Boracay cerró hoy sus puertas al público durante seis meses por orden del presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, una polémica medida que busca sanear esta conocida isla paradisíaca al precio de decenas de miles de afectados y pérdidas millonarias.
Con un despliegue de más de 600 policías para evitar incidentes, el Gobierno vetó desde la medianoche el acceso a este enclave -que ocupa 1.032 hectáreas a unos 300 kilómetros al sur de Manila- a todo el que no sea residente o carezca de una autorización especial.
[ze_adv position="adv_300x100" ]
El objetivo es convertir la isla cada vez más masificada -el año pasado recibió a dos millones de turistas- en "segura, viva y sostenible desde el punto de vista ambiental", expuso el secretario de Medio Ambiente, Roy Cimatu, el anunciar oficialmente la clausura.
La proliferación de algas en el agua producto de los vertidos incontrolados, el habitual desborde de los sistemas de desagüe y la acumulación de basura llevaron en febrero a Duterte a calificar Boracay de "cloaca" y más tarde ordenar su cierre por seis meses.
[ze_adv position="adv_300x250-A" ]
La clausura ha estado envuelta en una fuerte polémica, ya que dejará sin ingresos a unas 36.000 personas, según estimaciones, además de conllevar cancelaciones masivas de vuelos y reservas hoteleras.
Al partir los barcos de regreso desde el único puerto operativo en el extremo sur de Boracay, quedaron vacíos los lugares antes repletos de turistas.
"La imagen de la playa esta mañana me recordó a cuando era niña, fue una sensación increíble", aseguró una joven, que prefiere mantener el anonimato.
Durante los próximos seis meses, el Gobierno pondrá en marcha una "solución de primeros auxilios" que incluye la renovación de los desagües, vertederos y calzadas, así como la demolición de "estructuras ilegales", según el secretario Cimatu.
Por su parte, Duterte, que había prometido un fondo de US$38 millones para asistir a los afectados, declaró hoy oficialmente el "estado de desastre" en los tres barangays (unidades administrativas) de Boracay para agilizar los procesos de saneamiento y ayudas.
[ze_adv position="adv_300x250-B" ]
Empresarios y trabajadores locales organizaron protestas las pasadas semanas para reclamar al Gobierno que modernice la isla por fases en lugar de optar por la vía radical que causará pérdidas por un valor estimado de 56.000 millones de pesos (US$ 1.077 millones).
Aunque la mayoría de afectados han optado por resignarse, un pequeño grupo elevó al Tribunal Supremo una petición para revertir la orden de clausura al considerarla ilícita.
"El presidente ha cerrado Boracay sin emitir orden ejecutiva o ley alguna", declaró la letrada Krissy Conti, de la Unión Nacional de Abogados del Pueblo (NUPL, por sus siglas en inglés), una organización progresista que ofrece asistencia legal a quienes han perdido sus fuentes de ingresos.
Conti acusó a Duterte, un político conocido por su carácter autoritario, de "hacer uso del poder ejecutivo de forma arbitraria, como de costumbre" y criticó duramente la "militarización" de la isla por el envío del contingente policial ante posibles incidentes, especialmente en la víspera del cierre.
[ze_adv position="adv_300x250-C-net" ]
La tarde de ayer, sin embargo, transcurrió de forma tranquila en la avenida marítima, donde los restaurantes a pie de playa despidieron por seis meses a sus clientes con una última ceremonia colectiva de fuegos y luces bajo el lema "Bye-bye Boracay".
