Observadores europeos serán enviados a la frontera de Gibraltar, en un intento por calmar la disputa cada vez mayor entre Gran Bretaña y España sobre la península.
En el día en que los buques de guerra británicos entraron al territorio, el gobierno español y la Comisión Europea acordaron que una misión de la UE debiera ayudar a negociar un acuerdo entre ambos países.
Mariano Rajoy, presidente de España, habló con José Manuel Barroso, presidente de la comisión, ayer para acordar la iniciativa.
Rajoy le dijo a Barroso que los polémicos controles fronterizos de España fueron "proporcionados y no discriminatorios", argumentando que eran necesarios para "verificar que la actividad económica en Gibraltar no violara la ley europea en materia de lavado de dinero, contrabando e impuestos".
Los británicos, sin embargo, argumentan que los controles, que han causado atascos de hasta cuatro horas en la frontera de Gibraltar, van en contra de la legislación de la Unión Europea. La oficina del primer ministro dijo ayer que los funcionarios británicos ahora estaban reuniendo pruebas de la frontera, en preparación para una posible acción legal en los tribunales europeos.
Downing Street dijo: "estamos considerando activamente una acción legal. El primer paso sería que la comisión investigue el asunto. El primer ministro le dejó claro al presidente Barroso de que esto era algo que tenía que suceder con urgencia".
El gobierno dijo que estaba compilando su propia evidencia para apoyar el caso, pero admitió que podría tomar meses o incluso años.
Mientras tanto, las autoridades británicas esperan que la presión de la UE ayudará a persuadir a los españoles a dar marcha atrás.
Se les dio un impulso ayer cuando un portavoz de la Comisión Europea dijo que la idea sugerida por el ministro de Asuntos Exteriores español de imponer una tasa de 50 euros a las personas, o bienes que salgan de Gibraltar, sería ilegal.
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