Nada de bien han tomado los accionistas minoritarios de SQM -principalmente los extranjeros- el tenor que ha alcanzado la arremetida judicial que ha emprendido la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) en contra de la compañía, por discrepancias en la interpretación del contrato de arrendamiento para la explotación del Salar de Atacama.

En concreto, el hecho de que la pugna escalara a la arena política -y no fuera encapsulado en el área procesal- ha sido motivo de profunda molestia entre los minoritarios de SQM.

Esto llevó a distintos socios de Julio Ponce Lerou en la minera a manifestar, a través de al menos tres cartas enviadas a distintos estamentos del Estado, su preocupación por la forma en que se está ventilando el actual conflicto.

Las misivas, a cuyo contenido tuvo acceso PULSO, tienen por remitente a un grupo de accionistas minoritarios liderados por SailingStone Capital Partners. En ellas han hecho saber su molestia al gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet por la forma en que ha sido abordado por Corfo -agencia que lidera Eduardo Bitrán- este conflicto.

Más aún

Las mismas fuentes sostienen que de las tres misivas enviadas una de ellas fue dirigida incluso a la propia Mandataria. Las otras dos cartas tuvieron como destino el ministerio de Economía y otra, el ministerio de Relaciones Exteriores.

En concreto, lo que se busca es explicar el rol de los inversionistas extranjeros en el marco del proceso arbitral. “SQM es una empresa de muchos accionistas e importante a nivel global y que por estos días enfrenta un arbitraje que no era esperado. Es una situación compleja que para bien de ambas partes debe ser zanjado a través de los cauces institucionales”, destaca una de las misivas.

Tal es la preocupación que también PotashCorp, el principal socio de Ponce Lerou en la compañía, se ha sumado a los correos enviados al Gobierno, demostrando su inquietud por el resultado del litigio.

La empresa Potash es a la vez el mayor productor de fertilizantes del mundo y sus capitales son canadienses. A la fecha es la propietaria del equivalente a 32% de SQM en virtud de su estructura accionaria dual de clase y tiene el derecho de nombrar a tres de los ocho asientos en el directorio de la compañía.

Al interior de SQM han optado por la reserva, y evitan hacer comentarios sobre la inquietud que expresan sus socios. No obstante, hay quienes han optado por revelar detalles sobre el impacto que genera a la imagen la arremetida de Corfo al país en su labor de atraer inversión extranjera.

Mientras en Corfo aseguran no desconocer las cartas enviadas por varios inversionistas de distinto tamaño al gobierno. De hecho, fuentes de Gobierno agregan que la preocupación de los minoritarios incluso los ha llevado a reunirse con autoridades.

Esto se puede corroborar con los antecedentes publicados en el portal de Ley de Lobby. Allí se revela que representantes de SailingStone Capital Partners LLC se reunieron recientemente con la ministra de Minería, Aurora Williams. Si bien la cita fue convocada para abordar la “política nacional del litio” -según consta en la convocatoria al encuentro-, la reunión da cuenta que el fondo de inversiones mantiene un activo interés por la minería y en particular por el negocio del litio.

A la cita que se realizó en agosto asistió Alicia Undurraga, la ex jefa de asuntos internacionales del ministerio de Minería del gobierno de Sebastián Piñera, en su rol de asesora del fondo extranjero.

Por otro lado, fuentes cercanas al Ejecutivo reafirman que el conflicto debe ser abordado en estricto apego al Estado de Derecho, desestimando las críticas que realizan los minoritarios de SQM. En Corfo también tienen esta posición, recordando que la representación de la corporación en el conflicto arbitral está en manos del Consejo de Defensa del Estado (CDE). Esto último, considerando que el actual presidente de la entidad que se encarga por velar por los intereses del fisco es el abogado Juan Ignacio Piña, quien fuera nombrado en la administración anterior.

Señales

En el entorno de SQM aseguran entender que de un contrato como el suscrito con Corfo, pueden surgir diferencias, pero solicitan que el arbitraje funcione. “Las presiones políticas que han ejercido han hecho que el arbitraje no funcione correctamente”, afirma un cercano a la compañía.

A la fecha el juicio arbitral por las pertenencias mineras de SQM Salar con Corfo sigue en etapa de prueba.

El plan de la empresa es separar los temas, avanzar en las investigaciones internas y seguir produciendo. Todo, mientras se enfrenta además el litigio con Corfo, cuestión que está avanzando. Por lo mismo, los pasos de SQM apuntan a fortalecer el directorio nombrado en abril, que cuenta con el respaldo de la canadiense PCS. En efecto, desde abril, cuando asumiera el nuevo gerente general, Patricio Solminihac, la compañía ha entrado en una estrategia para alejarse de la marca “Ponce”.

En medio del proceso, el propio vicepresidente Ejecutivo de la corporación, Eduardo Bitrán, ha señalado que no habrá acercamientos con la compañía mientras Julio Ponce sea el mayor accionista.