Un informe reciente del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) establece que entre 2010 y 2016, abarcando por tanto dos gobiernos, no se ha reducido sustantivamente la brecha de género en materia de ingresos. Esta persiste alrededor de un nivel levemente promedio por encima del 30%. Ahora bien, entre 2014 y 2016 se anota un deterioro.
El INE también entregó cifras desagregadas por variables secundarias, como lo son las sociodemográficas (región, nivel educacional y grupos de edad) y las ocupacionales (categoría en la ocupación, sectores económicos y grupo ocupacional). Si bien permiten identificar características de manera más precisa que un promedio a nivel agregado, sigue siendo una información bastante gruesa.
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Lo más desagregado que se puede obtener la información es el ingreso promedio por grupo ocupacional. Por ejemplo, muestra que la brecha de género según ingresos para el "Personal directivo y miembros del poder ejecutivo" es de un 40%, mientras que para trabajadores no calificados es de un 27,7%.
Claramente, esta subdivisión es insuficiente como para elaborar una política pública a partir de un diagnóstico adecuado. Si es que la sociedad muestra preocupación por el nivel de diferencia entre los sueldos de hombres y mujeres, se debe partir por medir de buena manera cuál es la real brecha de ingresos. Es decir, cuál es la distancia de salarios entre personas para un determinado cargo en industrias similares y en empresas de un tamaño comparable. Mezclar pymes con grandes compañías para un promedio nacional -incluso si se desagrega por segmentos- resulta en una cifra demasiado sucia como para sacar conclusiones acertadas, y menos para establecer políticas públicas.
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Por lo tanto, lamentablemente el informe del INE no entrega información lo suficientemente fina como para ser considerada. Sería relevante, entonces, que la autoridad considerase un mecanismo más específico para medir la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, para así diseñar una política pública mejor dirigida.
