Ampliar la gratuidad privilegiando a los estudiantes técnicos profesionales. Ese es uno de los mandatos que ya recibió el futuro ministro de Educación, Gerardo Varela. La misión llegará a su cartera con el detalle que el mismo Presidente electo, Sebastián Piñera, entregó durante su campaña. "Vamos a avanzar hasta llegar al 90% de los estudiantes técnicos profesionales, eso significa beneficiar a 325 mil jóvenes chilenos", dijo el futuro mandatario en noviembre del año pasado.
Para que Piñera y Varela logren esta promesa deberán sortear por lo menos tres obstáculos. El primero es buscar la manera de aumentar el número de beneficiados.
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El año pasado fue la primera vez que la gratuidad universitaria incluyó a los institutos profesiones (IP) y a los centros de formación técnica (CFT). Según las cifras del Mineduc, la matrícula total de pregrado de estas instituciones es de 514.143 alumnos y de ellos 93.453 estudiaron con gratuidad. Dicha cifra sólo representa el 28% de la meta puesta por Piñera.
Para concretar el aumento de beneficiados, una opción que tiene el equipo del futuro Presidente es ampliar los IP y CFT que cumplen con los requisitos para la gratuidad. Actualmente hay 91 instituciones de educación técnico profesional y sólo 13 cumplen con las condiciones. La ley establece que deben tener acreditación institucional de por lo menos cuatro años y estar constituidas como entidades sin fines de lucro.
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Según la información oficial del Mineduc, de los 91 IP y CFT que existen, sólo 13 están acreditados por cuatro años o más, 38 no lucran y sólo uno ha manifestado su compromiso de transformar su personalidad jurídica este año hacia sin fines de lucro. Por lo tanto, Piñera podría reformular alguno de estos criterios para los IP y CFT con gratuidad.
Modificar la exigencia de acreditación estaría descartado ya que en Chile Vamos es visto con buenos ojos exigir ciertos estándares mínimos de calidad. Sin embargo, no se piensa lo mismo respecto de la exigencia del fin al lucro. El abogado y experto en educación, Jorge Barrera, cree que este requisito es "en si mismo discriminatorio, arbitrario e inconstitucional pues no es una exigencia ni razonable ni proporcionada para el cumplimiento de los objetivos de la gratuidad que es entregar educación gratuita y de calidad a los estudiantes más vulnerables".
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A pesar de eso, el director ejecutivo de Acción Educar y ex integrante del equipo programático de educación de Piñera, Raúl Figueroa, aseguró que la propuesta se basa en "respetar las condiciones actuales de la gratuidad".
Además de esto, existe un segundo obstáculo aún más complejo. La nueva ley de educación superior no distingue entre universidades, IP o CFT. Esto implica que la gratuidad debe avanzar sin distinguir el tipo de institución. Por lo tanto, como la promesa de Piñera implica aumentar la gratuidad única y exclusivamente en educación técnico profesional, deberá obligatoriamente modificar la recién aprobada reforma a la educación superior.
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La amenaza del TC
La última traba que deberá sortear Piñera es el control preventivo que tiene que realizar el Tribunal Constitucional (TC) antes de que la reforma a la educación superior se transforme en ley.
Se espera que dicho control se base en 14 artículos de la ley. Sin embargo, conocedores del proceso afirmaron que existe la posibilidad de que el TC se pronuncie sobre otros aspectos del texto. De esta manera, la puerta está abierta a que el órgano cuestione o impugne el requisito de estar constituido como persona jurídica sin fines de lucro u otras disposiciones.
Con todo, los ojos están puestos en el TC. El tribunal aún no inicia el análisis de la ley ya que está en receso hasta marzo. Incluso, en el oficialismo hay preocupación ya que están apostando sus fichas a que la ley que consagra la gratuidad sea proclamada por la Presidenta Bachelet. Sin embargo, no hay certeza de que el TC haga el control en menos de una semana por lo que, paradójicamente, la ley recién podría ser proclamada después del cambio de mando. En caso de que eso ocurra, será el mismo Piñera quien deba proclamar una de las reformas centrales del proyecto de Bachelet y de la cual su sector lideró una férrea oposición durante su tramitación.
