El Tribunal Ambiental de Santiago, por unanimidad de sus ministros, rechazó la reclamación presentada por la ONG Oceana en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente y que buscaba que se declarara la caducidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) que aprobó el proyecto Puerto Cruz Grande, en la Región de Coquimbo.

El proyecto Puerto Cruz Grande fue aprobado en enero de 2015 y consiste en la construcción y operación de un puerto minero por parte de la Compañía Minera del Pacífico S.A. (filial de Grupo CAP), en la comuna de La Higuera, región de Coquimbo. Atenderá naves graneleras con una capacidad de hasta 300.000 de toneladas de porte bruto, brindando servicios de recepción, acopio y embarque de minerales a proyectos mineros que lo requieran. Contempla tanto instalaciones terrestres como marítimas.

Según la sentencia, la SMA fundamentó debidamente la resolución a través de la cual dio por acreditado el inicio de la ejecución del proyecto, constatándose la realización sistemática, ininterrumpida y permanente de gestiones, actos o faenas de carácter mínimo para tal efecto.

“Este tribunal pudo ratificar la efectividad de la realización de las gestiones, actos o faenas referidas, e incluso identificó otras realizadas con el mismo objeto, superando el carácter de mínimo requerido en los artículos 25 ter de la Ley N° 19.300 y 73 del Reglamento del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA)”, consignó el fallo.

El fallo también descarta la existencia de vicios asociados a la falta de publicidad y de acceso a la información del expediente administrativo, pues Oceana pudo presentar su reclamación en tiempo y forma, sobre la base de los antecedentes proporcionados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

El origen de la disputa surge luego que Oceana acudiera al Tribunal Ambiental de Santiago para reclamar contra la Resolución Exenta N° 1.776/2020 de la SMA que acreditó el inicio de ejecución del proyecto Puerto Cruz Grande, solicitando se dejará sin efecto y que, en su lugar, se declarara la caducidad de su RCA.

Al respecto, cabe indicar que la Ley N°19.300 de bases generales del medio ambiente, establece que la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable de un proyecto o actividad caduca cuando hubieren transcurrido más de cinco años sin que se haya iniciado la ejecución de dicha iniciativa. El inicio de ejecución deberá ser constatado por la autoridad ambiental.

Respecto de este proceso, el fallo del tribunal explicó que la acreditación de inicio de proyecto considera el conjunto tanto de gestiones o trámites, como de obras o faenas de carácter material, en la medida que sean conducentes a su ejecución y se realicen de manera sistemática, permanente e ininterrumpida dentro de los 5 años desde la notificación de la RCA. Además, aclara que ley no exige la tramitación completa de dichas acciones, como tampoco la realización total de las faenas. Por el contrario, dice, aquellas que exige la ley para efectos de acreditar el inicio de ejecución del proyecto y, así evitar la caducidad de la RCA, han de ser las mínimas necesarias.

El 30 de enero de 2015, la Comisión de Evaluación de Coquimbo aprobó el proyecto Puerto Cruz Grande, de Compañía Minera del Pacífico (RCA N°10/2015).

Luego, el 3 de febrero de 2020, Oceana solicitó a la SMA verificar que no se había iniciado la ejecución del proyecto en el plazo de 5 años y requiriera al Servicio de Evaluación Ambiental que declare la caducidad de la RCA que aprobó la iniciativa.

Frente a la petición, cuatro días después, la Superintendencia del Medio Ambiente acreditó el inicio de ejecución de la iniciativa (Res. Ex. N°1776/2020)

Frente al revés, el 29 de septiembre de 2020, Oceana Inc. presentó en el Tribunal Ambiental de Santiago reclamación contra la resolución de la SMA que tuvo por iniciada la iniciativa, la cual fue admitida a tramitación. Pero a finales de noviembre del mismo año, el Tribunal Ambiental de Santiago tuvo a Compañía Minera del Pacífico como tercero independiente en la causa.

El 4 de noviembre de 2021, el tribunal llevo a cabo la audiencia, alegando en representación del reclamante Oceana Inc, el director ejecutivo de ONG FIMA Ezio Costa; Juan de Dios Montero, por la SMA, y Eduardo Correa, por Compañía Minera del Pacífico S.A., como tercero coadyuvante de la SMA.

Frente al revés, la directora Jurídica Oceana Chile, Javiera Calisto explicó que “CAP ha tenido un eterno perdonazo por parte de la institucionalidad ambiental. Primero fue el Servicio de Evaluación Ambiental que, a pesar de que la empresa se negó a evaluar los impactos que el puerto tendría en el Archipiélago de Humboldt, le otorgó el permiso ambiental. Y ahora, la Superintendencia y el Tribunal Ambiental, sabiendo que el proyecto fue evaluado con información de hace una década y sin dar inicio a su ejecución, le permiten seguir adelante”.

“El puerto Cruz Grande es incompatible con la protección del Archipiélago de Humboldt, por lo que en conjunto con las comunidades locales y los pescadores artesanales, seguiremos utilizando todos los mecanismos legales para lograr que el puerto no se construya”, agregó.

Desde Compañía Minera del Pacífico (CMP) explicaron que “el proyecto puerto Cruz Grande ha cumplido y seguirá cumpliendo todas las normativas vigentes y se someterá a las decisiones de los Tribunales de Justicia. El compromiso que ha tomado CMP es llevar adelante un proyecto que generará aportes al territorio y su gente, consolidando una actividad minera y portuaria sostenible que se proyecta al futuro”.