Es fundamental hacer cambios, pero sin apuro. Ese es el principal mensaje del ex subsecretario de Previsión Social del Gobierno de Sebastián Piñera y socio en PrimAmerica, Augusto Iglesias, quien señala que la reforma al sistema previsional debe considerar sólo cuatro pilares: aumento en la edad de jubilación, mayores cotizaciones, mejoras al Pilar Solidario y estimular el ahorro voluntario. Pero él ve difícil que los cambios se hagan durante el actual Gobierno, lo que se explica por temas políticos y no técnicos.
¿Qué le parece la solicitud de parlamentarios del PC de apurar la reforma previsional con una visión más estatista?
Es indudable la necesidad de hacer ajustes al sistema, porque las pensiones están bajo las expectativas de algunas personas y porque las condiciones económicas han cambiado; los salarios han estado creciendo y la gente quiere pensiones que se parezcan a los últimos sueldos y no a los que ha obtenido en promedio durante su vida. Pero una cuestión muy distinta a la necesidad de hacer cambios es concluir que tienen que ser apurados. Hacer las cosas apuradas y mal se paga por demasiado tiempo en materia de seguridad social, porque los resultados se ven en muy largo plazo.
El tema es cuál es el tipo de cambios que hay que hacer. Es indudable, y no es conclusión mía sino que de todos los grupos que se han reunido para evaluar el sistema chileno, que frente a los desafíos las respuestas son claras: hay que subir tasas de cotización, ajustar las edades de jubilación y estimular todas las formas de ahorro voluntario, esos son los cambios fundamentales y necesarios a la brevedad y no otros.
Coincide entonces con las prioridades establecidas por David Bravo.
Sí y me sumo a lo del Pilar Solidario que menciona. El problema es que eso cuesta recursos públicos y en las condiciones de las finanzas fiscales esos son cambios que hay que evaluar con extremo cuidado, pero sí hay cosas que se pueden y deben hacer.
Esa sería una reforma muy potente. Lo otro son llamados equivocados que no están inspirados por otra cosa sino que por el convencimiento ideológico, y lo digo en el buen sentido, de que al sector privado no le corresponde un rol en la administración de seguridad social.
El apuro del Partido Comunista se explica porque ellos creen que las condiciones para hacer un cambio de ese tipo existen ahora y no en el futuro próximo.
Al término del gobierno del Presidente Piñera ustedes entregaron el Libro Blanco de las Pensiones y ahora la Comisión Bravo ya terminó su trabajo hace cinco meses. Evaluaciones no faltan, pero ¿qué pasa con las propuestas concretas?
Desde el punto de vista técnico la cosa está bastante madura, lo que pasa es que políticamente los ajustes que hay que hacer son complejos. Cuando se habla de subir la edad de jubilación o aumentar la tasa de cotización son dos cambios que, aunque necesarios, despiertan temores en la población, resistencia y dudas. Se necesita tiempo para conseguir un apoyo político a los cambios.
¿Espera un cambio antes de que termine el gobierno?
No lo puedo decir, no estoy en el Gobierno ahora. Pero tal como van las cosas y sobre todo cuando uno observa que al interior del propio Gobierno existen opiniones tan distintas como las que pueda tener el Partido Comunista u otros sectores, se ve complejo un avance durante este Gobierno.
Pero mi comentario respecto de no hacer cambios apurados es no hacer cualquier cosa, hagamos los cambios que haya que hacer y si tuviésemos acuerdos, hagámoslo ahora ya.
¿Qué tan complejo sería que no se hiciera una reforma?
Quienes cotizan regularmente en Chile están recibiendo pensiones absolutamente de acuerdo a los estándares que se le exigen a sistemas de pensiones en todo el mundo. El problema está en la gente que cotizando irregularmente mantiene expectativas de tener una pensión muy alta, entonces si no se hacen cambios, esas expectativas se van a ver cada vez más frustradas y las consecuencias de eso pueden ser muy complejas políticamente. Mientras más distancia se produzca entre lo que el sistema entregue y lo que la gente espera, más presiones se pueden acumular para malos cambios, que tengan como objeto apagar un incendio político y no asegurar una solución de largo plazo para el sistema de pensiones.
Tras las conclusiones de la Comisión Bravo, usted dijo que quienes habían preferido la opción B no eran expertos en el sistema de pensiones.
Uno frente a cualquier problema se acerca desde distintas sensibilidades, un economista lo hace desde una evaluación costo beneficio, un sociólogo desde cómo cambian las formas de vivir, y lo que creo es que ese voto se puede explicar porque gran parte de ellos venían a disciplinas que no son economistas y que tienden mucho más a valorar el grado de aceptación del sistema. Esa aproximación para tomar una decisión respecto del sistema previsional no es la que más se debe ponderar, un sistema previsional ocupa recursos de personas y tiene la obligación de ser eficiente, entonces la visión económica tiene que ser ponderada especialmente.
Usar como argumento para justificar una reforma radical el que la gente tenga una opinión negativa del sistema actual me parece de una equivocación absoluta. Un sociólogo probablemente le va a dar mucho tiempo a eso.
