Este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, presentó un documento a los senadores de la Comisión de Trabajo, que propone que el 6% de cotización adicional con cargo al empleador se distribuya de una manera distinta a la que había planteado hasta ahora el gobierno.

La nueva fórmula contempla que un 3% se destine a cuentas individuales; y otro 3% vaya a un fondo que financiará solidaridad. Pero en realidad, de ese total que se entrega a solidaridad, solo un 1% sería aportado de manera permanente, mientras que el restante 2% sería entregado de manera transitoria por parte de los cotizantes, y además, será reembolsado al momento de la jubilación, es decir, operaría como un préstamo que se devolvería con un interés de entre 2% y 3% a la hora del retiro. Además, el gobierno se mostró dispuesto a entregar una cierta cantidad de recursos fiscales a ese mismo fondo que pretende financiar la solidaridad.

La idea es que con esos fondos se financie la mejora de las pensiones de los actuales jubilados, y de quienes se vayan a jubilar en los próximos 20 años, mediante una garantía que se entregará de manera transitoria, equivalente a 0,1 UF por año cotizado. El mínimo de años cotizados que se requieren para acceder estará entre 5 y 10 años, y el máximo será de 30 años. Por otro lado, con el 1% que se aporta de manera permanente se financiaría el seguro por diferencias en expectativa de vida entre hombres y mujeres.

Acá es precisamente donde hasta ahora está una de las principales críticas de los expertos ligados a Chile Vamos. Si bien siguen analizando el documento, de manera preliminar plantean que se estarían destinando más recursos de los necesarios para financiar los mecanismos de solidaridad que propuso el mismo gobierno.

Por ejemplo, según los cálculos que hizo la Dipres, y que están reflejados en el informe que emitió la mesa técnica que constituyó la Comisión de Trabajo, el bono tabla que busca cerrar la brecha por la diferencia en la expectativa de vida entre hombres y mujeres en realidad cuesta entre 0,6 y 0,7 puntos porcentuales de la cotización en régimen. Sin embargo, acá el gobierno destina un 1% de manera permanente con este fin. También hay críticas respecto de a quiénes se les va a ir a mejorar las pensiones y sobre la tasa de interés que asignó el gobierno para el préstamo.

La economista y académica de la Universidad de Los Andes, Cecilia Cifuentes, quien estuvo en la mesa técnica en representación de la UDI, señala que “aquí el problema principal, a mi juicio, anterior al establecimiento de los puntos de cotización y cómo se financia, es a quiénes se mejora (la pensión entre actuales jubilados). Y aquí el gobierno insiste en mejorar a grupos que el diagnóstico apunta que no hay que mejorarles. En el marco de acuerdo, el gobierno habla de sectores medios, pero los sectores medios están todos con tasas de reemplazo arriba del 70%, y en muchos casos, con tasas de reemplazo de 100%”.

Cifuentes agrega que “aquí los sectores que están rezagados son personas que han cotizado más de 20 años, a ellos hay que mejorarles las pensiones, mientras el gobierno insiste en su fórmula de mejorarle a todos, a partir de los cinco años cotizados esos grupos ya tienen tasas de reemplazo muy altas. Una vez que uno se hace cargo del diagnóstico, el costo de lo que hay que mejorar es mucho menos de lo que el gobierno dice, el bono tabla cuesta 0,7 puntos porcentuales de cotización según los cálculos de la Dipres, y mejorarle a las personas que ya han cotizado por bastantes años es cercano a un punto, no se necesitan los tres puntos de cotización, y el gobierno insiste en eso”.

Por eso, la economista añade que “el tema no es solo establecer mecanismos de reparto que generan montones de problemas por la demografía, el problema principal es que nosotros no podemos generar un sistema de pensiones contributivo que le dé tasas de reemplazo altas a las personas que cotizan muy poco, porque vamos a generar incentivos a no cotizar. Va totalmente en contra del sistema de pensiones que necesitamos establecer”.

Adicionalmente, Cifuentes comenta que “una vez que uno establece este costo, que no son más de dos puntos, a la fórmula que plantea el gobierno yo le haría la precisión de que la tasa de interés que se establece para esta especie de bono de compensación, de entre 2% y 3%, es bastante baja, y debería ser en torno a la tasa de interés de los bonos soberanos: ese debería ser el criterio, porque si no, de todas maneras hay una expropiación del Estado a los cotizantes”.

El experto que representó en la Cámara de Diputados a los parlamentarios de Renovación Nacional (RN), Alejandro Charme, también plantea que el bono tabla en realidad cuesta 0,6 o 0,7 puntos porcentuales. Además, señala que el préstamo que darían los trabajadores con su 2% de cotización, y que tendría una tasa de interés de entre 2% y 3%, “es muy similar a la cuenta nocional. Debe ser un bono de deuda pública transable en el mercado de capitales. Ahora, si la meta es lograr una tasa de reemplazo de 70% o 75%, es innecesario emitir ese bono, porque la tasa de reemplazo de los pensionados actuales ya alcanzaron esa meta”.

En tanto, el economista y exconstituyente Bernardo Fontaine, este miércoles señaló en su cuenta de X que “el gobierno resolvió extender debate de reforma de pensiones con una compleja propuesta, mescolanza de ideas generales, algunas nuevas, que requieren largo trabajo para precisarlas. Sería ingenuo pensar que esto sea un acuerdo o pueda llevar a votarse”.