El arbitraje entre el Estado y Alsacia ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi) avanza a paso firme. El 9 de febrero los abogados del operador del Transantiago -representados por la firma francesa Dechert- presentaron su memorial, que recoge los argumentos de su demanda y las peticiones de la compañía. Ahora, resta que el Estado ingrese la contestación, lo cual está establecido para el 13 de junio próximo. Mientras tanto, las partes acordaron recientemente las reglas de transparencia que se aplicarán en el arbitraje, así como los documentos y las audiencias que se harán públicos.

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Entre los argumentos entregados por los hermanos Carlos y Francisco Ríos -controladores de dos de las empresas operadoras del Transantiago Alsacia y Express- en la solicitud de arbitraje, los empresarios hacen hincapié en los millonarios daños que causaron los nuevos contratos de concesión que se firmaron en 2011. Es decir, durante la administración pasada de Sebastián Piñera.

"El Estado ha destruido las inversiones de los demandantes, eliminando poco a poco los beneficios que éstos debían obtener de las concesiones e imponiéndoles condiciones cada vez más gravosas", dice la compañía. De este modo, cuestionan la Ley 20.504 que se publicó en marzo de 2011, la cual modificó el régimen jurídico del transporte público otorgado en concesión. "Concretamente, la ley estableció exigencias adicionales para la prestación del servicio público de transporte (como el servicio de bus) y facultó al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) para dejar sin efecto los contratos de concesión existentes (los contratos de concesión iniciales) y suscribir nuevos contratos de concesión, sin licitación (...). Poco tiempo después, el MTT forzó a las compañías a suscribir los nuevos contratos de concesión. Estos contratos, sin embargo, se encontraban sujetos a términos económicos muy distintos a los contenidos en los contratos de concesión iniciales", señalan en la demanda.

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Para Alsacia, estos nuevos contratos de concesión "desnaturalizaron el régimen económico de la misma, debido a que los componentes de los ingresos de los concesionarios fueron alterados sustantivamente y porque se incluyeron una serie de nuevos índices operacionales (de calidad, desempeño, etc.) no previstos con anterioridad y que darían lugar a la imposición de multas y penalidades".

En concreto, sostienen que bajo los nuevos contratos de concesión, el monto fijo de remuneración a las compañías se redujo del 95% del total de sus ingresos hasta el 30%, mientras que los variables se incrementaron del 5% establecido en las tratativas anteriores a 70%. "Bajo este nuevo esquema remunerativo, el Estado redujo dramáticamente la remuneración estable de las compañías y sus ingresos pasaron a depender de la demanda de pasajeros formales, es decir, de aquellos que pagan por el transporte. Adicionalmente, este esquema incorporó una serie de penalizaciones y deducciones sobre los ingresos de las compañías, basadas en el cumplimiento de índices de calidad, operativos y de desempeño que dependían, en gran parte, del previo cumplimiento de obligaciones y compromisos estructurales del propio Estado, que no fueron ni han sido cumplidos", señalan.

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Más aún, la compañía sostiene que a partir de la suscripción de los nuevos contratos de concesión, el Estado adoptó "medidas arbitrarias, injustas y discriminatorias hacia las compañías que les han causado, y siguen causando, millonarios daños y perjuicios de carácter económico y reputacional, entre otros".