Eran 24 las iniciativas que se presentaron en seguridad social y sistema de pensiones en la comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional.

Entre este martes y miércoles se votaron en general todas esas propuestas, pero finalmente solo dos seguirán adelante.

En concreto, este martes los convencionales de dicha comisión aprobaron en general la iniciativa popular impulsada por la coordinadora NO+AFP, aunque rechazaron el artículo transitorio que ahí se proponía. Esta propuesta contó con 24.110 apoyos de la ciudadanía para ser discutida en la Convención.

En tanto, este miércoles los convencionales aprobaron otra iniciativa con 20 votos a favor y 12 en contra, la cual fue presentada por convencionales del Colectivo Socialista, INN y el Frente Amplio. Se trata de César Valenzuela, Javier Fuchslocher, Aurora Delgado, Matías Orellana, Patricio Fernández, Adriana Cancino, Benito Baranda, Gaspar Domínguez, Mariela Serey, Tatiana Urrutia, Damaris Abarca, Jorge Abarca, Guillermo Namor, Jaime Bassa, Julio Álvarez y Andrés Cruz.

Esta última establece que “la Constitución garantiza el derecho a la seguridad social, fundado en los principios de universalidad, solidaridad, integralidad, unidad, igualdad, suficiencia, participación y oportunidad”.

Ahí también se señala que la “ley establecerá un Sistema de Seguridad Social público, que otorgue protección en caso de enfermedad, vejez, invalidez, viudez, orfandad, maternidad y paternidad; desempleo, accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; y en las demás contingencias sociales de falta o disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el trabajo. En particular, la seguridad social asegurará la protección de las personas que ejercen labores domésticas y de cuidados no remunerados”.

Además, agrega que “le corresponderá al Estado definir la política de seguridad social y el control del sistema. Éste se financiará en forma conjunta por trabajadores y empleadores, a través de cotizaciones obligatorias y rentas generales de la nación, en la forma que determine la ley. Los recursos con que se financie la seguridad social no podrán ser destinados a fines distintos que el pago de los beneficios que establezca el sistema”.

Asimismo, dice que “las organizaciones sindicales y de empleadores tendrán derecho a participar en la administración del sistema de seguridad social, en las formas que señale la ley”.

Cabe recordar que este martes los convencionales decidieron rechazar, en general, la iniciativa popular de norma que logró más firmas entre todas las que ingresaron para ser debatidas por la Convención. Se trata de “Con mi plata no”, que consiguió 60.852 adherentes.

Pero siguió adelante la propuesta de la coordinadora No+AFP, la cual establece que “el Estado reconoce a todas las personas el derecho a la seguridad social fundado en sus principios esenciales de universalidad, tanto en lo relativo a la población protegida, como a las contingencias sociales amparadas; suficiencia, proveyendo prestaciones oportunas y actualizadas; uniformidad, unidad y participación en la administración y esencialmente solidaridad en su financiamiento”.

Ahí se agrega que “la definición de la política de seguridad social y el control del sistema que se establezca competen al Estado y al esfuerzo de trabajadores y empleadores a través de cotizaciones obligatorias”.

Además, indica que “la gestión y administración del sistema será pública y recaerá en entes públicos, autónomos sin fines de lucro, cuyo directorio estará integrado por representantes del Estado, los empresarios y los trabajadores”.

También dice que “la seguridad social deberá garantizar que el sistema de pensiones que se establezca entregue prestaciones definidas, de forma tal, de dar certezas que el monto de las pensiones cumpla a cabalidad con la suficiencia y asegure que la vejez no esté nunca sujeta a variabilidades de las condiciones político, sociales o económicas”.