Cada vez es más difícil para el sector privado obtener permisos ambientales para desarrollar grandes proyectos de inversión. Así lo reflejan las cifras del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), el organismo encargado de revisar los estudios y declaraciones de impacto ambiental. A esto se suman los crecientes requerimientos normativos y las observaciones de organismos sectoriales, lo que ha elevado la incertidumbre para las empresas que buscan materializar nuevas iniciativas.

En la última década, el tiempo de tramitación para aprobar un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) ha aumentado significativamente en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). En 2014, un proyecto de inversión requería en promedio 547 días para obtener una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable. En 2024, ese plazo subió a 995 días, lo que representa un aumento del 82% en diez años.

El panorama para las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) no es muy distinto. Durante el mismo período, el tiempo promedio de tramitación de las DIA aprobadas pasó de 248 días en 2014 a 380 días en 2024, un alza del 53%.

La diferencia entre una DIA y un EIA radica en la magnitud de los impactos, no en el tamaño o costo del proyecto. Un EIA es obligatorio para proyectos con efectos ambientales significativos, mientras que una DIA aplica a impactos previsibles y acotados, con un trámite más ágil. La inversión no define su clasificación, sino el impacto ambiental.

Pulso consultó a abogados expertos en la tramitación de proyectos de inversión, quienes coinciden en que el aumento de los tiempos de evaluación ambiental es un problema estructural que no solo afecta la inversión, sino que también impacta el desarrollo del país.

Paulina Riquelme, socia de EeLaw, explica que tanto para las DIA como para los EIA el nivel de exigencia ha aumentado considerablemente en los últimos años. “La modificación al Reglamento del SEIA introdujo nuevos requisitos, como la incorporación de variables de cambio climático y la ampliación de la participación ciudadana (PAC) en las DIA, lo que antes solo era obligatorio en los EIA. Ahora, la mayoría de las DIA y todos los EIA deben someterse a un proceso de participación ciudadana, lo que implica mayores gestiones y tiempos de evaluación”, detalla. A esto se suma la creciente cantidad de guías y criterios de evaluación dictados por el SEA, que han pasado de 86 a 133 en los últimos cuatro años.

Rodrigo Benítez, socio de Schultz Carrasco Benítez, señala que la creciente cantidad de información exigida por los organismos evaluadores, junto con un mayor nivel de exigencias y la dificultad para obtener dicha información, han generado retrasos significativos. “Las guías de evaluación han sofisticado aún más el proceso, agregando tiempos adicionales sin que esto necesariamente implique una mayor protección ambiental”, afirma.

Francisco Irarrázabal, profesor de Derecho Administrativo y Energía en la Universidad de los Andes, identifica tres razones principales detrás del aumento en los tiempos de tramitación: el incremento en la cantidad de proyectos sometidos a evaluación, la falta de recursos y capacitación en los organismos públicos, y el aumento de la judicialización en materia ambiental. “El aumento del 82% en los tiempos de tramitación de un EIA es una señal de alerta. De mantenerse esta tendencia, tendrá un impacto directo en el crecimiento del país, el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”, advierte.

José Domingo Ilharreborde, socio de Echeverría Ilharreborde Scagliotti, destaca que el problema no se limita a la evaluación en el SEIA, sino que también se extiende a los tiempos que toma la institucionalidad ambiental y los tribunales en resolver recursos contra una RCA. “Hoy en día existen múltiples instancias para impugnar una resolución ambiental, lo que puede llevar a que pasen más de tres años antes de que un proyecto tenga certeza sobre su viabilidad”, explica.

Desde el SEA explicaron a Pulso que “cumple siempre con los plazos legales de evaluación, ya que, por diseño normativo, no cumplirlos implica la procedencia de la figura del silencio administrativo positivo.” Además, sostiene que “los casos que han tomado entre 1.000 y 1.700 días en algunas regiones constituyen anomalías que salen de los parámetros habituales, por lo que constituyen una excepción a la regla general”.

Si bien el SEA reconoce que hay proyectos con tiempos de tramitación prolongados, no los atribuye a fallas en su gestión, sino a las decisiones de los titulares y a requisitos normativos exigidos por, por ejemplo, el Acuerdo de Escazú y la Ley de Cambio Climático. Es más, destacan que como servicio tienen la obligación legal de aplicar las leyes y normativas vigentes y, “para dar mayor certeza técnica y jurídica a la comunidad regulada, unificamos criterios a través de guías, lo que hace que la evaluación de impacto ambiental sea más predecible y se hace más eficiente la tramitación de los proyectos de inversión en el SEIA”.

Añade que las demoras se deben principalmente a factores externos, como las suspensiones solicitadas por los titulares: “Los titulares ejercen el derecho de solicitar las suspensiones de los plazos para presentar sus adendas, en función de sus propias necesidades.” También menciona procesos administrativos adicionales, como la consulta indígena en el caso del Parque Eólico Newen Küruf en Biobío, que “demoró 1.676 días corridos de tramitación, de los cuales solo 166 corresponden a días legales de evaluación por parte del SEA, y el resto corresponde a 978 días hábiles de suspensión explicados entre otros por la necesidad de cumplir con el proceso de Consulta a los Pueblos Indígenas.”

Asimismo, el SEA argumenta que en casos como el proyecto Desarrollo Urbano Habitacional Maratué de Puchuncaví en Valparaíso, “cuenta con 177 días hábiles de evaluación en el SEIA pero con 1.585 días hábiles de suspensión de parte del propio titular, y un retrotraimiento producto de recursos presentados, lo que completa 2.588 días corridos de tramitación”.