Son principalmente tres los proyectos sobre los cuales la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) levantó una alerta hace algunos días, pues el regulador escribió una columna donde señaló que “ve con preocupación una serie de iniciativas legislativas que, en conjunto, pueden impactar la solvencia y liquidez de instituciones del sector bancario y de seguros, mermando la capacidad del sistema financiero de seguir apoyando con créditos a las empresas y a los hogares”.

Se trata de las siguientes mociones: la postergación obligatoria de cuotas por seis meses para los créditos de consumo, hipotecario y comerciales; el proyecto que busca congelar los embargos y remates de bienes muebles e inmuebles recibidos como garantía para créditos y los alzamientos en contratos de arriendo; e iniciativas que buscan evitar que la morosidad de créditos se reporte a los sistemas de información comercial durante el estado de excepción constitucional y meses posteriores.

Los tres proyectos iniciaron su tramitación en la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, y los dos primeros ya pasaron a su segundo trámite constitucional en el Senado. El primer proyecto ahora está radicado en la Comisión de Economía del Senado, y el segundo en la Comisión de Constitución.

Si bien en la Comisión de Economía de la Cámara los diputados opositores entregaron su respaldo en bloque a estas iniciativas, y les dieron urgencia, en el Senado podría no ocurrir lo mismo. Así lo demuestran algunos parlamentarios tras ser consultados por la columna que escribió la CMF, aunque las mociones siguen presentado apoyo de otros sectores.

El senador Felipe Harboe (PPD), de la Comisión de Economía, cree que “hay que mirar con sentido global la regulación que se está haciendo. Hay que ser cuidadosos en no caer en la tentación de legislar para el corto plazo pudiendo crear condiciones imposibles para algunos proveedores que después los hagan inviables y terminemos con un mercado más concentrado”.

En tanto, el senador Francisco Huenchumilla (DC) de la Comisión de Constitución, cuenta que ahora tienen otros proyectos con prioridad, como el código de aguas, delitos ambientales, escaños reservados, normas para tribunales, etc. “En su momento lo veremos, pero hoy no está en la agenda inmediata”, cuenta.

Por su parte, el senador Alfonso de Urresti (PS), de la Comisión de Constitución, apoya las mociones. “Ciertamente, como legisladores concurrimos a la transformación de la Superintendencia de Valores y Seguros en la CMF, el año 2017, porque entendíamos la necesidad de evolucionar en esa materia. Sin embargo, lo anterior no obsta a que desde nuestro propio rol, cual es el de legislar y representar, especialmente en un contexto de pandemia, legislemos sobre situaciones de fuerte impacto social o económico de la vida de las personas”, advierte el senador del PS.

De Urresti continúa diciendo que "por lo demás, muchos de esto temas vienen siendo abordados desde hace años y nunca constituyeron un impacto a ´la solvencia y liquidez de instituciones del sector bancario y de seguros´ ni una merma ´a la capacidad del sistema financiero´”.

En tanto, el senador dice que “sobre el congelamiento de embargos y remates, había que recordar que el primer proyecto que aborda esta materia, de 1994, estableciendo la inembargabilidad de las viviendas sociales, terminó siendo la Ley N°19.515, sin que por ello se afectara ni el mercado financiero ni el inmobiliario. Desde ahí en adelante han existido diversas iniciativas en esta materia”.

En ese sentido concluye que “siendo legítima la preocupación del CMF desde su perspectiva de sus obligaciones, nosotros como parlamentarios tenemos la obligación de legislar considerando los contextos y entendiendo que cautelar derechos, brindar mayor protección a adultos mayores o personas discapacitadas, por ejemplo, no ponen en riesgo ningún mercado y, por lo tanto, hoy no corresponde asustarse ante las medidas que buscan adoptarse ante los efectos sociales que ha generado el Covid-19”.

Por otro lado, los diputados de la Comisión de Economía no han cambiado su visión de las mociones tras la columna de la CMF: en la oposición apoyan y en el oficialismo creen que hay que ser cautos.

Por ejemplo, el diputado Jaime Naranjo (PS) afirma: “Estoy de acuerdo en apoyar los tres proyectos. De hecho, los dos primeros están en el Senado. Ya los aprobamos en la Cámara”.

En paralelo, la diputada Sofía Cid (RN), cuenta que “las mociones parlamentarias se proponen para ayudar a las personas, pero lo que fue avanzando podría al final del día perjudicar a los usuarios de las instituciones financieras, todas estas medidas los hacen más riesgosos, muchos de ellos tendrán que asumir tasas más altas para acceder a un crédito o quedarán sin posibilidad de crédito".

La diputada Cid concuerda con la CMF, y cree que idealmente hay que mejorar estas iniciativas, pero para ello, se requiere que participe el Ejecutivo, comenta. Por ejemplo, dice que “el proyecto de postergación de créditos hipotecarios presentado por el Ejecutivo con garantía estatal permite evitar las consecuencias que presenta la CMF”.

En definitiva, la parlamentaria de RN dice que si bien estas mociones se impulsaron con el fin de ayudar a las personas, “al final se hace más riesgoso cada cliente, y eso los deja con tasas altas o fuera del mercado financiero”.