Parodiando a la célebre obra del artista René Magritte "Ceci n'est pas une pipe" -esto no es una pipa- Alsacia da inicio a la demanda que presentó contra Chile ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (Ciadi). "Chile suele presentarse en los mercados internacionales como una nación aparte, es decir, diferente en el sentido mejor, dentro de un contexto latinoamericano (...). Este caso, sin embargo, pone a prueba el marketing chileno. La situación prueba que, como ocurre en muchos otros asuntos y campos, existe una innegable distancia entre el discurso y la realidad", dice el principal operador del Transantiago en alusión al famoso dibujo de Magritte que pone en duda la realidad de las cosas.

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En US$332 millones calculó Alsacia los daños que causaron los nuevos contratos de concesión del Transantiago que se firmaron en 2011. Y es que estimó una pérdida de dividendos por US$182 millones y daños por la pérdida de valor de su capital accionario por US$94,1 millones. Pero la compañía fue más allá. También solicitó al Estado una compensación por US$56 millones por quedar fuera de la licitación del Transantiago, proceso que hoy se encuentra paralizado. La intención de la compañía era participar del concurso y ofertar por las unidades 1 y 6. Sin embargo, sus deseos se vieron frenadas por incumplir con índices de regularidad establecidos por el Gobierno. Según aseguró Alsacia en el documento presentado al Ciadi, "Chile buscó, por todos los medios posibles impedir que los demandantes puedan presentar ofertas en la nueva licitación". De hecho, en la demanda aseguran que la empresa tenía un 75% de probabilidad de adjudicarse dichos contratos. "Independiente de la motivación de Chile, si Chile hubiese cumplido con sus obligaciones y, entre otros, hubiese autorizado a que las compañías incrementas en su flota, éstas habrían podido cumplir con el ICR -índice de regularidad- exigido en sus planes de operación y se encontrarían en el rango más alto de los previstos (de las bases de la nueva licitación)", sostuvieron en la demanda.

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Las exigencias

La principal crítica del operador del Transantiago apunta a que Chile decidió poner término anticipado a los contratos iniciales para modificar por completo el modelo de negocio, lo cual habría perjudicado la estabilidad económica de la empresa.

Así, dijeron que al suscribir los nuevos contratos confiaron en que Chile les permitiría cumplir los programas de operación y, de ser necesario, aplicaría multas o descuentos en los ingresos de manera razonable y de conformidad a los contratos. De acuerdo al relato de Alsacia, aquello no sucedió. A modo de ejemplo, indicaron que solo un año después de firmar los nuevos contratos, debieron pagar multas por US$25 millones. Estas, se cobraban por el incumplimiento de los índices de desempeño, plasmados en los nuevos contratos.

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En la demanda también cuantificaron los daños por la evasión. En este sentido, sostuvieron que han asumido altos costos para "paliar las fallas del Estado en la lucha contra la evasión", los cuales ascenderían a US$5 millones al año. Pero también lanzan fuertes acusaciones. "Chile tiene un interés político y hasta pecuniario en no respaldar la lucha contra la evasión, lo cual permite ahorro por no pagar a los concesionarios todos los viajes que hacen los viajeros en el sistema, ahorrar por no pagar el costo del personal necesario para la fiscalización de los buses y zonas pagas y por lo tanto, no tener que aumentar los subsidios al sistema y la tarifa pagada por los usuarios", indicaron.

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Por otra parte, acusaron que desde marzo de 2013 el Estado sabía que las compañías podrían tener una TIR (tasa interna de retorno) negativa de -8,17% al término de su concesión en 2018 si no se reequilibraban los contratos.