso serán objeto de acciones judiciales de distinta naturaleza”, señaló.

También contó que el 10 de agosto de 2023, el abogado que patrocina la demanda de LarrainVial, Diego Abogabir Egaña, se reunió con su abogado para “intentar un cobro extrajudicial de esta supuesta obligación”. En dicha ocasión, Abogabir le habría dicho a su abogado que tenía certeza de que Topelberg habría firmado el cuestionado documento “a sabiendas de que estaría garantizando facturas ideológicamente falsas, adquiridas por vuestro fondo”. Según el mismo escrito, “Abogabir insistió en que contaba con tres testigos que declararían que yo asistí ese día a vuestras oficinas y que estaba en conocimiento de la falsedad de las facturas que se estaban avalando”.

Pero al otro día de la carta de Topelberg, el propio abogado Diego Abogabir desmintió las supuestas afirmaciones de la reunión que sostuvo con el asesor del empresario. También indicó que el 29 de mayo de 2023, en una transacción firmada ante notario y celebrada entre Factop y el Fondo LV Facturas, “usted (refiriéndose a Topelberg) reconoció el pagaré que señala falso, la deuda a la fecha y los pagos parciales que Factop hizo al Fondo LV Facturas”.

Posteriormente, el 11 de octubre de 2023, Topelberg volvió a la carga y envió una carta a Philipp Sauer, asociado de inversiones de Advance Global Capital, gestora británica que administra el fondo Global SME Growth Fund LP. En su escrito, con un tono más directo, el ingeniero sostuvo que el pagaré que el ejecutivo firmó en representación de él y sus hermanos (Andrea, Nicole y Eduardo Topelberg) es “groseramente falso”. La deuda que exige el fondo a los hermanos Topelberg asciende a US$6,5 millones.

“La que aparenta ser mi firma es una falsificación, por lo que se trata de un instrumento que no tiene valor sino como prueba de la perpetración de un delito. Esto fue informado a su abogado Esteban García en la reunión del pasado 17 de agosto, a la cual asistí con mis abogados. En dicha oportunidad le señalé a García que la firma era falsa. Sin embargo, él me acusó a gritos de faltar a la verdad y de una serie de ilícitos, sin ninguna justificación, circunstancia que yo les informé por correo electrónico enviado el mismo día”, manifestó en la misiva.

“Le escribo para hacer hincapié en este asunto, en orden a que tenga presente esta circunstancia en el evento que decidan iniciar o continuar acciones legales vinculadas de cualquier forma al falso mandato, ya que el uso de un documento falsificado acarrea severas consecuencias, las cuales fueron agravadas por la reciente vigencia de la Ley 21.595″, concluyó.

El fondo inglés señaló a Pulso: “Es absurdo pretender que a un deudor que avala un crédito de la compañía en que es socio, le basta decirle al abogado del acreedor que la firma no es suya para que no se le pueda demandar el pago. En este sentido, el fondo inglés continuará ejerciendo todas las acciones legales y todos sus derechos hasta obtener el pago íntegro de las cantidades adeudadas, por lo que serán los tribunales de justicia quienes resolverán este tema. Finalmente, respecto de los hechos indicados en esa carta, es necesario hacer presente que no son efectivos y además corresponden a una reunión solicitada por el propio deudor al fondo inglés GSME y que por tratarse de una reunión privada no corresponde referirse a ella, ni menos difundirla en la prensa”.

La última carta Topelberg la envió el pasado 10 de noviembre. Esta vez la dirigió a ocho directores de Consorcio Financiero: Marcos Büchi, José Antonio Garcés, Juan José Hurtado, Pedro Hurtado, Eduardo Fernandez, Ramiro Mendoza, Felipe Silva, Bonifacio Bilbao, y al gerente general, Patricio Parodi.

Con el mismo tenor de las anteriores cartas, dijo que su firma había sido falsificada. También detalló que Banco Consorcio inició un juicio en su contra, en el cual se pretende el pago de $364.980.519 por dos pagarés en los que él figura como avalista. El primero del 3 de octubre de 2019 y el segundo del 9 de enero de 2020.