A fines de enero, a menos de una semana de haber sido nombrado ministro de Hacienda del nuevo Gobierno de Sebastián Piñera, Felipe Larraín dio luces respecto de una de las principales prioridades que marcará su gestión como próxima autoridad económica: "Vamos a tener un proyecto (tributario) muy avanzado en marzo, que forma parte de lo que nos hemos comprometido a hacer".

En las declaraciones que esa vez el economista dio a La Tercera también ratificó el compromiso de bajar la tasa de impuesto de Primera Categoría que grava las utilidades de las empresas, con una gradualidad aún por definir, pero que llevará el tributo a un nivel cercano al 25% que se paga en los países OCDE. Aseguró, además, que el plazo para enviar el proyecto de simplificación del sistema será durante el primer año del próximo gobierno, aunque su fecha exacta la definirá el nuevo mandatario.

[ze_adv position="adv_300x100" ]

La prioridad que tiene la simplificación impositiva para la nueva administración que asumirá el próximo 11 de marzo, sin embargo, enfrentará una dura valla por delante: un Congreso más fraccionado, donde la oposición será mayoría y buscará defender el legado reformista del Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Como telón de fondo se añade que los "caciques" parlamentarios que serán el contrapeso del Ejecutivo en este debate no están de acuerdo con el corazón de la propuesta tributaria de Piñera y Larraín: la rebaja del impuesto a las empresas que hoy se sitúa en 27%.

[ze_adv position="adv_300x250-A" ]

"El 83% de las empresas están pagando una tasa de 25%, el resto recién va a pagar 27% este año. Si lo que se quiere es bajar los impuestos a las grandes empresas y a los sectores de mayores ingresos, va a ser difícil que cuente con el apoyo nuestro", dice el senador Carlos Montes (PS), hoy presidente de la Comisión de Hacienda y una de las cartas de la oposición para presidir la Cámara Alta durante la próxima administración.

En medio de la dura discusión que se viene, a Montes no se le olvidan los fuertes cuestionamientos que ha hecho Larraín a las reformas del saliente Gobierno. "Larraín ha planteado una posición muy descalificadora y poco respetuosa respecto de las reformas, una posición muy política y poco técnica. No sabemos todavía lo que van a plantear, habrá que esperar, pero no hay buenas señales", critica.

[ze_adv position="adv_300x250-B" ]

Otra de las contrapartes en la contienda que se viene, el ya histórico diputado de la Comisión de Hacienda Pablo Lorenzini (DC), tiene una postura más abierta al diálogo, aunque con una condición clara: que la "reforma a la reforma" no signifique una rebaja de tasas. "La reforma quedó complicada y hay que simplificarla. La simplificación va a impulsar más la inversión y va a aclarar algunas dudas, puede haber una rebaja de impuestos por un mejor procedimiento, pero no se puede bajar los impuestos en cuanto a su tasa, en eso yo nunca voy a estar de acuerdo", afirma.

[ze_adv position="adv_300x250-C-net" ]

Desde el próximo oficialismo, el diputado y expresidente de la UDI, Patricio Melero, pone paños fríos a las aprensiones de Montes y Lorenzini y hace un llamado al diálogo enfocado en reactivar el crecimiento. "Transcurrido ya más desde que entró en aplicación la Reforma Tributaria hay abundante evidencia de lo que ha estado funcionando bien y de lo que ha estado funcionando mal. Invitaría a un camino de evaluar lo ejecutado y disponernos a corregir aquellas materias que ayuden a agilizar el desarrollo y el crecimiento de la economía y la inversión. La invitación al diálogo con la oposición es en base a la evidencia empírica de la reforma que ellos aprobaron y estamos ya en una oportunidad de evaluar esos resultados y de llevar adelante los cambios que se necesitan. Este es un diálogo con fundamentos y evidencia y no sólo un diálogo en virtud de lo que se quiere hacer y de una visión ideológica", dice.

Respecto de la rebaja de la tasa de impuesto corporativo, Melero preciso que "eso es algo que tiene que irse evaluando de acuerdo al comportamiento de la economía, así está planteado por lo demás. No es una reducción a todo evento, sino que una baja en la medida de lo posible y como un motor de activación si el crecimiento logra suplir los ingresos tributarios que se necesitan, disminuyendo en algo la tasa que Chile tiene para adecuarnos al contexto de la OCDE".

Los cambios a la reforma tributaria vienen siendo trabajados desde marzo de 2017, cuando Piñera lanzó su candidatura. En ese tiempo, Larraín contactó a la abogada tributarista Carolina Fuensalida -quien corre con ventaja para asumir en el Servicio de Impuestos Internos- para evaluar ajustes al sistema.

Si bien las bases del proyecto de simplificación ya están casi definidas, ha trascendido que la decisión final sobre la gradualidad y la microeconomía de los ajustes se adoptará luego de conocer los resultados de la Operación Renta de este año.

La otra batalla

Otra de las correcciones que comprometió el nuevo Gobierno y que también contará con una dura resistencia, especialmente del sector más duro de la centroizquierda y del movimiento sindical, serán los ajustes a la Reforma Laboral.

Del programa de gobierno de Piñera en esa materia sobresalen la búsqueda de una fórmula jurídica para regular los grupos negociadores en línea con la setencia del Tribunal Constitucional (TC) que declaró inconstitucional el monopolio sindical, y la revisión de la controvertida figura de los servicios mínimos en caso de huelga.

Frente a esa discusión que también sucedería durante el primer año de gobierno, el diputado de la Comisión de Trabajo y ex presidente de la DC, Matías Walker, planteó sus condiciones. "Cualquier debate en relación a esa materia se tiene que hacer mediante un proyecto de ley, no vamos a aceptar a que por la vía administrativa se pretenda legislar al respecto. Esto tiene que ser materia de ley, dada la controversia que suscitó ante el Tribunal Constitucional. Sería una muy mala señal que el Gobierno quisiera resolver estas controversias mediante dictámenes de la Dirección del Trabajo", dice Walker, quien asoma como una de las principales contrapartes del Gobierno en el debate laboral en la Cámara Baja.