La cuenta pública que realizó el Presidente Sebastián Piñera el sábado pasado ha sido tema obligado de conversación entre el mundo empresarial durante esta semana, en particular el recuento y los anuncios ligados al área económica.

Por esa razón, Fernando Barros, socio fundador de Barros & Errázuriz Abogados, se sumó al debate.

"Me pareció muy bien. Desgraciadamente en este país cada vez se analiza menos y salen con los discursos que ya tenían preparados antes de la cuenta. El Presidente fue muy claro que estamos hablando de un crecimiento entre 3% y 3,5%, lo que es estupendo en un contexto internacional como el que se vive hoy y es casi el doble de lo que crecimos en el gobierno anterior", afirmó el abogado tributarista que ha asesorado a varios grupos empresariales, tras exponer en el seminario "Directorios y el desafío de la Transformación", organizado por el Centro de Gobierno Corporativo del ESE Business School de la Universidad de Los Andes.

En ese sentido, instó a destacar esa cifra y a que todos se pongan de acuerdo para ir mejorando, en vez de estar criticando que es menos del 3,8% que se proyectó inicialmente o de estar mirando el vaso medío vacío.

"Cuando se ve un ambiente donde hay como un boicot, un verdadero sabotaje a la elección del gobierno, a todos sus proyectos de ley, a todas sus iniciativas, yo creo que el mundo empresarial piensa mucho antes de tomar decisiones de inversión que, en general, son riesgosas porque no tienen el éxito asegurado", advirtió Barros.

Tras la cuenta pública, surgieron algunas voces que plantearon modificar la reforma tributaria para que la oposición mejore su disposición y pueda ser aprobada con mayor facilidad, lo que ayudaría a mejorar las expectativas económicas. En ese contexto, recomendaron retirar la reintegración del proyecto, la que es considerada como el corazón de la reforma.

"Yo creo que es un absurdo plantear sacar la reintegración de la reforma tributaria. La reforma tiene una estructura y uno de sus pilares fundamentales es recuperar la integración total. Y, de nuevo, la integración no a punta a los más ricos, no apunta a favorecer a las empresas, sino que al ahorrante medio", aseveró de forma tajante el abogado.

Detalló que actualmente hay personas que dado su nivel de ingresos bajo o medio están exentas del pago de impuestos, pero por el solo hecho de ser ahorrantes en una sociedad anónima o de una empresa pequeña están pagando un impuesto que alguien de similares ingresos no paga. Lo anterior, a su juicio, implica una recarga tributaria injusta que sería mitigada con la reintegración, la que no ayudaría tanto a los grandes empresarios porque éstos no retiran las utilidades de las firmas, sino que las reinvierten para consolidar el negocio y desarrollar otros.

En ese escenario, Barros remarcó que "el Poder Legislativo tiene que ver y el gobierno tiene que decidir hasta dónde llega con el proyecto, pero para mí si no va la reintegración, yo sugeriría postergar el proyecto de reforma tributaria".

De todos modos, el lunes el gobierno descartó eliminar este elemento de la iniciativa.

Libertad y certeza

Uno de los puntos de la cuenta que generó polémica fue el rol que tendrá el ente público que se hará cargo del 4% de cotización adicional, en el marco de la reforma al sistema de pensiones. Si bien algunos interpretaron que el anuncio dejaba la puerta abierta para que las AFP pudieran participar de la administración de esos recursos, en los días siguientes el gobierno aclaró que las gestoras quedarán excluidas de aquello.

Fernando Barros tiene una mirada crítica sobre esta decisión. "Lo que me parece escandaloso es el susto y una posición ideológica cerrada a que las personas tengamos derecho a elegir. Yo respeto que quieran un ente público, el gobierno ha dicho que generará un ente público del más alto nivel. Yo quiero tener libertad de elegir si le entrego esos recursos al ente público o a una AFP que ha estado administrando una buena parte de mis ahorros previsionales durante 20 o 30 años, dependiendo de cada persona", sostuvo.

Agregó que se debería dejar el espacio para que las personas decidan a qué entidad quieren entregarle el 4%: si al ente estatal, a una AFP u otro tipo de gestor privado.

Otro tema que ha desatado discusión en el mundo empresarial en los últimos días es si en Chile existe o no certeza jurídica, luego de que el presidente de la CPC, Alfonso Swett, sostuviera la semana pasada que algunos empresarios extranjeros le preguntaron "¿cuándo vamos a tener certeza jurídica en Chile?".

"Yo creo que hay una autoridad absolutamente comprometida con el imperio del Estado de derecho, hay desorden en muchos aspectos en el ámbito político en declaraciones, pero el país tiene un estatuto jurídico que se cumple y se respeta", aseveró Barros, descartando que no exista certeza en el país.

Añadió que "podemos estar en desacuerdo con ciertas actuaciones o ciertos fallos o ciertas resoluciones administrativas, pero este país no es una situación caótica ni mucho menos. Al contrario, este país funciona y la administración y los poderes del Estado tienen que mantenerse dentro del rol que les corresponde y de repente algunos tienden a abarcar aspectos que son propios de áreas más técnicas, lo que no debiera ocurrir, pero en general no crea una sensación de inestabilidad".