El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia resolvió ayer acoger una solicitud de la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios de Chile (Conadecus) y abrió un “expediente de recomendación normativa sobre participación de grupos empresariales en distintos ámbitos de la economía”, dice la resolución firmada por los integrantes del tribunal. Conadecus pidió la apertura de un proceso que permita a futuro una recomendación normativa para proponer al Presidente de la República, por medio de del Ministro de Hacienda, la presentación al Congreso Nacional de un proyecto de Ley de Reducción de la Concentración Económica Agregada.

“Como se pide, dese inicio a un expediente de recomendación normativa con el objeto de evaluar la necesidad de recomendar la dictación de preceptos legales o reglamentarios para fomentar la competencia o regular el ejercicio de determinadas actividades económicas, en relación con los siguientes aspectos indicados en la solicitud: (i) la imposición de restricciones a estructuras societarias piramidales de grupos empresariales que superen un determinado tamaño; (ii) la imposición de restricciones a la participación cruzada de grupos empresariales entre mercados financieros y otros; (iii) la consideración de la participación de conglomerados al momento de asignar concesiones o derechos por parte del Estado; y (iv) el establecimiento de un registro de grupos empresariales que superen un determinado tamaño”, dice la inédita resolución.

El TDLC ofició a distintas reparticiones públicas para conocer su opinión sobre la petición planteada por Conadecus. Entre las entidades oficiadas están la Fiscalía Nacional Económica (FNE); la Comisión para el Mercado Financiero (CMF); el Banco Central y los ministerios de Hacienda y Economía para que aporten antecedentes dentro del plazo de 30 días hábiles.

La resolución contó con el voto a favor del presidente del tribunal, Nicolás Rojas, y los ministros Daniela Gorab, María de la Luz Domper y Ricardo Paredes. El ministro Jaime Barahona no se encuentra dentro de los firmante debido a que se encuentra en comisión de servicio, representando al tribunal en el Foro de Competencia de América Latina y el Caribe de la OECD, que se realiza en Ecuador.

“Notición. El TDLC conocerá los conglomerados económicos, participaciones cruzadas, grupos empresariales...”, publicó tras la resolución en su cuenta de X, antes Twitter, el académico Francisco Agüero, director del Centro de Regulación y Competencia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

El presidente de Conadecus, Hernán Calderón en conversación con Pulso sostuvo que “este nivel de concentración de la economía no se da en ninguna parte. A través de estructuras piramidales, el mismo grupo que te da el crédito te vende hasta la cerveza. Están presentes en todos los mercados. El nivel de dominio que tienen impiden el desarrollo de la economía”.

Según el escrito de Conadecus, “los grupos empresariales traen consigo una serie de desventajas a los mercados. Estas esventajas se relacionan con la competencia que se genera en los mercados que incluyen barreras a la entrada y conductas anticompetitivas especialmente sobre las PYME, además de distorsiones del acceso para este grupo de potenciales competidores a los mercados financieros, y efectos generales en el bienestar”.

En esa línea, agregó que “Chile se ha convertido hoy en un país carísimo en rubros claves, como por ejemplo en alimentación, vivienda, medicamentos, servicios financieros, gas o energía, cuyos precios sobrepasan con creces los observados en Europa, Estados Unidos o países vecinos, lo que sin lugar a dudas es la base del malestar que en los últimos años ha expresado la ciudadanía a la conducción política del país”.

En su presentación, el organismo de los consumidores citó el estudio de tesis de grado del abogado y expresidente Ricardo Lagos Escobar, de 1962, de la Universidad de Chile, titulada “La concentración del poder económico”. “Y la verdad es que esta gran concentración que existe en Chile, este verdadero monopolio que alcanza a todas las actividades no va a poder ser destruido con pequeñas modificaciones, o con leyes ‘antimonopólicas’, como las que en la actualidad conocemos entre nosotros, y que se aplican a los panaderos, a los dueños de verdulerías, a los matarifes, etc. etc. Allí no está el poder económico que abusa del consumidor y de la sociedad: el verdadero poder está en el aparato financiero, en el gran campo industrial y en la gran extensión agrícola, en los seguros y en la explotación minera. Hacia allá debe dirigirse el poder regulador del Estado”, escribió el exjefe de Estado.

Asimismo, citó el reciente informe que elaboró el destacado economista italiano Luigi Zingales al Ministerio de Hacienda, el que destaca que “una de las características de Chile es la presencia de grandes conglomerados, presentes en muchos sectores industriales”.

También acompañaron legislación comparada de Israel, que regula la concentración económica, y un estudio de Cepal de 1994 sobre los grupos económicos chilenos, escrito por José Miguel Sánchez y Ricardo Paredes, hoy integrante del mismo TDLC.

En este último reporte, los economistas sostuvieron: “En este estudio se investiga la hipótesis que los grupos económicos responden a distintos objetivos según la etapa de desarrollo económico en que se encuentra la economía en la cual se insertan y, por eso, a medida que los países se desarrollan, la fisonomía de los grupos debe cambiar.” “Desde ya cabe hacer presente que los autores consideran como grupos empresariales consolidados, a la fecha de su estudio, a los grupos Matte, Luksic y Angelini”, consignó la presentación de Conadecus sobre ese análisis de hace casi tres décadas.

Según el escrito de Conadecus, aparte de los problemas de naturaleza puramente económica, los conglomerados también plantean cuestiones de economía política, los que surgen del hecho de que los conglomerados inevitablemente intentarán influir en el gobierno para obtener los resultados políticos deseados.

“Los conglomerados pueden presionar al gobierno para mantener una protección deficiente de los inversores a fin de preservar su poder e influencia. Pueden presionar por políticas que preserven o amplíen sus poderes de gobierno corporativo y para protegerlos de los desafíos de los accionistas minoritarios a fin de mantener su control. Esto es importante porque lo que determina su influencia no es lo que poseen, sino lo que controlan. Mientras mantengan el estado actual de las cosas bajo el cual pueden controlar una empresa con 10% a 20% de las acciones con derecho a voto y pueden controlar compañías más abajo en la estructura piramidal con aún menos derechos de flujo de efectivo, preservarán su influencia política”, acotó.

“Además de presionar por políticas que ayuden a proteger su control corporativo, los conglomerados también exigirán medidas que los protejan de la competencia, como barreras comerciales o políticas de licencias favorables que ayuden a mantener a los rivales potenciales fuera del mercado”, añadió.