El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) resolvió ayer miércoles ampliar el plazo por 90 días hábiles, es decir, hasta fines de abril, para aportar antecedentes en el expediente de recomendación normativa sobre participación de grupos empresariales en distintos ámbitos de la economía.

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La decisión de prorrogar el periodo surge luego que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) solicitara la medida al hacerse parte del proceso que iniciara Conadecus. En su presentación, el órgano antimonopolios sostuvo ante el TDLC que inició una investigación para recabar información sobre “la existencia y participación de grupos empresariales en distintos sectores de la economía y su impacto en la libre competencia”. Por lo mismo, la FNE ofició a el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

“En particular, al SII se han solicitado antecedentes que son indispensables para que en el aporte de antecedentes que debe ser presentado ante el H. TDLC, esta FNE realice una caracterización de los grupos económicos para evaluar materias como la concentración de mercado, la identificación de eventuales barreras de entrada y la posible existencia de distorsiones a la competencia en mercados específicos”, acotó.

También detalló que debido a que “las materias de este proceso también versan sobre la participación de grupos empresariales en el ámbito financiero, esta Fiscalía ha solicitado información a la CMF que es esencial para caracterizar y evaluar a los conglomerados financieros desde una perspectiva competitiva”. “En ambos casos, la información requerida es abundante, por lo que una vez recibida deberá ser procesada y analizada, siendo relevante disponer de un periodo suficiente para tal efecto”, explicó la FNE.

En su presentación, la FNE confirió poderes de representación a los abogados de la Alejandro Domic y Javiera Riquelme, ambos miembros de la División Antimonopolios. Entre marzo de 2013 y enero de 2016, Domic se desempeñó como secretario abogado del TDLC.

El 12 de septiembre, Conadecus, organización no gubernamental que defiende a consumidores, presentó una solicitud para abrir un “expediente de recomendación normativa sobre participación de grupos empresariales en distintos ámbitos de la economía”. La petición inédita en el sistema de libre competencia, es patrocinada por el abogado Mario Bravo, exlitigante en la división Jurídica de la FNE.

Según el escrito de Conadecus, “los grupos empresariales traen consigo una serie de desventajas a los mercados. Estas esventajas se relacionan con la competencia que se genera en los mercados que incluyen barreras a la entrada y conductas anticompetitivas especialmente sobre las PYME, además de distorsiones del acceso para este grupo de potenciales competidores a los mercados financieros, y efectos generales en el bienestar”.

En esa línea, agregó que “Chile se ha convertido hoy en un país carísimo en rubros claves, como por ejemplo en alimentación, vivienda, medicamentos, servicios financieros, gas o energía, cuyos precios sobrepasan con creces los observados en Europa, Estados Unidos o países vecinos, lo que sin lugar a dudas es la base del malestar que en los últimos años ha expresado la ciudadanía a la conducción política del país”.

En su presentación, el organismo de los consumidores citó el estudio de tesis de grado del abogado y expresidente Ricardo Lagos Escobar, de 1962, de la Universidad de Chile, titulada “La concentración del poder económico”. “Y la verdad es que esta gran concentración que existe en Chile, este verdadero monopolio que alcanza a todas las actividades no va a poder ser destruido con pequeñas modificaciones, o con leyes ‘antimonopólicas’, como las que en la actualidad conocemos entre nosotros, y que se aplican a los panaderos, a los dueños de verdulerías, a los matarifes, etc. etc. Allí no está el poder económico que abusa del consumidor y de la sociedad: el verdadero poder está en el aparato financiero, en el gran campo industrial y en la gran extensión agrícola, en los seguros y en la explotación minera. Hacia allá debe dirigirse el poder regulador del Estado”, escribió el exjefe de Estado.