La demanda presentada esta semana por la estatal Empresa Portuaria de Valparaíso (EPV) ante el Tribunal de Libre Competencia (TDLC) contra el concesionado Terminal Pacifico Sur (TPS) manejado por Ultramar, es clara y enfática. En ella, se acusa a la empresa ligada a la familia Von Appen de atentar contra la libre competencia. Así, los acusa de conductas ilegales y abusivas, lo cual activó las alertas en el mundo naviero y puso la lupa sobre una batalla campal que sostienen desde hace meses los principales actores del mundo naviero.

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El recurso presentado por EPV empalmó con la entrevista concedida a PULSO por el empresario José Manuel Urenda, presidente de Agunsa, en la que detallaba su renuncia a la Cámara Marítima Portuaria (Camport) y deslizaba que Ultramar era responsable de la fuga de cruceros al Puerto de San Antonio. "Aquí se ha castigado a toda una comunidad en beneficio de una compañía", dijo Urenda.

Ello generó una batalla epistolar entre la Camport y Agunsa, destapando diferencias entre los Urenda y los Von Appen, en la que diversos asociados de la Camport dicen tomar palco.

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Ello porque la familia Von Appen, presente en la V Región a través de Inversiones Cosmos con 90,9% de la propiedad del TPS, tiene la concesión del Terminal 1, donde atracan los cruceros. Mientras que el Grupo Urenda, que salió del mundo de los contenedores tras la venta del departamento de carga de Interoceánica, focalizó su negocio en el Terminal de Pasajeros de Cruceros de Valparaíso (VTP), en el que invirtió más de US$8 millones, al adjudicarse en 2002 la licitación por 30 años.

Todo iba viento en popa para los Urenda. Hasta que comenzaron las manifestaciones del los empleados portuarios por el tema del desaforo de cargas limpias, afectando a pasajeros del crucero Norwegian Sun que debió desembarcar en lanchas a 1.700 pasajeros por no tener prioridad para usar los sitios 1, 2 y 3 del puerto para atracar. Aquello, fue antecedido por el bloqueo ocasionado por trabajadores portuarios al crucero Crown Princess, a comienzos de año.

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Así comenzó la fuga de cruceros hacia el Puerto de San Antonio, el cual entregaba a las naves turísticas mayores garantías para sus pasajeros, y dejaba desierto el Terminal de Pasajeros de los Urenda.

Esa pérdida de recaladas de cruceros en Valparaíso generó la acción judicial presentada por la EPV y de la cual el Grupo Urenda -a través de Agunsa-, estudia hacerse parte, según fuentes cercanas. De concretarse aquello, la batalla podría volverse campal.

En la demanda de la estatal no se hace mención a los conflictos con los trabajadores, sino se acusa a TPS de alzas injustificadas de las tarifas, así como de discriminación por impedirles la reserva de sitios, beneficiando por lo tanto al Puerto de San Antonio. La primera de las acusaciones responde al alza de 100% en las tarifas para los cruceros, desde los actuales US$30 a US$60 por pasajero a partir de la temporada 2020/2021. Según la estatal, este cobro no contaría con justificación y estaría desalineado con el resto del mercado. Respecto a lo segundo, cercanos a Ultramar comentan que existen explicaciones. "No es que prefiramos la carga, sino que no caben los dos", cuenta un entendido del tema. Los cruceros piden trabajar con dos años de anticipación para tener garantía de sitio y según cercanos al holding de los Von Appen, la compañía no está en condiciones de cumplir estas exigencias. Esto, ya que podría generarles conflictos con sus contenedores, precisa una fuente conocedora de la problemática. Además, aseguran que el grupo ofreció a los cruceros resolver ese tema por dos años, pero que estos decidieron optar por San Antonio.

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TPS, de Ultramar, es el concesionario más antiguo en Valparaíso y fue durante muchos años, el único operando. Sus pares cuentan que los Von Appen han realizado importantes inversiones en infraestructura, siendo indiscutible su aporte al incremento de la transferencia de carga en el puerto y la modernización del sistema. Pero también, reconocen que "su negocio es mejor sin cruceros".

Fuentes cercanas a la familia Von Appen cuentan que la demanda presentada por EPV y las críticas de Urenda a Ultramar, y contra el presidente de la Camport, Daniel Fernández fueron "injustas y desproporcionadas".

Cuentan que el problema de fondo es que Valparaíso se está quedando sin infraestructura. Así lo dijo también el gerente general de TPS Oliver Weinrich el día después de que se interpusiera la demanda ante el TDLC. "Esta acción trata de ocultar la falta de planificación de la EPV en materia de infraestructura para cruceros y la urgencia que debería darle a este último tema", acusó el ejecutivo.

¿La solución? En el corto plazo no hay una salida. Pero desde ambas veredas proponen habilitar o construir un muelle dedicado a los cruceros. Así al menos lo exponen tanto José Manuel Urenda como los Von Appen, quienes han propuesto que EPV habilite y licite el muelle Barón.