Alberto Le Blanc, quien es sindicado por la Superintendencia de Valores (SVS) como un agente instrumental para el desarrollo de un “esquema” que habría perjudicado el interés social de la Cascada de SQM, recurrió a los juzgados civiles para pedir que se desestime la sanción administrativa de la Super de Valores y se reconsidere la multa impuesta de US$4,1 millones.

Quien fuera socio de la corredora Transcorp, que dejó de operar en 1999 y, según la SVS, desde esa época habría tenido trato comercial con SQYA, Norte Grande y Calichera, desmintió haber servido de puente entre las sociedades Cascada a través de sus empresas, e Inversiones SQ (de Ponce) y Silvestre (de Guzmán) para la transferencia de acciones Calichera-A, papeles que luego habrían sido íntegramente comprados por Potasios a precios superiores.

En el escrito de 69 páginas presentado por Le Blanc, afirma que todas sus transacciones cuestionadas “fueron realizadas a través de Corredores de Bolsa, con desconocimiento de la parte que compraba o vendía, sin ninguna Operación Directa (OD)”.

Adicionalmente, el ingeniero comercial cuestiona la metodología utilizada por la SVS para determinar su participación en el caso.

“El voluminoso acto administrativo fue pronunciado en un tiempo récord de 2 semanas (…). La forma express de actuación administrativa revela que he sido condenado con abierta infracción a las garantías de racional y justo procedimiento”, señala.

Según Le Blanc, su participación se refiere a 46 transacciones bursátiles, de compra y venta, las que fueron ejecutadas desde el 13 de junio de 2011 al 7 de noviembre de 2011, sólo en relación a la acción de Calichera-A, que es uno de los 5 tipos de acciones vinculadas a la investigación.

“Es una desproporción que tras haber analizado un millón de transacciones bursátiles, se haya concluido que 46 operaciones que efectivamente realicé entre junio y julio de 2011 forman una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo”, sostiene.

El sancionado añade que la “falta de rigor y liviandad” con la que ha actuado el regulador lo dejó en un “auténtico estado de perplejidad”, y que las acusaciones “vertidas en forma pública, mediando una verdadera campaña de publicidad, han afectado gravemente mi honra y la de mi familia”.

Además, sostiene que el proceso administrativo careció de garantías. “La declaración realizada a la SVS, que en todo caso no acredita nada de lo imputado, fue obtenida por sorpresa, con malas artes, sin citación legal, efectuada de manera espontánea, sin ningún tipo de asesoría, con información inexacta dada por la autoridad respecto del rol que yo jugaba, y además ponderada acomodaticiamente”, apunta.

Esta es la segunda reclamación a la justicia ordinaria que pide la anulación del dictamen de la SVS. La primera fue de Patricio Contesse Fica, gerente general de Potasios.