El conflicto entre las Fintech, Mastercard, Visa, American Express y Transbank no acaba. El pasado 5 de mayo de 2022, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogió una medida cautelar solicitada por PayU -un Proveedor de Servicios de Pago (PSP)-, ordenando a las marcas de tarjetas seguir permitiendo que esta última continúe desarrollando la subadquirencia transfronteriza.

Se trata de la tercera PSP involucrada en la disputa, luego que anteriormente EBANX y dLocal lograran frenar la arremetida de las operadoras de tarjetas internacionales, que anunciaron un cambio en sus condiciones comerciales a las empresas que realicen operaciones fuera de sus mercados de origen. En términos simples, por ejemplo, una PSP que reciba el pago del servicio de Netflix, Uber, Amazon o Alibabá, entre otros, estaría sujeto al cobro de mayores comisiones, pues las oficinas centrales de estos proveedores están fuera de Chile.

Ante el TDLC, Mastercard explicó que la puesta en marcha del denominado Programa Payment Intermediary Foreign Exchange Operators (Programa PIFO, en su sigla en inglés) busca generar transparencia en la red y prevenir fraudes, blanqueo de activos, entre otras fallas de seguridad.

En contrapartida, las PSP aseguran que la introducción de dicha iniciativa haría inviable sus operaciones en Chile debido a un fuerte incremento en las comisiones que cobran las marcas de tarjetas. En efecto, según un escrito presentado por PayU, el PIFO implica un aumento en los merchant discount de este tipo de transacciones de un 153,37% en pagos con tarjeta de crédito y de un 305,32% para tarjetas de débito.

Por otro lado, el 10 de febrero de 2022, Transbank informó a las PSP que el costo de la migración tecnológica para el Programa PIFO se ha definido en 800 UF más IVA. A ello se suma que la inscripción tiene un costo determinado por Mastercard que asciende a US$4.200 más un recargo de un 35% por concepto de impuesto adicional establecido en el Art. 59 N°2 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Otro antecedente relevante del caso es que el 2 de marzo de 2022, American Express (Amex) envió una carta a Transbank, en la que dicha marca reconoció que existe una incertidumbre legal sobre la materia, por lo cual Amex no impondrá sanciones a Transbank mientras no exista un pronunciamiento del TDLC y de la Corte Suprema, en su caso, sobre la compatibilidad con la normativa de libre competencia de las restricciones impuestas por las marcas internacionales de tarjetas a la denominada subadquirencia transfronteriza.

Las tres medidas cautelares concedidas a las PSP las obliga a la presentación posteriormente de una demanda en un plazo determinado. PayU -representada por abogada Ximena Rojas- tiene 30 días para demandar a Mastercard, Visa y Transbank y el plazo vence el 10 de junio. El ilícito anticompetitivo que podrían acusar es abuso de posición dominante, materializado en una segmentación artificial del mercado de adquirencia y subadquirencia con efectos exclusorios.

Quien sí interpuso una demanda en contra de Visa en el TDLC es EBANX. En su escrito sostuvo que las plataformas de pagos internacionales se han convertido en un sistema de pagos alternativo y que compite con el sistema “cross border”, cuya introducción ha derivado en importantes efectos pro competitivos para el mercado, que afectan tanto el precio como el acceso y desarrollo al comercio internacional.

“Como resultado de las acciones de Visa que completamente modifican el régimen existente y aplicable desde 2017 (cuando Ebanx paso a aceptar transacciones con tarjetas Visa), Ebanx no podrá procesar transacciones con tarjetas Visa para comercios ubicados en el extranjero. De esa manera, Ebanx verá seriamente afectado su modelo de negocios y su viabilidad comercial, toda vez que las transacciones con tarjetas Visa representan 53% de todas las transacciones que Ebanx procesa con tarjetas y 47% de ingresos”, denunció en su presentación que cuenta con 90 páginas.

“Las conductas anticompetitivas de Visa pueden razonablemente suponer que nuestra representada deba abandonar el mercado, toda vez que sus servicios pierden valor para usuarios y comercios internacionales al no incluir la posibilidad de recibir pagos con tarjetas Visa”, denunció la compañía, asesorada legalmente por el abogado Julio Pellegrini.

Frente a las tres medidas cautelares acogidas que benefician a las PSP, el director ejecutivo de FinteChile, Ángel Sierra explicó que “el pronunciamiento del TDLC es una muy buena noticia en la medida que se reconocen indicios de arbitrariedad por parte de las marcas de tarjetas, en un tema que compromete la libre competencia y afecta directamente el bolsillo de la ciudadanía”.

Al ser consultado, Mastercard sobre cómo recibe que el TDLC haya acogido las medidas cautelares solicitadas por dLocal, EBANX y PayU, respondió: “En primer lugar, es importante aclarar que sólo se hace referencia a Mastercard en el caso de PayU. Somos respetuosos de las decisiones de los reguladores y seguiremos colaborando con las autoridades para aclarar nuestra posición a través de los canales formales. Nuestro objetivo siempre ha sido habilitar correcta y adecuadamente las transacciones internacionales, y esta es la propuesta del programa Payment Intermediary Foreign Exchange (PIFO). Como hemos dicho en ocasiones anteriores, este programa ofrece la posibilidad de habilitar y regularizar la subadquirencia transfronteriza salvaguardando la transparencia, seguridad e integridad de las transacciones que pasan por nuestra red”.

Agregó que “lo que busca el programa PIFO es que todos los jugadores involucrados (adquirentes, subadquirentes, emisores y comercios) tengan las mismas condiciones al operar y eso es algo que no se está cumpliendo hoy. Cuando alguno de esos actores no se rige con las reglas previstas, genera una posición de ventaja por sobre quienes sí actúan de forma correcta. Al codificar una transacción transfronteriza como si fuesen domésticas, obtienen beneficios económicos artificiales. Eso sí atenta contra la libre competencia, porque la cancha no está nivelada”.

En tanto, dLocal es asesorada por los abogados Jorge Grunberg y Claudio Magliona.

Al cierre de este artículo, Visa no respondió a las consultas planteadas.