Subsidio eléctrico: empresas de distribución advierten que aumento en compensaciones por cortes de luz “puede tener un efecto tarifario”

Es uno de los aspectos que menos ruido había generado hasta ahora, porque políticamente existe consenso. Se trata del aumento de multas y compensaciones para las empresas de distribución eléctrica en casos de cortes de suministro, una medida que el Ejecutivo sumó a última hora al proyecto para incrementar el subsidio eléctrico. Cabe recordar que la iniciativa, entre otras medidas que fortalecen a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), propone un aumento de multas al doble de su nivel actual, y que la mayor recaudación fiscal sea utilizada para financiar el beneficio a las familias más vulnerables del país.

Sin embargo, en el marco de la tramitación parlamentaria que lidera la comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados, la voz de las empresas del segmento de distribución no había sido escuchada. Hasta ahora.

Este miércoles asistió a la instancia Juan Meriches, director ejecutivo de Empresas Eléctricas, asociación gremial que agrupa a Enel Distribución, Grupo Saesa, Chilquinta Distribución, CGE y Empresa Eléctrica Puente Alto (EEPA). El gremio representa así a las empresas que abastecen a cerca del 97% de los usuarios de energía eléctrica del país.

En la sesión, el director ejecutivo del gremio de las empresas de distribución eléctrica retrucó la iniciativa, señalando que las multas actualmente establecidas “son bastante altas respecto de otros organismos regulados”, y advirtió que “con este instrumento se agrava una discriminación arbitraria entre distintos agentes de mercados regulados y que además se vulnera el principio de proporcionalidad de la sanción administrativa”.

Así, graficó que las multas máximas que pueden cursar otras superintendencias, como la de Salud, alcanzan cerca de 4 mil UF, o de 75 mil UF en el caso de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). “Con este cambio, estaríamos llegando a las 420.000 UF en el caso de las empresas de electricidad. Entonces, hay una distancia sideral respecto de la capacidad sancionadora del Estado que creemos que pierde proporcionalidad”.

Agregó que “no parece razonable que mientras la Superintendencia de Casinos puede cursar multas por 3.500 UF, en el caso de las empresas eléctricas sean 420.000 UF; hay una cosa que no calza”.

Otro aspecto que cuestionó es que el aumento de las multas y su destinación al financiamiento de un apoyo financiero a las familias de escasos recursos “puede generar un incentivo perverso para que el fiscalizador, en términos de tener recursos para financiar una política pública como un subsidio, se vea en la tentación de maximizar esas multas cada vez que pueda”.

Sin embargo, al momento de analizar el aumento de las compensaciones propuesto también en el proyecto, Meriches explicó que “si hoy la energía no suministrada se compensa cerca de 5 veces el valor de la tarifa vigente, el cambio propuesto para esa compensación pasaría a más de 30 veces”. En esa línea, calificó como “una diferencia sustancial” las compensaciones de otros servicios, como transmisión eléctrica o la distribución de gas natural, donde la razón entre los montos de compensación llega a 15 veces la tarifa.

“Nos iríamos al doble de cualquier otra industria del sector energético”, enfatizó, recodando que “además en esos casos existe un límite para las compensaciones que está determinado a no hacer quebrar a las empresas”, del 5% de los ingresos regulados para el año anterior. “En el extremo, frente a situaciones que esperamos que por supuesto no pasen, esto podría comprometer la continuidad financiera de las empresas”, remarcó.

En esa línea, Meriches afirmó que “probablemente no ha habido una evaluación tan profunda respecto del impacto directo que este aumento de compensaciones puede tener en las cuentas de los clientes regulados”, recordando que el cálculo de la tarifa para las empresas de distribución eléctrica considera una “empresa modelo”, que hoy contempla el pago de compensaciones.

“Hay un elemento ahí también, donde un aumento de compensaciones desproporcionado también puede tener un efecto tarifario”, resumió.

En tanto, sobre las nuevas atribuciones que el proyecto entrega a la SEC, el representante gremial planteó que “este es un pilar que está bien orientado, es razonable avanzar en esto”, aunque pidió tener algunos resguardos, como que la posibilidad de instruir adecuaciones que mitiguen riesgos en la red queden enmarcadas dentro de las exigencias definidas en la normativa vigente, de modo de evitar riesgos de arbitrariedad e ilegalidad.

Además, sumó que se defina detalladamente la forma en que se deben implementar los planes de acción y los planes de cumplimiento que se definan, ya sea a través de un protocolo u otro mecanismo normativo. También, que la presentación de un plan de cumplimiento debe suspender el procedimiento sancionatorio, similar a lo establecido en la regulación ambiental, el que puede ser retomado en caso de incumplimiento.