Trabajo doméstico y de cuidado no remunerado como actividad económica

El trabajo doméstico y de cuidado no remunerado (TDCNR) es una de las principales causas de la baja participación laboral femenina. La desigualdad que se presenta en la distribución de labores domésticas, explicaría los resultados laborales, las diferencias salariales y la baja calidad de los empleos femeninos (OCDE, 2014)

De ahí, que otorgar valor económico a las labores domésticas y de cuidado no sólo le asigna importancia a esta actividad silenciosa, sino que también, permite cuantificar estas labores, dimensionando su impacto en la formulación y ejecución de políticas públicas y sociales.

La economía del cuidado reconoce el TDCNR como un asunto clave para el desarrollo económico y el bienestar humano y, sin embargo, no es considerado como ´trabajo`, a pesar de tener un valor económico que fluctúa entre 10% y 39% del Producto Interno Bruto (PIB), contribuyendo más que los grandes sectores económicos, tales como la industria manufacturera, comercio y transporte. En el caso de Chile, su valoración económica alcanzó el 25,6% del PIB ampliado, superando la contribución del resto de las actividades económicas (Banco Central).

Por su parte, la distribución inequitativa del TDCNR es una limitante para el desarrollo integral de la mujer y si deseamos incentivar la participación laboral femenina y, con ella, cerrar brechas salariales, laborales y sociales, se requiere reconocer la tarea desempeñada por las mujeres en estas labores y cuantificar estas tareas a través de estadísticas confiables que permitan elaborar políticas públicas focalizadas en ellas.

En este mismo sentido, es necesario alivianar la carga de las mujeres para que, si lo desean, puedan incorporarse al mercado laboral. Para esto, resulta fundamental abordar el cuidado infantil y de personas con dependencia severa como un tema relevante para el país y no como un problema de las mujeres, exclusivamente. Es un asunto que debemos plantearnos desde una perspectiva general e integral, incentivando la corresponsabilidad social del cuidado e incorporando dentro de la planificación pública el progresivo envejecimiento demográfico de la población.

Más allá de los beneficios monetarios que implica una mayor participación laboral femenina – mayor PIB, recaudación tributaria, productividad y otros-, avanzar en esta materia nos permite reducir la violencia y discriminación hacia las mujeres, abordar la ‘pobreza del tiempo’ que tanto las afecta -dada la excesiva carga doméstica- y mejorar su calidad de vida.

En atención a esto y de acuerdo tanto a la experiencia comparada, como a la literatura disponible y según lo hemos señalado en el documento Aportes al proceso constituyente con perspectiva de género de CLAPES UC, parece recomendable que desde la Constitución se impulsen prácticas que promuevan la equidad de género en el ámbito del trabajo, estimulando cambios culturales que fomenten la reducción y/o redistribución de la carga del trabajo no remunerado, estableciendo claras directrices para futuras leyes y políticas gubernamentales.

La autora es de CLAPES UC y Fac. de Economía y Administración UC