El jueves pasado, mientras el directorio de Codelco sesionaba para zanjar finalmente el acuerdo por el litio con SQM, la corporación informó someramente sobre el “retiro” (no se utilizó la palabra renuncia ni desvinculación) del gerente general de la hoy segunda división más importante de la corporación cuprífera estatal, Chuquicamata.

Pero en la histórica mina había una saga literalmente policial detrás de la salida de Christian Caviedes, quien desde 2022 ocupaba el máximo cargo de la división, que está en pleno proceso de conversión en su explotación de rajo abierto a subterránea.

Es que la intempestiva salida de Caviedes tras 20 años en la compañía, que se anunció el jueves en la tarde y se hizo efectiva el viernes, es poco común para este tipo de cargos, pues si existe una renuncia o una salida pactada, normalmente se hace con un periodo de tiempo previo para el traspaso y despedida del ejecutivo. En este caso, coincide con que el jueves sesionó el directorio de Codelco y se anunció vía hecho esencial con efecto inmediato.

Fuentes oficiales de la empresa no confirmaron un eventual despido, pero, consultados algunos ejecutivos, ratificaron que se trató de una desvinculación, pues se había perdido la confianza en Caviedes debido a varios episodios que lo habían confrontado con la alta dirección de la corporación.

Caviedes, ingeniero civil de minas de la Universidad de Chile, era considerado del grupo fuerte que se había formado en Codelco por ejecutivos provenientes de la división El Teniente, de donde salieron expresidentes ejecutivos como Octavio Araneda y André Sougarret, pero no alcanzó a coincidir temporalmente con el actual CEO de la corporación, Rubén Alvarado, en esa misma operación, pues Alvarado se fue en 2004 y él llegó en 2005. Caviedes ocupó diversos cargos de jefatura y superintendencia en esa división. En 2017 fue trasladado a Chuqui, donde asumió la gerencia de Recursos Mineros y Desarrollo, para luego asumir como gerente de Operaciones y desde octubre de 2022 la gerencia general. En su lugar, en calidad de interino, fue nombrado el actual gerente de Operaciones, René Galleguillos.

En 2022, Chuquicamata, que además de sus minas a rajo abierto y subterránea tiene una fundición y una refinería, produjo 268.348 toneladas métricas de cobre y en 2023, 248.495 toneladas. Al cierre de 2023, tenía 3.865 trabajadores.

En Chuquicamata coexisten cinco sindicatos que incluyen a trabajadores del rol B (es decir, que no son jefes ni superintendentes). El Sindicato N°3 está presidido por el ingeniero comercial y MBA de la Universidad Católica del Norte Hernán Guerrero.

Guerrero había encabezado una serie de críticas a la gestión de la compañía y en especial, de la gerencia de Chuqui, apuntando a los problemas de producción que ha enfrentado la empresa, la elevada accidentabilidad y la alta tercerización de los trabajos. “Hemos acusado directamente a la administración de que intencionalmente está deteriorando a la compañía con el fin de que sea privatizada”, dice Guerrero a Pulso.

El dirigente sostiene que dadas sus críticas, han sido objeto de presiones y prácticas antisindicales, que llegaron a su cúlmine a fines del año pasado, cuando se detectaron prácticas que sólo corresponden a la policía.

La corporación en Chuquicamata tiene contratada a la empresa de seguridad ISS para resguardar la integridad de las instalaciones industriales. Pero los sindicatos denuncian que, a través de esta empresa, contrataron a personas “exclusivamente para hacer seguimientos ilegales a los dirigentes de este sindicato”, acusa Guerrero.

“Este es un proceso que vía desde hace meses. Lo empezamos a notar el día 5 de octubre de 2023, cuando veíamos a personas que en camionetas rojas nos seguían. El 10 de octubre pudimos corroborar que nos estaban siguiendo. El tema reventó cuando un colega los fue a encarar frente a su casa, donde estaba con sus hijos y su esposa. Habían estado ahí toda la noche, sacando fotografías de él y su familia, e incluso a las 7 de la mañana hicieron un cambio de turno para seguir vigilando”, resume.

“Esto es una persecución con vigilancia ilegal. Esto no lo puede hacer nadie más que las policías. Y Codelco se arrogó esa labor, exponiendo claras amenazas a los dirigentes sindicales y sus familias, y además haciendo mal uso de los recursos de la empresa, que son finalmente recursos públicos”, reclama.

Los dirigentes sindicales hicieron las denuncias correspondientes a la propia división y a la Inspección del Trabajo en octubre pasado. Se realizó una investigación interna, “que no arrojó nada”, dice Guerrero. Pero luego el caso lo tomó la administración central, que ordenó una auditoría forense externa de la consultora KPMG, “la que constató todos los hechos relatados”. Paralelamente, hubo otro informe ratificatorio por parte de la Inspección del Trabajo de Calama.

Se constató no sólo que se realizaron estos seguimientos, sino que esta empresa de vigilancia también era utilizada para hacer servicios de vigilancia especiales en eventos donde participaban los ejecutivos.

“Ante estas cosas que se se descubrieron y se constataron, entendemos que la alta dirección de Codelco tomó la decisión de desvincular en marzo al director de Seguridad Industrial, (el exteniente coronel de Carabineros) Carlos Águila. Y ahora, al gerente general”, asegura Guerrero.

Tras el despido de Águila, el presidente de Codelco, Máximo Pacheco, dijo que “como corporación, no toleramos conductas que atenten contra la seguridad física y sicológica, ni que menoscaben la integridad o dignidad de una persona”. Esta vez la empresa no hizo comentarios al respecto.