El Tribunal Constitucional (TC) envió al pleno los antecedentes que develó la abogada de Francisco Coeymans, exgerente general de Primus Capital, Ximena Risco, que darían cuenta de una filtración interna en su último intento por suspender el juicio penal en contra del exejecutivo del factoring. Esto, a pocos días de la audiencia de formalización que se llevó a cabo este miércoles ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

El exejecutivo no asistió a la audiencia, aduciendo estar con licencia médica por Covid en Lima, Perú, y la magistrada Mariana Leyton resolvió dictar una orden de detención en su contra. En la ocasión estaban citados los cuatro imputados por la millonaria estafa que afectó al factoring: además de Coeymans, Ignacio Amenábar, exgerente comercial, el técnico en cocina Marcelo Rivadeneira y el abogado Antonio Guzmán. La formalización finalmente se postergó para el próximo 10 de mayo a las 9 horas.

El pasado 1 de abril la abogada Risco, en representación de Coeymans, admitió haber recibido “por vías extraoficiales” la resolución del TC del 27 de marzo, que acogió a tramitación el requerimiento de inaplicabilidad constitucional en el que pidió suspender la audiencia en la que la fiscalía le comunicaría los cargos por los cuales indaga a su cliente.

“Esta resolución no se encuentra firmada por todos los Ministros de la 2ª Sala, no ha sido notificada a esta parte ni está registrada en la página web del Tribunal Constitucional”, añadió la jurista.

Pulso La Tercera consultó al Tribunal Constitucional sobre la gravedad de la filtración y desde la institución respondieron que a raíz de los hechos han iniciado una investigación sumaria, evitando entregar mayores detalles sobre el proceso, para no alterar el curso de la indagatoria

Frente al escrito de la abogada, Primus Capital -representada por el abogado Óscar Contreras- sostuvo que “llama profundamente la atención” que la abogada Ximena Risco hiciera presente que “recibió” la resolución que “supuestamente agravia” los derechos de su cliente por vías “extraoficiales”.

También respondió a las acusaciones de una supuesta “ofensiva comunicacional que desnaturaliza el necesario debate jurídico con adjetivos y descalificaciones”. “Lo que de verdad desnaturaliza el debate jurídico es citar parcialmente normas para procurar una suspensión, tal como lo hicimos presente en la víspera de la audiencia en que el tribunal desechó la suspensión solicitada”, señaló.

Actualmente el Tribunal Constitucional es integrado por los ministros y ministras Nancy Yáñez (presidenta), Marcela Peredo, Catalina Lagos, Raúl Mera, Héctor Mery, Alejandra Precht, Miguel Ángel Fernández, José Ignacio Vásquez, María Pía Silva y Daniela Marzi.

Este caso comenzó en marzo de 2023, cuando Primus Capital realizó un arqueo aleatorio de cheques, en línea con su plan anual de auditoría. En aquella ocasión, el auditor interno de la compañía detectó la existencia de 123 cheques presuntamente falsos, valorizados en $5.600 millones, por lo que el directorio decidió suspender de sus funciones a Coeymans y Amenábar.

El 17 de abril, ambos se autodespidieron y la compañía solicitó una revisión externa e independiente a un perito en documentología de los documentos, Luego contrató los servicios de la auditora internacional KPMG para elaborar un informe de auditoría forense; un análisis de los hechos identificados por el directorio de la compañía en su cartera vigente de colocaciones de factoring, y otros servicios financieros, tanto de sus clientes, operaciones y responsabilidades.

Según la denuncia penal, con “el informe forense preliminar de KPMG, se ha podido descubrir un esquema defraudatorio que tiene como cabecillas al ex director ejecutivo Francisco José Coeymans y el ex director comercial Ignacio Amenábar, con la intervención de otros autores y cómplices, en perjuicio de la compañía”.

A la fecha, el presunto fraude es investigado por el fiscal de la Fiscalía Oriente Metropolitana, Felipe Sepúlveda. Esto, luego que la empresa presentara una denuncia por los delitos de estafa, apropiación indebida, administración infiel, falsedad y lavado de activos. “Actualmente la compañía, a través de sus accionistas, ha debido ingresar fondos por poco más de US$ 120 millones para enfrentar los efectos negativos del esquema defraudatorio del que ha sido víctima”, acotó la demanda.