La Presidenta Michelle Bachelet firmó esta mañana el proyecto que crea una nueva Constitución y que la Mandataria envía al Congreso a sólo cinco días de dejar La Moneda, lo cual ha generado críticas tanto en Chile Vamos como en sectores de la propia Nueva Mayoría, donde algunos lo han calificado como "un saludo a la bandera".
Durante la ceremonia, la gobernante destacó el proceso constituyente y los diálogos ciudadanos que se realizaron. En ese sentido, indicó que "no se trata partir de cero, Chile tiene una historia. Modifica la carta fundamental vigente pero mantiene muchas de sus disposiciones".
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La Mandataria, además, respondió a las críticas por el envío del proyecto a cinco días de terminar su gestión. "Yo lo he dicho, vamos a gobernar hasta el último día", recalcó.
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Cabe recordar que ayer a través de una cadena nacional, la Jefa de Estado indicó que esta iniciativa garantizará derechos sociales como vivienda, trabajo, y gratuidad en la educación, a huelga e igualdad salarial.
El texto, según indicó la Mandataria, modifica sustancialmente la constitución vigente pero mantiene las reformas de 1989 hacia adelante y muchas de las cuales provienen del texto de 1925.
Bachelet detalló que entre los cambios que trae el texto legislativo destaca una modificación en los mecanismos en los que el Tribunal Constitucional determine la inconstitucionalidad de una ley. "Se elimina el control preventivo que pueda requerir una minoría ante el TC y sólo se podrá controlar obligatoriamente ciertas leyes con un quórum de ocho de diez ministros del TC, y sólo cuando exista una gran mayoría de acuerdos por la inconstitucionalidad de una ley, ésta podrá ser controlada por dicho órgano", manifestó la Presidenta.
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La Mandataria resumió que la iniciativa "es una gran oportunidad de reencontrarnos, en torno a un texto moderno y ajustado a lo que aspiramos como país".
En ese sentido, llamó al Parlamento a tramitar en conciencia este proyecto. "El parlamento hará lo que corresponde, estoy segura que nuestro parlamentarios van a tener la sabiduría de coronar este proceso histórico con un debate elevado y respetuoso de la voluntad popular, y estoy segura que, a futuro, cuando recordemos cada paso de esta construcción colectiva, tendremos la satisfacción de haber estado en lo correcto", enfatizó.
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Los plazos
Si bien sólo faltan cinco días para que finalice su gobierno ya en diferentes ocasiones la Presidenta había insistido en que cumpliría con su última gran promesa de campaña, proponer una nueva Carta Magna. En el programa de Gobierno, la reforma constitucional sí estaba dentro de los tres pilares, junto a la educacional y tributaria.
"Nunca se dijo que se iba a tramitar, porque siempre dijimos y desde el primer discurso de la Presidenta, que era para que fuera tramitado en el nuevo Congreso elegido, a través del nuevo sistema electoral", dijo a PULSO hace un mes el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gabriel de la Fuente.
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De todas formas, la duda que queda es que si el proceso constituyente y sus resultados tendrán continuidad tanto en el nuevo Congreso como en la nueva administración de Piñera y si eso significa, que se avanzará sobre la iniciativa de Bachelet o se propondrá un proyecto desde cero. Sea como sea, esta última gran reforma de Bachelet, será uno de los primeros temas que Sebastián Piñera y su futuro ministro Gonzalo Blumel deberán manejar en Congreso, poniendo además a prueba su relación con la oposición.
El proyecto que reforma el capítulo XV de la Constitución, que fue firmado en abril por la Mandataria y en el cual se establecen los procedimientos necesarios para un cambio constitucional -a través de una convención constituyente- está paralizada en el Congreso y pasará al próximo gobierno sin las indicaciones que el Ejecutivo le comprometió a mediados de enero al oficialismo.
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Si bien el proyecto ya había sido aprobado en general, en diciembre aparecieron problemas con lo que se ha denominado como "el corazón de la reforma". Dicha parte radica en el mecanismo definido por el Gobierno para redactar la nueva Constitución y que consiste en una convención constitucional que debe ser aprobada por dos tercios de los diputados y senadores en ejercicio.
El proyecto, tal como estaba, dejaba en manos de una futura ley orgánica constitucional (LOC) la definición de quiénes van a conformar la convención, es decir, desde qué sectores surgirán sus integrantes.
Justamente esa parte fue la que, gracias a la abstención de los DC Ricardo Rincón y Fuad Chahín, se rechazó por cinco votos a favor y cinco en contra.