Transparencia, información pública y el sector privado

Cuando hablamos de transparencia y acceso a la información, inequívocamente nos situamos en el ámbito de los poderes públicos. El Ejecutivo, el Parlamento, incluso las empresas del Estado. Su fundamento salta a la vista. El accountability o rendición de cuentas a la que se encuentran sometidas las instituciones del Estado, es uno de los pilares de las democracias modernas. La transparencia empodera al ciudadano y le entrega una irremplazable herramienta de control sobre sus autoridades.

Pero nada de esto aplica al sector privado.

Cruz Verde es una de las empresas hasta hoy asociada a la “colusión de las farmacias”. Han pasado más de doce años, con cambios de propiedad y administración, y aun así cada vez que se habla del alto precio de los medicamentos en Chile, se hace alusión a ese caso. A comienzos de año, la firma dio un paso impensado: divulgó la estructura de precios de los distintos medicamentos que vende, incluyendo sus márgenes de ganancia. Fue una medida valiosa, un giro hacia la transparencia en busca de confianza y reputación frente al país.

El Proyecto Alto Maipo fue controversial desde su inicio. Parte de la polémica fue la suscripción de un convenio “secreto” con Aguas Andinas en 2011, relativo a las aguas que utilizaría. Se señaló que “compromete el uso de las aguas para consumo humano en la generación eléctrica”. Ambientalistas pidieron el convenio utilizando la Ley de Transparencia, pero la compañía se opuso invocando obligaciones de confidencialidad contenidas en el propio acuerdo. La Corte de Apelaciones resolvió que el documento debía ser público. ¿Qué se descubrió? Que no había transacciones de derechos de agua para privilegiar la generación eléctrica frente al agua potable, sino un conjunto de derechos y obligaciones dirigidos a compatibilizar derechos de agua consuntivos con no consuntivos. ¿Conclusión? Quizás hubiera servido mejor a los intereses de la empresa ser transparentes con la ciudadanía desde un comienzo y no haberse opuesto a la divulgación de este convenio.

Esta es una lección que el sector privado puede aprender del sector público: la transparencia contribuye a recuperar las confianzas quebradas. Esta fractura puede comenzar a sanar a través de actos de apertura, transparencia y divulgación. Pero actos honestos, más allá del compliance, no sólo la información financiera, medioambiental o regulatoria a la que se encuentran sometidos. Transparencia además por diseño, donde elementos de impacto (la seguridad en el abastecimiento de agua, el costo de los medicamentos) se traten desde un inicio como información a ser divulgada, porque los beneficios de construcción de confianza social de las empresas, son superiores a la ventaja competitiva que pueden implicar. Los beneficios no se limitarán al negocio, se extenderán al país y su convivencia social.

Probablemente una de las principales barreras será la cultura interna de las compañías, donde la reserva y las cláusulas de confidencialidad son la norma. Se trata de ir incorporando la transparencia como un valor, un activo, no una amenaza o sólo un riesgo. Entender que no arroja resultados de inmediato, son frutos de larga maduración. En el ecosistema corporativo, la transparencia es un mundo nuevo e inexplorado, donde se deben construir las cartas de navegación. Pero es un desafío interesante que puede arrojar beneficios públicos y privados. Los primeros pasos están ahí, hay que seguir haciendo el camino.

* El autor es abogado, Ex Presidente del Consejo para la Transparencia