Los reguladores de China están tratando de lograr que Jack Ma haga algo que el aproblemado multimillonario ha resistido durante mucho tiempo: compartir los tesoros de los datos de crédito al consumidor recopilados por su gigante de la tecnología financiera.

Ma tiene poco espacio para negociar, después de que el imperio empresarial que ha construido durante décadas cayera en la mira de los fiscalizadores e incluso del presidente Xi Jinping, situación que refleja, en parte, la preocupación de Beijing respecto a que el extravagante empresario se haya centrado demasiado en sus las fortunas de sus negocios por sobre los objetivos del Estado de controlar los riesgos financieros.

Lo fundamental para la ofensiva sobre Ant Group Co., donde Ma es el accionista mayoritario, es que los reguladores identifican una injusta ventaja competitiva de la empresa sobre los pequeños prestamistas e, incluso, grandes bancos, lograda a través de una gran cantidad de datos personales extraídos de su aplicación de pago y estilo de vida Alipay.

La aplicación, utilizada por más de mil millones de personas, tiene una gran cantidad de datos sobre los hábitos de gasto de los consumidores, los comportamientos de endeudamiento y el historial de pagos de facturas y préstamos.

Equipada con esa información, Ant ha otorgado préstamos a 500 millones de personas y ha conseguido que unos 100 bancos comerciales proporcionen la mayor parte de la financiación. En esos acuerdos, los bancos asumen la mayor parte del riesgo de incumplimiento de los prestatarios, mientras que Ant se embolsa las ganancias como intermediario.

Ahora, las autoridades buscan revertir ese modelo de negocios, que ha resultado lucrativo para la empresa pero que conlleva peligros potenciales para el sistema financiero del país.

Las autoridades no solo están preparadas para regular el negocio de préstamos de Ant como un banco, lo que provocaría que suministre más de sus propios fondos al otorgar préstamos, sino que también planean romper lo que consideran el monopolio de la compañía sobre los datos, de acuerdo con funcionarios y asesores gubernamentales con conocimiento en materia regulatoria.

Ant se negó a comentar.

Un plan que se está considerando requeriría que Ant ingrese sus datos en un sistema nacional de informes crediticios administrado por el banco central, el Banco Popular de China, dicen las personas familiarizadas con el asunto. Otra opción sería que Ant compartiera dicha información con una empresa de calificación crediticia que esté efectivamente controlada por el banco central.

A pesar de que Ant es accionista de la compañía de calificación crediticia, junto con otras siete firmas chinas impulsadas por big data, no ha entregado sus datos, dicen las fuentes.

“Cómo regular los monopolios de datos es el centro del problema aquí”, dijo un asesor del comité antimonopolio del Consejo de Estado de China, el principal organismo gubernamental.

En Estados Unidos, los legisladores también han intensificado sus esfuerzos para tomar medidas enérgicas contra las grandes tecnológicas, argumentando que empresas como Facebook Inc. y Google han utilizado grandes cantidades de datos para vencer a sus rivales. Todos los gigantes tecnológicos han negado haber actuado mal.

Algunos analistas del sector de tecnología financiera de China están de acuerdo en que es de interés público que empresas como Ant compartan datos de créditos al consumidor. Sin embargo, no está claro si los reguladores exigirían acceso a toda su base de datos, incluida la información patentada que Ant utiliza para analizar la solvencia crediticia de sus clientes.

“Hacer que los historiales crediticios y las puntuaciones sean más públicos es algo bueno”, dijo Martin Chorzempa, investigador del Peterson Institute for International Economics que está escribiendo un libro sobre el sector de las Fintech en China. “Puede ayudar a que los préstamos sean más competitivos y evitar el sobreendeudamiento”.

Durante años, los reguladores financieros de China, dirigidos por el banco central, se han esforzado por construir un sistema de calificación crediticia similar a las calificaciones FICO de Estados Unidos, creado por Fair Isaac Corp., como una forma de facilitar que los prestamistas de toda China evalúen los riesgos crediticios y amplíen el acceso al financiamiento tanto para empresas como para particulares. El esfuerzo es parte de una más amplia iniciativa de “gobernanza digital” destinada a aprovechar los datos y la tecnología para lograr un mayor control social y económico.

Jack Ma, quizás el empresario chino más identificado con la innovación en las últimas décadas ha ayudado al gobierno de diversas formas a lo largo de los años. Alibaba Group Holding Ltd., el gigante del comercio electrónico que co-fundó en 1999, ha utilizado sus fuentes de datos para ayudar a las autoridades a cazar sospechosos de delitos y silenciar la disidencia. La aplicación de pago Alipay de Ant contiene funciones de rastreo de contactos para ayudar al gobierno a contener la pandemia de coronavirus.

Sin embargo, en los últimos dos años, Ma se ha resistido a los intentos regulatorios de hacer más disponibles los datos crediticios personales propiedad de Ant, según funcionarios y asesores gubernamentales familiarizados con el tema.

En 2015, Ant inició su propio sistema de calificación crediticia, llamado Zhima Credit, que asignaba calificaciones a muchas personas y pequeñas empresas que no tenían antecedentes crediticios establecidos en otros lugares.

Tres años más tarde, el Banco Popular de China lanzó una empresa de informes de crédito personal, llamada Baihang Credit, e invitó a Ant Group, a Tencent Holdings Ltd. -propietaria de la popular aplicación de mensajería WeChat y su red asociada de pagos móviles-, más seis otras empresas a ser los accionistas minoritarios de Baihang Credit. El propietario controlador es la Asociación Nacional de Financiamiento de Internet supervisada por el banco central.

La idea era que Ant y otros compartieran los datos de crédito de sus clientes, que luego serían accesibles para las instituciones financieras de todo el país.

Sin embargo, el plan casi fracasó. Ant se negó a contribuir con lo que considera sus datos patentados para mantener su competitividad, dicen los funcionarios y asesores. Mientras tanto, las ambiciones de Zhima Credit se redujeron, y la unidad Ant ahora es esencialmente un programa de lealtad, que brinda beneficios como exenciones de depósito en el alquiler de cargadores de teléfonos celulares, bicicletas y automóviles, a las personas con puntajes de crédito altos

El propio magnate se ha visto envuelto en una tormenta regulatoria en los últimos meses. Un discurso público que realizó a fines de octubre, en el que arremetió contra la campaña del presidente Xi para combatir los riesgos financieros, así como contra los reguladores financieros, enfureció a los líderes y llevó a que Xi cancelara personalmente una venta de acciones muy esperada por Ant. , -según funcionarios chinos con conocimiento del asunto- y ordenó a los reguladores que investigaran los riesgos que plantea su negocio.

Desde entonces, los reguladores han atacado a Ma y su imperio como parte de un esfuerzo mayor para fortalecer la supervisión de la esfera tecnológica cada vez más influyente del país.

En una reunión privada con los reguladores a principios de noviembre, el propio Ma también ofreció que el gobierno “tome cualquier parte que Ant tenga, siempre que el país lo necesite”, según personas con conocimiento del tema. A fines de diciembre, el banco central trazó una hoja de ruta para que Ant reestructurara su negocio, requiriendo, entre otras cosas, que la empresa tuviera la licencia completa para operar su negocio de crédito personal.

En un comunicado emitido por el Banco Popular de China, el vicegobernador Pan Gongsheng también criticó ampliamente a la compañía por su “desafío a las demandas regulatorias”.

Jack Ma no ha aparecido públicamente desde su discurso de octubre. En las últimas semanas, Ant ha reducido partes de sus operaciones, bajando los límites de crédito para algunos prestatarios individuales y eliminando productos de depósito en una línea que los reguladores financieros han desaprobado.