Más de 10 meses lleva recluido Gabriel Urenda Salamanca en el anexo penitenciario Capitán Yáber, donde cumple la medida cautelar de prisión preventiva dictada por el Cuarto Juzgado de Garantía a partir de su rol en el denominado caso Intervalores.
El Ministerio Público investiga al fundador del extinto grupo empresarial y a algunos ejecutivos por los delitos de entrega de información falsa al mercado, estafa y apropiación indebida en un esquema piramidal que afectó a 80 víctimas con un perjuicio cercano a los $11.000 millones.
Las indagatorias de la Fiscalía, lideradas por el jefe de la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la zona oriente, Felipe Sepúlveda, partieron, en parte, gracias a una denuncia enviada el año pasado por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la que había detectado indicios del delito de entrega de información falsa al mercado.
De hecho, a raíz de su investigación, la CMF multó a Urenda con 6.000 UF ($168 millones) y a su corredora de bolsa con 8.000 UF ($225 millones).
Esta denuncia formulada por la CMF forma parte de las 11 que ha enviado el organismo fiscalizador al Ministerio Público desde que comenzó a funcionar en enero de 2018, según información obtenida a través de la Ley de Transparencia. La mayor parte de los delitos denunciados corresponden a entrega de información falsa al mercado y a la infracción al secreto de la investigación administrativa. 
En ese sentido, una investigación que desarrolla la Fiscalía por este último delito tiene que ver con el caso de irregularidades en el Sistema de Consultas y Ofertas de Pensión (Scomp), donde el organismo persecutor está en proceso de concretar la primera formalización.
En paralelo, la Unidad de Investigación de la CMF ha hecho uso de las facultades intrusivas que le entregó la ley que reformó al regulador financiero. En ese contexto, en tres ocasiones ha levantado el secreto bancario, en una oportunidad realizó un allanamiento con ayuda de la fuerza policial y en otra ocasión incautó documentos, aunque en la respuesta dada por Ley de Transparencia no entrega detalles de cuáles fueron las personas o empresas involucradas ni de las infracciones relacionadas.